lunes, 21 de julio de 2014

SUPRA PODER, muy a favor del Poder Ejecutivo de la Ciudad, muy en contra de los derechos de los administrados

OBITER DICTUM
Sentencia del 30/6/2014 VIII.- ¿Constitucionalidad dual? Sorprende al tribunal la nueva impronta del Ministerio Público Fiscal, seguramente originada en el Dictamen 10886/2014 de su nuevo titular Dr. Martín Ocampo. Esa nueva impronta se ve reflejada no sólo en este expediente, sino en un importante conjunto de causas, la mayoría vinculadas con demandas por Derechos Sociales. Por cierto, la intervención de la Fiscalía debiera tener una célebre acogida, si no fuera porque manifiestamente viene a poner en tela de juicio la vigencia de los derechos de los más vulnerables y a asumir en forma desembozada la defensa de los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo hace con ahínco y por cierto con mayor calidad que la propia Procuración, pero con ello no logra disimular la disfuncionalidad de su proceder. La Fiscalía no duda en utilizar todos y cuantos recursos se encuentren disponibles: procesales, sustanciales, constitucionales, doctrinarios y por cierto nuevos “ofrecimientos probatorios” para cumplir con su distorsionada labor. Pone en jaque además, la tarea de otra rama fundamental del Ministerio Público, cual es la Defensa Pública, que, como en el presente ha actuado patrocinando a los actores, desconoce los argumentos que ésta ha arrimado al tribunal para dilucidar el caso y cuestiona abiertamente sus fundamentos. No existe para el planteo de la Fiscalía “unidad del Ministerio Público”. Así, el Ministerio Público Fiscal, llega a objetar la legitimación activa del Ministerio Público Tutelar… (sic) en varios expedientes y a criticar la lógica de los planteos defensistas. En cualquier estructura jurídicamente seria, esta postura constituiría base cierta para un proceso investigativo para los magistrados actuantes; pero en nuestra ciudad- no se sabe si por nuevas teorías jurídicas, que traen vientos de playas lejanas o por qué otra causa- adquiere cada día mayor envergadura en la gestión de la Fiscalía. De esta forma, la nueva impronta del Ministerio Público Fiscal hace suponer que existen dos legalidades para defender, dos órdenes públicos a sostener, dos constituciones a obedecer, dos modelos … y que “ellos” defienden lo que vale. Por cierto, también amenazan en varios expedientes con planteos de nulidad, apelaciones varias y elevan el tono de sus discursos, en franca actitud beligerante contra el Tribunal, adoptando una postura más propia de una “parte” molesta, que la de un representante del interés de la sociedad y de la legalidad. Confundir el interés general con el interés del Gobierno es un error más que grave. Asumir posturas contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales, de los cuales nuestro país es parte signataria y obligada, también lo es. El Ministerio Público Fiscal parece no haber asumido ambos extremos. Despilfarrar recursos propios (del Ministerio Público) y pretender que el Poder Judicial lo haga, con el propósito de obtener “pruebas” para negar derechos a los pobres, es una conducta jurídicamente equivocada y humanamente lamentable. Perseguir a un “sin techo” o a un “vendedor ambulante de baratijas”, en vez de ocuparse de los grandes evasores, de los corruptos, o de los funcionarios que no cumplen con sus deberes, desluce la labor fiscal y la degrada a un papel socialmente inútil. Con todo respeto ¿Por qué no utiliza el Ministerio Público su energía procesal para evaluar la efectividad de la recaudación tributaria sometida a proceso en este fuero? ¿Por qué no interviene de oficio como la ley le autoriza, para revertir el desorden imperante en materia habilitatoria en nuestra ciudad o la situación reinante en el régimen de concesiones y sub-concesiones, tal como se visibiliza en numerosas causas judiciales en trámite? ¿Por qué los ojos agudos del Ministerio Público Fiscal, sólo ven las sentencias que concretan derechos sociales con el único propósito de neutralizarlas? Una inversión de los “objetivos” sin duda redundaría en beneficio de toda la sociedad y satisfaría el interés general. Mucha literatura permitiría a los representantes del Ministerio Público Fiscal, revisar sus arcaicas posturas, constitucionalizar sus frases y opiniones y agudizar sus enfoques. Humildemente, sugiero comenzar por el artículo del prestigioso profesor Arístides Corti, publicado en diciembre de 2013 en la Revista Institucional de la Defensa Pública, (año 3, num. 5, Pag. 31) titulado: “El derecho a la vivienda, niños y la débil seguridad jurídica de los marginados” (fundamentalmente en lo relativo a las pruebas diabólicas) y por el documento “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium” del Papa Francisco, que dice “[…] 53. Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata. No puede ser, que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida, cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy, todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población, se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo, como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del « descarte » que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada, en su misma raíz, la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes». 54. En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo, mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua, en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma, si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades, nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera.” Descarto que la Fiscalía conoce el texto de la Constitución local –vigente- por ende, no reproduciré el texto de los artículos 17 y 18 del Título Segundo y tampoco el de los artículos 124 y 125 y sus diferencias con el artículo 134 del texto magno, a los cuales debiera ajustar sus actos. FDO. JUEZ GALLARDO.-

