En la Ciudad falta salud

Macri no hace justicia con la salud
Los jueces ordenaron obras edilicias, provisión de servicios básicos y nombramiento de personal en, entre otros centros, el Lagleyze, el Quemado, el Alvear, el Borda y el Garrahan. Hubo embargos, multas y hasta pedidos de destitución del ministro de Salud


Por Irina Hauser

Ante la orden judicial de reabrir y reacondicionar el centro oftalmológico Lagleyze, la respuesta del gobierno porteño fue dejarlo sin calefacción, agua caliente e insumos. En vez de nombrar doce enfermeros en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear, propició el cierre del servicio de adolescencia. Cuando una jueza lo conminó a terminar la lavandería del Tobar García, dijo que era mejor mandar la ropa al Moyano, que está cerca y tendría la suya lista en seis meses, o por qué no contratar un “delivery”. De las obras edilicias indicadas para el pabellón central del Borda hace dos años y medio, concretaron el 0,68 por ciento. Aún después de Cromañón y con una sentencia firme, el Hospital del Quemado sigue sin tener terapia intensiva pediátrica. Todo esto es sólo una pequeña muestra de lo que se ha convertido en una práctica recurrente de la administración de Mauricio Macri: incumplir las órdenes judiciales, en especial, aquellas destinadas a mejorar la atención y la salud de los ciudadanos.

El caso de la ambulancia que debía estar en la villa 21-24 y nunca llegó tuvo como consecuencia palpable la muerte de un chico de 14 años baleado al resistirse al robo de sus zapatillas. El trágico desenlace tiene una única explicación: el ministro de Salud porteño Jorge Lemus se resiste a acatar la orden de poner una ambulancia en forma permanente en el centro de salud (Cesac). Pedía seguridad para los médicos, pero rechazaba la custodia de un policía federal. Casi como concesión, ofreció disponer de una ambulancia del Hospital Penna que –prometió– tardaría entre “siete y diez minutos” en llegar. El sistema se estrenó el 19 de abril. El 20 una mujer llamó porque su hija de cinco años tenía una hemorragia genital: “La ambulancia no entra en esa zona”, le dijeron. Un día después, Luis Ponce, el chico tiroteado, se desangró en la calle mientras el barrio reclamaba por teléfono la presencia del SAME, que tardó 45 minutos.
La medida de garantizar una ambulancia era parte de un plan de asistencia a los adictos al paco, que también requería nombrar psicólogos y pediatras. Ni la ambulancia ni los especialistas aparecieron pese a las sucesivas intimaciones. Lemus fue denunciado penalmente y la Cámara de Apelaciones del fuero contencioso confirmó que debe pagar una multa de 500 pesos diarios.
“Todos los gobiernos discuten los fallos. Pero el incumplimiento sistemático es una característica del actual, y en especial del Ministerio de Salud. Antes no vimos nada igual”, le dijo a Página/12 el asesor tutelar Gustavo Moreno, impulsor –entre muchos otros– del expediente de la ambulancia. El legislador Jorge Selser, quien preside la Comisión de la Legislatura, señaló que “el abandono de las obras, que están paralizadas, y el incumplimiento de las demandas no se corresponden con la situación de holgura económica que hay en la Ciudad”.
Las multas o pedidos de destitución son un punto al que los jueces llegan, tras varios intentos, cuando no ven voluntad de nada. Esta semana, como informó Página/12, la jueza Elena Liberatori dictó una tercera medida cautelar con un plazo de cinco días para que el gobierno inicie las obras de calefacción y agua caliente en el centro oftalmológico de Paternal Pedro Lagleyze y se efectivicen 27 nombramientos.
En una de las tantas audiencias judiciales por la situación del Lagleyze, uno de los funcionarios de Salud sinceró el criterio oficial en un cuarto intermedio: no quieren invertir en hospitales que, como éste, atienden un 84 por ciento de pacientes que vienen de otras provincias o países limítrofes. El mismo argumento fue esgrimido, también fuera de micrófono (pero ante varios testigos) frente a la demanda iniciada por la Asociación de Profesionales del Garrahan, que denunció que el gobierno porteño no cumple con el aporte del cincuenta por ciento del financiamiento del hospital que le toca (la otra mitad la aporta la Nación). Liberatori los invitó a saldar la deuda. La respuesta fue el silencio. Entonces trabó un embargo sobre las cuentas porteñas por 14 millones de pesos adeudados de 2009, aprobados por la Legislatura, y que tenían destino fijo: el área de ortopedia y yesos, la construcción de dos quirófanos, el reemplazo de calderas rotas y equipos diversos. El macrismo apeló.

Los niños y los locos
Con los hospitales psiquiátricos parece haber una fijación. Los problemas del Torcuato de Alvear son previos a la llegada de Macri al poder, pero a él le tocó dar las soluciones indicadas por Juan Vicente Cataldo y que una sentencia de Cámara dejó firmes en junio de 2007. Debía resolver la sobrepoblación, la falta de personal, la carencia de plan de evacuación, arreglar la red de gas y hacer refacciones para dar mínimas condiciones de alojamiento dignas. Un informe de la asesoría tutelar dice que en tres años las obras avanzaron sólo un 8 por ciento y que las partidas asignadas no fueron ejecutadas, por lo que finalmente se trabó un embargo por 8,2 millones de pesos. El año pasado, la dirección del hospital reclamó al menos doce enfermeros: en mayo último, sin novedades, tuvieron que cerrar el servicio de adolescencia.
En el Borda, los vidrios rotos en el servicio de admisión y los baños hediondos del helado pabellón para los pacientes duales (adictos y psquiátricos) pintan el más leve retrato de un lugar donde se supone que el que entra debería salir mejor. Como salvedad, los informes judiciales aseguran que la atención médica es buena. Desde mayo de 2008 la Justicia señaló la necesidad urgente de obras edilicias, eléctricas, cloacales, de gas y agua potable, y al menos setenta nombramientos de médicos y enfermeros. Hace un mes la jueza Andrea Danas insistió con una nueva medida cautelar similar, donde también pidió sábanas, muebles y protección contra incendios.
El colmo es la batalla judicial por el Hospital Moyano, que inició Soledad Acuña