las palomitas blancas casi electrocutadas por las aulas de zinc de Macri

VISTO via FACEBOOK

Una visión en 1860 en LOS MISERABLES de VICTOR HUGO

"y se dijo a media voz: ¡vaya una farsa!. De pronto el coche fúnebre se detuvo; habían llegado a la verja y era necesario exibir el permiso de inhumación"... (Los Miserables, Victor Hugo, 1862.) Año 2013/2014: Macri quiere permisos para inhumar pero... los cuerpos... ¿no estan? Morgues: el macrismo volvió a recusar al juez (Fuente: Diario Tiempo Argentino) Una estrategia recurrente del Ejecutivo local. La causa investiga el faltante de más de 200 cuerpos en hospitales públicos. C. R. De nuevo, ante un expediente amenazante, el macrismo recurrió a su estrategia judicial preferida: recusar a un magistrado. Así, y por segunda vez consecutiva en una misma causa, la Procuración General de la Ciudad solicitó apartar al juez Andrés Gallardo de la investigación por el faltante de más de 200 cadáveres en las morgues de los hospitales públicos porteños. Se trata de una pesquisa en la que el titular del Juzgado Nº2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) puso al descubierto graves irregularidades y una situación de abandono estructural en los depósitos de cadáveres. Apelando a la recusación por los supuestos del "prejuzgamiento" y la "enemistad manifiesta", a principios de agosto de 2013 el PRO había logrado suspender a Gallardo y mantener congelada la causa por más de nueve meses, como relató Tiempo Argentino. Recién en junio pasado el expediente retornó a manos del juez, luego de que la Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero CAyT finalmente rechazara el pedido para que se le quitara el expediente. El tribunal tomó la misma decisión con respecto a un planteo de inconstitucionalidad hecho por el macrismo ante el fallo en favor de la continuidad de Gallardo. El magistrado había comenzado la investigación con una serie de allanamientos que alcanzó a los 22 hospitales que dependen del gobierno de la Ciudad y poseen depósitos de cadáveres. Sin embargo, a poco de comenzar, la primera recusación frenó la causa: de la enorme cantidad de documentación secuestrada –que suma 27 cajas– sólo pudo periciar la correspondiente a seis instituciones: los hospitales Durand, Ramos Mejía, Rivadavia, Muñiz, Piñeiro y Santojanni. Y cuando el juez recuperó el material, a principios de junio pasado –a once meses de empezada la pesquisa– tampoco llegó a trabajar sobre esas pruebas. El miércoles 2 de julio, los abogados de la Ciudad volvieron a pedir su apartamiento, reiterando en gran medida los mismos argumentos de su acción anterior. En el breve lapso en que el expediente estuvo en su poder, Gallardo, había solicitado y recibido del Consejo de la Magistratura una serie de elementos técnicos con el fin de facilitar nuevas inspecciones oculares a las morgues, para constatar su estado y el de los cuerpos, teniendo en cuenta el largo tiempo transcurrido y a pedido del asesor tutelar Jorge Luis Bullorini. Además, el juez había pedido al Ministerio de Salud local "copia certificada del sumario interno" abierto en esa cartera por los hechos denunciados, así como de las "actuaciones labradas con motivo de las auditorías" realizadas en los hospitales. El abogado de la Ciudad, Fernando Conti invocó "falta de imparcialidad" en Gallardo por medidas que, consideró, "en modo alguno colaboran con el avance y finalización del proceso", en referencia al reclamo del PRO para inhumar cadáveres que, en rigor, el propio Ejecutivo no sabe dónde se encuentran. Sobre las diferencias con el magistrado, Conti llegó a sostener que las actuaciones "perfectamente podrían caratularse a esta altura como 'Gallardo, Andrés c/GCBA'". Como consecuencia inmediata, hasta tanto la Cámara se expida, la causa recaló en el Juzgado Nº 7 del fuero, a cargo de Lidia Lago. En su informe ante el tribunal, Gallardo expresó que no comparte "ninguno de los extremos planteados por la requirente", a cuyos argumentos calificó de "oportunistas, improcedentes y carentes de sustento fáctico y jurídico". Agregó que "no es más que una reformulación" de lo presentado en agosto de 2013 y que todas esa causales invocadas ya antes fueron descartadas por la Sala III. En cuanto a los nuevos hechos invocados por el PRO, el funcionario judicial subrayó que no hay "nada" que permita inferir la falta de imparcialidad o la enemistad manifiesta. En un hecho conexo, semanas atrás, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad requirió al juez el incidente recusatorio, luego de que la Procuración porteña acudiera en queja por su anterior pedido de inconstitucionalidad. El dato es significativo, ya que el TSJ podría haber rechazado la petición in limine, por no haber sentencia definitiva. «

viernes, 13 de septiembre de 2013

Aristotélico, Justicia correctiva a funcionario que incumple.

Santilli fue castigado por incumplidor 13.09.2013 | fallo del juez gallardo contra el funcionario (Fuente: Tiempo Argentino) El magistrado dispuso que en los spots del candidato a senador del PRO se indique que no cumple medidas judiciales. Reacción. El funcionario, como titular del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, nunca construyó el camino de sirga que ocupa la empresa Costa Salguero sobre la ribera norte de la Ciudad, en el trayecto que va desde Retiro hasta el comienzo del Aeroparque Jorge Newbery. Según el Código Civil, el camino de sirga es la franja de 35 metros de dominio público que nace desde la ribera y que no puede ser utilizado ni ocupado por ningún privado. La disputa por este sector de la costa comenzó hace más de dos años, a partir de una denuncia presentada por el legislador con mandato cumplido Facundo Diffilippo y su colega Rocío Sánchez Andía, donde pidieron que "se ordene la liberación inmediata de los obstáculos existentes y fácilmente removibles en el camino adyacente al río, y se disponga una adecuada señalización que informe el libre y gratuito acceso, circulación y permanencia al contorno ribereño". El reclamo fue dirigido contra el gobierno porteño y contra la empresa Telemetrix SA, administradora del predio de Costa Salguero. Luego de dos años de litigio, Gallardo recordó en su resolución que Santilli "deliberadamente incumple con la decisión judicial dictada en autos hace más de dos años y confirmada por la Cámara de Apelaciones", y advirtió que "será candidato a senador por la Ciudad en las elecciones que se llevarán a cabo en octubre próximo. Y los ciudadanos tienen el derecho a saber de qué modo ejerce la función pública que actualmente detenta, y cuál es su actitud frente a las sentencias judiciales que simplemente le imponen el cumplimiento de la ley y la Constitución." Fuentes de la comuna aseguraron que presentarán una nueva apelación a la decisión de Gallardo…

miércoles, 14 de agosto de 2013

MACRI VIOLENTA LA JUSTICIA, UNA MUESTRA MAS DE SU IMPUNIDAD
14.08.2013

La Ciudad pidió apartar al magistrado Andrés Gallardo, que ayer presentó una acción penal contra el alcalde porteño por obstaculizar su tarea

Macri recusó al juez que investiga un faltante de 200 cadáveres en morgues

La cifra se desprende de los registros de seis hospitales públicos de la Capital, que desde 2008 ingresaron cuerpos que no fueron egresados y tampoco están en los depósitos. "Se favorece la impunidad", afirmó el funcionario judicial.

Por:

Carlos Romero (TIEMPO ARGENTINO)

En las morgues de seis hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires la justicia no pudo hallar más de 200 cuerpos, entre adultos y menores, la mayoría de ellos, bebés. La cifra, cruda, actualiza la información dada a conocer por Tiempo Argentino la semana pasada, y de nuevo se desprende de los propios registros de esos centros de salud, que ingresaron cadáveres que se supone nadie retiró y sin embargo no se encuentran en las cámaras de frío.

Así lo informó el juez porteño Andrés Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia N°2, que hasta ayer tuvo a su cargo el expediente. Ocurre que el gobierno de Mauricio Macri, en lo que fue su primera decisión política luego de las PASO, recusó a Gallardo, apartándolo de una causa de alto riesgo para el PRO, y con argumento de tono político (ver aparte). El magistrado había sacado a la luz el estado de abandono y el descontrol administrativo de las morgues inspeccionadas. Un cuadro que traducido en figuras delictivas iba desde falsedad de partidas de defunción y supresión de identidad hasta desaparición de cadáveres y estafa procesal.

Frente a la avanzada del macrismo, el juez difundió ayer un duro comunicado, donde además de precisar los hechos que venía investigando, anunció la acción penal que inició contra el alcalde porteño y varios de sus funcionarios, a los que acusó de obstruir su tarea.

La recusación –interpuesta el lunes– supone el inmediato desplazamiento de Gallardo del expediente, hasta tanto la Cámara de Apelaciones resuelva el pedido del PRO. De hecho, ayer mismo no se pudieron concretar las audiencias dispuestas con cuatro directores de hospitales, citados para dar explicaciones.

"Esta recusación deducida por el gobierno, a través de la Procuración General y con eventual directiva política del jefe de gobierno, no sólo obstruye en forma deliberada la actuación de la justicia, sino que favorece indirectamente el encubrimiento y la impunidad", afirmó Gallardo, que con estos argumentos denunció ante la justicia nacional en lo Criminal a Macri; a la ministra de Salud, Graciela Reybaud; al procurador Marcelo Conte Grand y a los directores de los Hospitales Durand, Ramos Mejía, Rivadavia, Muñiz, Piñeiro y Santojanni, así como a funcionarios de menor rango. Además, se notificó a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuración General de la Nación.

Para el magistrado, es "sorprendente e institucionalmente grave" que la Ciudad, "frente al cúmulo de irregularidades detectadas, en vez de ponerse a disposición de la justicia para esclarecer los casos, opte por recusar al juez actuante, obstruyendo la misión judicial".

La larga lista de irregularidades comenzó a cruzar las paredes de las morgues el pasado 2 de agosto, con una serie de operativos que se prolongaron hasta el lunes siguiente. En ese lapso, se allanaron los 22 hospitales porteños que cuentan con depósitos de cuerpos, además de la Procuración General porteña y la Dirección de Cementerios. Hasta el momento de ser apartado del expediente, el Juzgado Nº 2 había podido procesar la información –documentos y las pericias hechas por la División Científica de la Policía Federal– de los seis centros de salud antes mencionados, con resultados impactantes. En su comunicado, Gallardo detalló que, “en los mismos, desde el año 2008 a la fecha supuestos cadáveres ingresados no acreditan su egreso”. Se refirió a 30 adultos y 11 bebés en el hospital Ramos Mejía; 20 adultos y 73 bebés en Rivadavia; 3 adultos y 1 bebé en el Durand; 1 adulto en el Muñiz; 16 adultos y 24 bebés en el Piñeiro; y 7 adultos y 30 bebés en el Santojanni. En total son 216 casos: 77 adultos y 139 menores. Las hipótesis para explicar este diagnóstico arrancan en errores de registro, alarmantes de por sí, hasta situaciones muchísimo más delicadas. “La intempestiva decisión recusatoria impide poder evaluar la situación del resto de los nosocomios en análisis”, señaló el funcionario judicial, en referencia a los otros 16 centros de salud allanados.

Como informó Tiempo en su edición del 6 de agosto, el magistrado también recordó que “numerosos cuerpos obran en las morgues sin identificación alguna” y que en un depósito “dos bebes tienen el mismo nombre” (un caso del Ramos Mejía). Por eso, al posible caso de supresión de identidad y “destinación ilegal de cadáveres”, incorporó “la alta probabilidad de que personas buscadas se encuentren muertas y almacenadas en depósitos sin que nadie haga nada al respecto”. En ese sentido, lamentó que el PRO, “lejos de iniciar sumarios administrativos y separar preventivamente a los funcionarios involucrados, arremete contra el Poder Judicial y sostiene la impunidad”.

Todo lo actuado se desencadenó por el pedido del propio macrismo –a través de la Procuración– para autorizar la inhumación de 17 cadáveres, incluidos 8 "NN", que permanecían en morgues ya agotados los plazos para proceder al entierro. Las solicitudes, que despertaron sospechas en Gallardo, ingresaron a su juzgado durante la licencia que tomó para ejercer como defensor General Adjunto de la Ciudad.

En esos 11 expedientes las anomalías eran tantas que incluso cuatro de los cadáveres mencionados no estaban en las morgues. “Que la máxima autoridad legal del estado local, promueva en el Poder Judicial acciones propiciando la sepultura de personas inexistentes o convalidando certificados de defunción confeccionados dos o tres años con posterioridad a los eventuales fallecimientos, es de una gravedad escandalosa”, concluyó el juez. «



Cuestionado por apoyar la reforma judicial

Entre los argumentos planteados por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para pedir la recusación del juez Andrés Gallardo, bajo la figura del "prejuzgamiento" el macrismo se explayó sobre las ideas políticas del magistrado y un posicionamiento favorable a la modificación del Poder Judicial en línea con la propuesta del gobierno de la Nación.

Francisco Siffredi, letrado apoderado del Ejecutivo porteño que presentó la recusación, se refirió a la "sintonía (de Gallardo) con la postura del gobierno nacional respecto de la necesidad de una reforma judicial".

También citó profusamente fragmentos de la carta donde el titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 le explicó al defensor general Mario Kestelboim su decisión de renunciar al cargo como defensor general adjunto.

En esa oportunidad, el magistrado sostuvo que retornó a su juzgado motivado por "asumir de forma plena el puesto de lucha que se abre en la actual confrontación de los modelos de justicia en el país". Siffredi consideró que de esa forma Gallardo demostró una "intencionalidad elocuente".

En esa misma tesitura, el abogado recordó que para el magistrado, según sus palabras, "la batalla por una justicia comprometida con los intereses nacionales y populares se da con mayor profundidad en los tribunales".

Según la Procuración, con este y otros párrafos "la clara enemistad (del juez) se hace patente (...) y es así que, en el particular, se lo recusa".

domingo, 16 de junio de 2013

Al Juez Gallardo le robaron la Secretaria Villera

Hágase saber, al pueblo de las villas ésta corrupta justicia nos va dejar en la ruina!
El juez Gallardo retomó la gestión al frente del Juzgado en abril de este año, después de su licencia y su paso por la Defensoría del Pueblo. Pero, de vuelta a su cargo se encontró con que la secretaria ad-hoc que él creó para la mejor atención de los problemas de las villas de la Ciudad, impulsado por el apoyo de la Vicaria de Villas y el propio Papa Francisco en tiempos de gran ausencia estatal, al día de la fecha ésta secretaría Villera, dependiente del Juzgado Nº 2 a cargo del Dr. Gallardo se encuentra en poder de la Jueza Liberatori (otro Juzgado), no sabemos si se lo quedó intencionalmente con una secretaría que no es suya o si se olvidó de entregar al juzgado del Dr. Gallardo... con la triste consecuencia de que los casos allí planteados se han "congelado" en detrimento de las demandas que hay en las villas.

Juez Gallardo, nuestro héroe justiciero
El Dr. Gallardo, con su inestimable presencia en las villas ha marcado así como los curas villeros y el Papa Francisco, su lucha por la igualdad en el acceso a los derechos, desde su Teoría del Estado participativo,  donde es posible concretar la "justicia básica" sustentado en la dignidad de sus habitantes, a través de los mecanismos constitucionales de efectividad... está parado en la misma vereda que transitamos las organizaciones de los barrios que todos los días paliamos las necesidades de la gente, nuestros sacerdotes patriotas quienes han demostrado con hechos su opción por la justicia social básica; hoy manifestamos una vez más  nuestra repugnancia a ésta justicia corrupta.
Hemos de ratificar entonces, nuestra batalla  contra la exclusión, desarrollando una guerra frontal contra la pobreza y construyendo permanentemente espacios de justicia y equidad.

miércoles, 23 de mayo de 2012

Seguristas, no. Seguridad Jurídica Sustancial, sí.

¿Qué seguridad jurídica?

Roberto Andrés Gallardo es defensor general adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Antes, por diez años, ejerció como juez porteño de primera instancia en el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, cargo que aún conserva pero en uso de licencia.

También es profesor adjunto de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El texto que se reproduce a continuación es un extracto de la ponencia que Gallardo escribió –por pedido del defensor general porteño, Mario Kestelboim– para ser presentada en el Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica, que iba a realizarse en mayo próximo en Girona, España, pero que resultó inesperadamente suspendido por los organizadores.


¿QUÉ SEGURIDAD JURÍDICA?

1. Resulta muy difícil poder concebir un ordenamiento jurídico en donde la “seguridad” se encuentre ausente. Todo sistema de regulación social implica una certeza en cuanto al efecto que producen determinados eventos. Los delitos  son castigados con determinadas sanciones. Los contratos tienen efectos en el tiempo y éstos cesan al expirar los plazos establecidos. Miles de relaciones causales se entrecruzan en el laberinto del derecho y nadie podría imaginar un escenario jurídico en donde el resultado de una ecuación fáctica dada resulte una sorpresa.
Siendo así, es válido preguntarse por qué algunos políticos, académicos y/o periodistas, a los que llamaremos en lo sucesivo “seguristas”, hacen tanto hincapié en la dichosa “seguridad jurídica”.
2. Pese a tener algunas reservas, podemos aceptar como buena para comenzar el análisis la noción del concepto que nos propone la Real Academia Española: seguridad jurídica es la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación.
Ahora bien, ratificando lo dicho al comienzo resultaría entonces inconcebible un sistema jurídico cuyas normas fueran inciertas y sus aplicaciones impredecibles. Un escenario con esas características nos hablaría de una sociedad anómica en donde el uso de la fuerza prime por sobre cualquier regla. Será en ese caso el “más fuerte” el que podrá decidir la suerte de cualquier controversia.

3. No creemos que quienes nos convocan a reflexionar recurrentemente sobre la “seguridad jurídica”, lo hagan pensando en ese dantesco escenario. En realidad, su preocupación, para ser más exactos, es por lo que podríamos denominar la “inmutabilidad de las condiciones jurídicas”, cosa muy diferente a la del título que proponen,  ya que la seguridad no es sinónimo de inmutabilidad o statu quo.
Nótese que la mutación de los sistemas jurídicos como consecuencia de una previa modificación de las condiciones estructurales, no implica sino la sustitución de un conjunto de certezas normativas y sus respectivas pautas de aplicación (certeza normativa y aplicación previsible) por otras de diferentes características. Es decir que si sacásemos dos fotografías, verbigracia, una antes y otra después de emprendido el cambio normativo, encontraríamos en cada una de ellas expresiones contundentes de seguridad jurídica y no podríamos predicar válidamente inseguridad en ninguno de los cuadros en estudio.
Es claro, pues, que la preocupación de los “seguristas” es que no existan mutaciones en el tiempo de aquellas condiciones jurídicas a las cuales se sometió algún tipo especial de relación económica o política.

4. Como veremos, los “seguristas” no parecen preocuparse por el respeto dado a las pautas de producción normativa que hacen a la llamada validez formal de las leyes, sino básicamente de su inmutabilidad sustancial o de contenido.
Simplificando, aún respetándose las formas que pudieran regir en un Estado para sancionar leyes, si éstas, por su contenido, implican la modificación de alguna condición de  “su” especial interés,  para los “seguristas”, entonces, de igual forma, se tratará de una peligrosa “inseguridad jurídica”.
Aún siendo las nuevas reglas producto del mandato popular en términos de la democracia representativa o bien de iniciativas populares enroladas en los mecanismos de participación democrática semi directa, si su contenido modifica algún aspecto “sensible” del sistema normativo que les afecte, entonces también aquí hablarán de “inseguridad jurídica”.
¿Implica esto que los sistemas jurídicos deben ser inmutables? ¿Quién define la viabilidad del cambio normativo? Si los mecanismos formales de producción normativa no pueden validar la mutación, ¿cuál es entonces el mecanismo apto para tal fin?  ¿Puede primar la voluntad del mercado por sobre la soberanía popular? ¿Es la seguridad jurídica un fin en si mismo? ¿Puede la seguridad jurídica sostener valoraciones diferentes a las reconocidas por las Constituciones y los Tratados? En el caso argentino, ¿pueden las condiciones convencionales del inc. 24 sobreponerse a las del inc. 22, en el art. 75 de la Constitución Nacional?
Todos estos interrogantes serán abordados seguidamente con el objeto de contrastar el blanco y negro el tema y simplificar su análisis, a fin de develar los verdaderos objetivos  de tanta declamación crítica.

5. Los sistemas jurídicos son la resultante supraestructural de una dinámica basal previa y subyacente. La realidad determina a las normas. Esa realidad en su compleja dimensión es económica, política y jurídica. Por cierto, la realidad a la que nos referimos es esencialmente dinámica. Se modifica en el tiempo con mayor o menor velocidad en razón de componentes históricos específicos. El derecho, como expresión de esa relación de poder subyacente, encuentra la forma de mutar para servirle. No es válida la expresión normativa que contradiga a la realidad. Ese derecho no-real será entonces declamativo, entrará en desuso o, sencillamente, resultará incapaz de regular las conductas sociales, porque éstas contienen en sus praxis paradigmas antagónicos que lo tornan inaplicable.
Los cambios normativos, las mutaciones del sistema jurídico, serán tanto más radicales cuanto más bruscos hayan sido los cambios sociales previos. Las revoluciones, como rupturas abiertas de un sistema económico-político, motivan siempre poderosas mutaciones normativas que parten generalmente de nuevas constituciones o estatutos y se extienden hacia toda la dimensión jurídica.
6. Pero sin ir tan lejos, las transformaciones no revolucionarias, es decir, dentro del propio sistema, existen en una sociedad democrática participativa y tienen sus efectos concretos en el sistema jurídico.
A modo de ejemplo, en la Argentina fueron muchos los cambios económicos, políticos y sociales operados luego de la restauración democrática de 1983, habiendo transcurrido previamente siete años de sangrienta dictadura. Períodos de economía semi-controlada, otros de neoliberalismo ortodoxo, luego y hasta la fecha una versión aggiornada del modelo benefactor intervencionista. La sociedad argentina ha sufrido con crudeza los efectos de las crisis económicas mundiales y ha buscado, a través de la lucha popular y de la conciencia nacional de su pueblo, la mejor forma de responder a esas coyunturas críticas, de cuya génesis es muchas veces ajena.
Estos cambios estructurales, en muchos casos, fueron causados y/o fomentados por sectores claramente involucrados con la concentración económica global. Sin ir mas lejos, hasta el año 2003 la Argentina fue sistemáticamente “monitoreada, auditada, fiscalizada y gerenciada” por organismos tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las ortodoxias de ambos entes sugirieron, presionaron y, en algunos casos, obligaron a la adopción de determinadas decisiones políticas y económicas que impactaron de lleno en las relaciones de mercado.

7. No admitiendo entonces duda alguna sobre el hecho del cambio estructural permanente y de su correlato jurídico, es interesante hacer notar en qué momentos de los cambios acaecidos en la Argentina los “seguristas” han actuado con vehemencia.
A modo sólo de ejemplo pondremos bajo la lupa dos periodos: el de ascenso del menemismo, con su proclama neoliberal al poder (década del 90), y el de ascenso del kirchnerismo, con su propuesta de Estado económicamente activo (de la década siguiente).
8. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia argentina reciente haremos un brevísimo cuadro de situación. En el primer caso, luego de casi seis años de gobierno radical del presidente Raúl Ricardo Alfonsín, las variables del mercado fueron violentamente sacudidas por la intervención de operadores económicos extranjeros y locales asociados, provocando la estampida hiperinflacionaria y la caída política del gobierno.  La condición estaba creada. El pueblo sumido en el pánico y la psicosis del descalabro económico total,  estaba “listo” para ser “seducido” con las fórmulas de la salvación. Estas fórmulas implicaron la brusca “reforma” del estado, que en realidad fue su desguace y la venta perdidosa y ruin de sus estructuras productivas y de servicios. Se mal vendieron y concesionaron rutas, suelos, recursos naturales, aire, empresas, servicios públicos y todo cuanto tuviere una connotación económica de potencial rentabilidad.
Esa profunda mutación de las condiciones económicas y políticas implicó la supresión de numerosos derechos de trabajadores y de grupos sociales. La eliminación de regímenes previsionales. La destrucción del sistema solidario de obras sociales. El quiebre de miles de pequeñas y medianas unidades productivas, motivo del brusco cambio en las condiciones de intercambio. Y así variadas y numerosas restricciones y/o eliminaciones de derechos y garantías convencionales, constitucionales e infra constitucionales. La alteración de las condiciones jurídicas de este período, que sobradamente son las más profundas y lesivas de las que se pueda tener memoria, no mereció por parte de los “seguristas” ningún reparo. Más bien, todo lo contrario.

9. Pero veamos ahora qué aconteció en el otro período en análisis. Luego de la década neoliberal,  el país, como era de suponerse, vaciado en sus estructuras económicas, empobrecido hasta el nivel más indigno, transferidas todas sus riquezas, desarticuladas sus instituciones y sus organizaciones, avanzó rápidamente hacia la convulsión. La corta experiencia del gobierno frepasista, encabezado por Fernando de la Rúa, no pudo ni supo (no es claro si quiso) cambiar las condiciones negativas que con tanto empeño había establecido su antecesor y sucumbió frente al caos social desatado.
La revuelta popular de 2001 es producto directo de la actividad desplegada previamente por los grupos de la economía concentrada, guiados por las proclamas de las administraciones norteamericanas y británicas y tutelados por los organismos internacionales de “asistencia financiera”. Los muertos de diciembre de 2001 se contaron por decenas y los desocupados por millones. El pueblo argentino no toleraba más el modelo de dominación económica y, en medio de la crisis desatada, la propuesta del naciente kirchnerismo apareció como aceptable y, por sobre todo, posible.
Por cierto, al alcanzar el poder el presidente Néstor Kirchner debía poner fin a situaciones y relaciones económicas que impedían cualquier abordaje serio de la crisis integral en la que el país estaba sumido. Así, se pergeñaron, entre otros, planes específicos sobre el sector laboral, sobre el sistema previsional, sobre los sectores agrarios concentrados y sobre los sistemas conglomerados de comunicación social. Contrariamente a lo acontecido con los cambios jurídicos producidos en la década del ‘90, en este caso los “seguristas” rápidamente organizaron sus formas de reclamo y denunciaron reiterada y sistemáticamente la inexistencia de “seguridad jurídica”,  la carencia de “reglas” y la necesidad de revertir los pasos dados por el gobierno nacional.

10. Para agravar aún más lo que se deduce del análisis histórico, en el primer caso la forma de emisión normativa utilizada, así como el modelo de control judicial existente, son palmariamente objetables. El menemismo gobernó en términos sustantivos a través de decretos de necesidad y urgencia y configuró a su antojo una Corte Suprema de Justicia adicta, cuya mayoría automática era el hazmerreír de cualquier charla foral.
¿Por qué los “seguristas” no denunciaron las prácticas del gobierno de Menem? ¿Por qué no se cuestionaron las formas inconstitucionales de ejercicio del poder? ¿Acaso la seguridad jurídica es patrimonio de algunos pocos en detrimento de otros muchos?

11. El sistema normativo argentino prevé la modificación total o parcial de la Constitución Nacional. Así lo reza expresamente el art. 30 del texto magno. No obstante la claridad de su redacción, existieron y existen sectores de la doctrina que hablan de las llamadas “cláusulas pétreas”, es decir, áreas o aspectos de la Constitución que, según su entender, no pueden ser modificados por resultar esenciales al Estado argentino.
Las “cláusulas pétreas” tienen la misma lógica y la misma inteligencia que el reclamo de los “seguristas”. No preocupa que el cambio propiciado respete las formas establecidas para su producción, sino que preocupa el cambio per se.
Obviamente, los doctrinarios que proclaman la existencia de las cláusulas pétreas se refieren, concretamente, a la supervivencia sine die de un orden político determinado y al statu quo en materia de dominación económica.
La Constitución Nacional sabiamente ha previsto la factibilidad de la generación de un nuevo orden político y económico, sin que ello implique la ruptura institucional. Los canales constitucionales pueden resultar aptos para viabilizar un cambio pacífico en la estructura basal de la sociedad. Negarlos u obstruirlos no es sino una invitación a la solución violenta del conflicto.
En el discurso de los “seguristas” la invitación es la misma. Al negarse la eficacia del mandato político popular y propiciarse la eliminación de toda norma que altere las “condiciones previas” so pretexto de la “seguridad de los inversores”, lo que resulta es un vaciamiento profundo de la práctica democrática y la instalación social de la creencia concreta de que el gobierno no es del pueblo a través de sus representantes, sino de los poderosos grupos económicos a través de la “voz de los mercados”.

12. Podría el discurso de los “seguristas” legitimarse si la preocupación fuera motivada por prácticas arbitrarias o ilegales del poder público, pero cuando se trata de desconocer normas que emanan de la voluntad popular y con respeto por las formas constitucionalmente prescriptas, el discurso “segurista” desnuda su desprecio por la democracia y expone su verdadera vocación corporativa.
Además, asumiendo las más variadas formas, sujetos emisores y oportunidades políticas, el mensaje “segurista” siempre gira en torno de la propiedad privada de algún grupo económico. No hay pretensión de “seguridad jurídica” entre los que padecen situaciones de vulnerabilidad social, discriminación o persecución política. Mientras éstos hablan a las claras de los derechos que pretenden concretar como los Derechos Humanos más elementales, los que claman desde el “segurismo” sólo promueven el sostenimiento de sus especiales y ventajosas condiciones de existencia, que configuran generalmente la contracara necesaria de la exclusión social.
Por cierto, los “seguristas”, como cualquier grupo de presión, nunca exponen el verdadero interés sectorial que gobierna sus actos. Siempre es el “interés general”, el “bienestar de la sociedad”, el “crecimiento del país”, la “sana economía” y numerosas otras modalidades las que asume el mensaje encriptado. Nótese muy especialmente que tanto los movimientos sojeros (el “campo argentino”), cuanto los grupos multimediáticos (la “libertad de expresión”) y los sectores industriales de capital extranjero, han actuado en la Argentina en los últimos años reclamando en forma vehemente “seguridad jurídica” bajo coberturas de interés general.

13. Entonces, ¿quién define la viabilidad del cambio normativo?
Si se acepta la inexorable mutación de las condiciones estructurales de las sociedades y la concomitante mutación del sistema jurídico, la pregunta es entonces cómo se concreta esa mutación y quiénes están legitimados para producir el cambio normativo.
No es el objeto de este trabajo desarrollar todas y cada una de las formas según las cuáles una sociedad muta en sus estructuras económico-políticas. Sólo  nos referiremos a la forma predominante en Sudamérica en el presente.
Los pueblos de la región, habiendo transcurrido en su gran mayoría las experiencias dictatoriales genocidas de las décadas del ‘70 y ‘80 y los proyectos neoliberales de los ‘90, han asumido en tiempo presente la democracia como fórmula práctica de cambio social. Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, entre otros, han consolidado sus respectivos mecanismos institucionales para viabilizar, cada uno con su identidad y plazo, un proyecto nacional, popular y dignificante  del hombre. En este contexto se ha privilegiado y se privilegia la voluntad popular expresada a través de los órganos políticos de gobierno. El pueblo es el sujeto legitimado para construir y modificar el sistema jurídico que cada Estado requiere para concretar la dignidad de sus habitantes. Por cierto, la dinámica democrática no es una aplicación matemática de fórmulas sino el producto de un debate permanente, de la puja entre fuerzas e intereses contradictorios y cuya resultante o síntesis es, por esencia, de carácter inestable. La mayor o menor perdurabilidad de las síntesis democráticas es consecuencia necesaria de la madurez de los consensos asumidos y del compromiso social logrado.

14. La generación de agentes externos de control que bajo diversas formas actúan sancionando a los Estados que modifican autónomamente sus sistemas jurídicos, es una metodología que utilizan los países centrales y sus poderosas corporaciones transnacionales para sostener sus intereses en la región. Normas convencionales, tribunales supranacionales y sanciones internacionales, son las formas de que se valen para impedir que los países periféricos de la región sudamericana generen políticas de autodeterminación económica.
Los “seguristas” acuden a la falsa academia, a sectores afines del Poder Judicial, a los medios de prensa adictos y a los formadores de opinión, para instalar y reproducir, con vocación de seriedad, un discurso que tiene como único y egoísta interés el sustento de sus beneficios sectoriales.
Desde estas usinas se proclama que las condiciones de contratación del Estado, las concesiones otorgadas, los beneficios concedidos, las jurisdicciones prorrogadas, los acuerdos suscriptos y todas las obligaciones asumidas por el Estado en oportunidad de los regímenes dictatoriales y/o  neoliberales, deben ser respetados a rajatabla para así defender y sostener la “seguridad jurídica”.
En castellano antiguo es: “Déjennos seguir ganando fortunas, a expensas del empobrecimiento general y merced a escandalosas formas de entrega. Para ello, dejad vivas todas y cada una de las normas que lo permiten y no mutéis nada que pueda afectarnos”.

15. Tal vez lo mas grave es lo lejos que han llegado los “seguristas”. Se trata ahora, en pleno proceso de globalización, de utilizar no solamente los foros internacionales y los organismos multilaterales, sino también los recursos militares hegemónicos, para garantizar el sostenimiento de los intereses económicos de la centralidad mundial.
En esa lógica la trama intenta disciplinar a los Estados y a sus gobiernos, en tanto afecten los intereses extranjeros mediante la modificación de los órdenes jurídicos específicos.
El mensaje simplificado de los “seguristas” es: La voluntad popular en los países periféricos tiene como límite  nuestro interés económico. Si éste se afecta, se afecta nuestra seguridad, es decir, “la seguridad”, y luego todos los recursos disponibles son válidos para propiciar su restauración.
El mensaje de los “seguristas” forja la matriz de las democracias adjetivas que se reducen a la reiteración en el tiempo de procesos de selección de representantes, pero resultan incapaces de acompañar institucionalmente un proceso de cambio social. Esas democracias adjetivas, a su vez, promueven la violencia social y contribuyen a la desintegración y fragmentación de los conglomerados humanos nacionales, en tanto no pueden dar respuesta a la histórica demanda social de dignidad.

16. Cuando se conforma un Estado, la voluntad política constitutiva se consolida normativamente en un texto constitucional o estatuto, en el que, con mayor o menor grado de detalle, se establecen los objetivos políticos del mismo, los derechos que se consagran y las garantías que se brindan.
De la lectura de esos objetivos, derechos y garantías, puede colegirse con certeza cuáles son los bienes jurídicamente tutelados, esto es, la axiología constitucional.
Esos bienes constituyen un bloque único e indisoluble que sólo admite interpretaciones integrativas pero no exclusiones ni mutilaciones. Así como los Derechos Humanos constituyen un bloque que no admite graduación o privilegio, el núcleo constitucional del Estado debe ser aplicado conciliando las eventuales contradicciones y propendiendo al respeto de los valores jurídicamente protegidos.
En ese orden de ideas la “seguridad jurídica” admisible es aquella que promueve la concreción de dos aspectos: el primero sustancial, vinculado al respeto integral del núcleo constitucional y de la normatividad derivada; el segundo, formal, abordando el acabado cumplimiento de los procesos institucionales de génesis normativa.

17. Como hemos visto, los “seguristas” efectúan una lectura sesgada de la “seguridad jurídica”. Realizan cortes transversales de la escala axiológica y pretenden la inmutabilidad normativa para aquellos temas que afectan sus particulares intereses.
La “seguridad jurídica” bien entendida se afecta cuando la legislación derivada del núcleo constitucional contraría los objetivos, los derechos o las garantías del pueblo del Estado. Esto es lo que debería inquietar a los “seguristas”. No puede sorprenderles el hecho de que, respetando el procedimiento constitucional, se modifiquen aquellas normas que contrarían derechos o garantías basales.
Por ejemplo, si un gobierno concesionó mediante una forma irregular o perdidosa un servicio público y esa concesión lesiona derechos de los habitantes del Estado, es esa concesión ruinosa la que afecta la seguridad jurídica y no su revocación o anulación posterior. La anulación es una consecuencia necesaria de la aplicación regular de los principios constitucionales que privilegian la vida, la salud y la dignidad de los habitantes del Estado. Los “seguristas” levantan su voz cuando la norma reparatoria invalida actos previos viciados por su forma irregular o por la afectación que provocan a los intereses sociales o a los Derechos Humanos de los habitantes.

18. Obviamente, al momento de contratar, los “inversores” conocían a ciencia cierta los términos de la misma y los efectos que acarrearían. Ahora pregonan la necesidad de la estabilidad normativa para justificar la continuidad de sus negocios. Si bien existen principios como el de la continuidad del Estado y el de la estabilidad de los actos de gobierno, ninguno de esos principios puede afectar el núcleo constitucional de derechos y garantías, ni menoscabar al plexo normativo derivado de los tratados internacionales de Derechos Humanos, que en la Argentina gozan de jerarquía constitucional (ver art. 75 inc. 22).
Los planteos de los “seguristas”, conforme el cuadro descripto, son ciertamente absurdos. La misma lógica podría utilizar un laboratorio de productos medicinales, titular de una patente anulada en razón del daño a la salud que produce el medicamento en cuestión. ¿Podría ser admisible un planteo de seguridad jurídica cuando se ha demostrado el daño que produce? ¿Acaso no ha ocurrido ya en los países centrales, que con temas como el del ejemplo o tantos otros han dejado sin efecto actos previos o normas generales, sin que ello haya dado pie para planteo alguno de “inseguridad jurídica”?
Cuando un inversor privado contrata con el Estado debe necesariamente conocer cuál es el núcleo constitucional que rige el destino institucional de ese Estado. Si la esencia de su vinculación comercial vulnera derechos, garantías u objetivos del Estado no puede luego alegar su desconocimiento ni su buena fe para peticionar la “estabilidad” de un negocio que ab initio era improponible. Si un inversor privado obtiene de un grupo de funcionarios inescrupulosos un contrato para la instalación de un frigorífico en la India y luego el mismo es clausurado y revocado el acto con fundamento en principios religiosos que hacen a la médula constitutiva del Estado Indio, no puede aquel pretender la “seguridad jurídica” ni la estabilidad del contrato argumentando el desconocimiento del núcleo constitucional. Los inversores extranjeros y los poderosos inversores locales, asociados generalmente a ellos, tienen recursos de sobra para contratar estudios jurídicos que puedan ilustrarles sobre el alcance y el riesgo de sus negocios, cuando estos constituyen expoliaciones de bienes y de derechos o se oponen críticamente al núcleo constitucional.

19. Ninguna norma injusta puede ser pretendida estable. Su destino es desaparecer del universo jurídico ya que lo que pretende el sistema de normas es la concreción de un estado de cosas justo, equilibrado y racional y una norma injusta por naturaleza conspira contra ese objetivo. Y podría preguntarse ¿cuándo una norma es injusta? En este acotado análisis lo es cuando conspira contra el núcleo constitucional. El bien social está en ese núcleo condensado y todo lo que contra él atente debe ser reputado injusto por los tribunales y borrado del universo normativo.

20. Valdría la pena entonces preguntarse ¿qué hacer cuando la “seguridad jurídica” de unos es la “inseguridad jurídica” de los otros?
Los reclamos de los “seguristas” siempre tienen el mismo perfil. Pretenden asegurar sus concesiones, sus negocios con el Estado o ciertas “reglas de juego” de mercados concentrados. Nunca se les escucha abogar por la seguridad social o la seguridad alimentaria de la población. Es que justamente, en el histórico conflicto por la distribución de la riqueza en Suramérica, los “seguristas” han respondido a los grupos que expolian, saquean, vacían y excluyen. Han obrado sistemáticamente en complicidad abierta con grupos oligárquicos locales, para endeudar espuriamente al Estado para luego, en su rol de acreedores y proveedores, obtener las mejores condiciones de intercambio, en obvio perjuicio de los intereses productivos, laborales y sociales de los países así sometidos. La historia confirma esta descripción con holgura. Ellos, en su discurso de “seguridad jurídica”, lo que ocultan es que en general el sostenimiento de las condiciones que pretenden es la contracara necesaria de la pobreza y el hambre de millones de personas. Si tan sincero fuera el interés que tienen por la estabilidad de las normas y su acabado cumplimiento, debieran haber planteado, desde hace décadas, un discurso de alarma en torno de los millones de pobres y desnutridos que transitan por nuestra América Latina. En realidad, esa pobreza profunda y crónica no está en sus agendas.
21. En la historia reciente esa lógica tiene una explicación. Se remonta a la década del ‘80, cuando el Club de Roma solicitó al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) un informe sobre las perspectivas del desarrollo del mundo. El informe final de la investigación, titulado “Los límites del crecimiento”, ponía en evidencia que el mundo no podía seguir, dentro del sistema económico capitalista, creciendo con integración social y trabajo para las nuevas generaciones. El mundo implosionaría por carencia de recursos naturales, calentamiento, superpoblación y otros factores. La disyuntiva fue en aquel entonces modificar el sistema económico o determinar la marginación social de millones de personas para no integrarlas ex profeso al sistema económico mundial (no trabajan, no consumen, solo son contenidas). Pese a la parodia posterior que pretendió corregir el informe con la aparición del llamado “desarrollo sustentable o sostenible”, lo cierto es que la centralidad mundial definió, luego de la caída del muro de Berlín y de la expansión globalizadora, que el modelo capitalista no sería alterado y que, contrariamente, la política mundial debía orientarse a trabajar la contención de los millones que quedarían inexorablemente fuera del sistema. No se los podía eliminar físicamente, pero si tolerar su deterioro y su muerte (que resultaría accidental, por cierto). Esta y no otra ha sido la lógica con la que han operado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas. Sin ir más lejos, basta informarse de lo que actualmente y ya por décadas ocurre en África, en Haití o en otros países o regiones del mundo abandonadas a su suerte. Los “seguristas” nada proponen para estos grupos de excluidos, justamente porque son ellos la contracara necesaria de su “seguridad jurídica”. Mientras ellos continúan con negocios expansivos que producen transferencias de ingresos millonarias, alimentan la política fiduciaria, engordan fondos de inversión golondrina y siembran en los paraísos fiscales, los pobres del mundo se multiplican sin freno y sin esperanza, con destino hacia una muerte pronta e indigna.
22. Bajo el pretexto del saneamiento de la economía y del mercado, destruyen unidades productivas, arrojan a la desocupación y a la desesperación a miles de familias y repiten aquí y allá recetas de “ajuste” que constituyen verdaderas partidas de defunción de las economías locales. ¿Acaso no están proponiendo en estos días para Grecia y España lo que en la década del ’90 propusieron para América Latina? La violencia que sus prácticas desataron en 2001 en la Argentina, es muy similar a la que hoy se palpa en numerosas ciudades europeas. Es que los “seguristas” tampoco tienen nación. Su discurso es un fin en si mismo, tan evidente en sus egoístas objetivos que no resiste cobijarse bajo ninguna bandera nacional.
Mientras los negocios crecen, amparados en la “seguridad jurídica”, crecen los excluidos. Los primeros se concretan, los segundos se estudian.
Si realmente les importase la única y verdadera “seguridad jurídica”, los gobiernos de los Estados y las organizaciones internacionales debieran ciertamente preocuparse por la confección de una agenda que ordene los objetivos partiendo desde lo más elemental: la seguridad alimentaria, la seguridad de salud, la seguridad de trabajo y la seguridad de vivienda de los habitantes del planeta. Es decir, cómo asegurar su dignidad. Luego, será el turno de las otras seguridades, claramente de rango inferior. De lo contrario, permaneciendo alterado el orden lógico y natural de las cosas, lo único que se logrará es una escalada violenta a nivel mundial, producto necesario de la violencia sistémica que impone el modelo. Como refiriera con justeza Pierre Bourdieu, la violencia se conserva y se potencia con las diversas expresiones de las que mana. Los Estados que hacen de la “seguridad jurídica” mal entendida un culto y las organizaciones internacionales que son funcionales a los grupos de concentración económica, no hacen sino convertirse en usinas de violencia.

23. Pero entonces, ¿cuáles son los estándares de una sociedad “jurídicamente segura”?
Un médico jamás analizaría la evolución de un paciente restringiéndose a criticar la modificación de las condiciones de su tratamiento. Si se ha tenido que cambiar N veces de medicamento o si se ha sustituido una práctica por otra, poco importa a la hora de evaluar los resultados obtenidos en su perfil de salud. Enhorabuena los cambios si los resultados finales han sido positivos.
De la misma forma, si las sociedades deben corregir sus normas y adaptarlas a las exigencias que imponen los tiempos políticos y sociales, no es un dato importante a la hora de evaluar si se han alcanzado desarrollos en términos de calidad social.
Ahora, si utilizamos la inmutabilidad normativa como patrón para medir la “seguridad jurídica”, caeremos en el absurdo del paciente al que sólo le preocupa seguir consumiendo un medicamento sin importar el resultado que ello impone a su salud.
Los cambios normativos, la mutación de las reglas, son “jurídicamente seguros” si reportan al núcleo constitucional de los Estados y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, tanto en su forma cuanto a su sustancia. Impedir, bajo el pretexto de la “inestabilidad”, que los Estados determinen soberanamente la mejor forma jurídica de dar respuesta a las exigencias sociales y políticas de dignidad, es quebrantar la autodeterminación de los pueblos y avasallar a sus gobiernos democráticos.

24. En este contexto, contrariamente al patrón de inmutabilidad que adoptan los “seguristas” para evaluar los estándares de seguridad jurídica, nosotros sugeriremos la formulación de la “Seguridad Jurídica Sustancial” (SJS), que a los fines prácticos desagregaremos en los siguientes acápites: seguridad alimentaria, seguridad social, seguridad laboral, seguridad de vivienda, accesibilidad judicial, seguridad informativa y seguridad en la distribución de la riqueza.
Sin perjuicio del desarrollo que se hará de cada uno de esos aspectos específicos de la SJS, adelantamos que, desde esta perspectiva, un Estado podrá reputarse “jurídicamente seguro” en tanto el promedio de la medición de las áreas arroje un porcentual razonablemente aceptable. No puede ser seguro un Estado cuyo núcleo constitucional se desconoce o se concreta parcialmente. La seguridad jurídica es justamente la concreción del núcleo constitucional de derechos, garantías y objetivos (…).
(…) De aquí en más, cualquier abordaje que se precie de serio deberá considerar necesariamente los aspectos aquí relevados. La resignificación del concepto de “seguridad jurídica” por cierto traerá aparejada la necesidad de nuevos métodos de medición y diagnóstico. Sin embargo, esa será tarea multidisciplinaria de sociólogos, economistas, médicos, abogados y otros profesionales que concurran para diseñar esa novedosa modalidad de control.
La falacia de los “seguristas” ha llegado a su fin. Es tan clara la cuestión, como se apreció, que su discurso carece ya de sustento. Aunque sus próceres de la academia y sus esbirros de la prensa pretendan continuar con su práctica erosiva, la conciencia social y la experiencia histórica, con sus tiempos lentos pero inexorables, van cercando y desenmascarando a los protagonistas de la escena.
El interés que motivó este texto fue el brindar un panorama completo sobre la cuestión y permitir recursos para discutir y neutralizar el discurso y la acción de quienes tanto daño le han ocasionado a nuestra patria y a su pueblo. Ojalá la misión se haya cumplido y esta última hoja encuentre en el lector a un nuevo militante por la única seguridad jurídica admisible, aquella que contribuye a hacer del hombre un ser digno y libre.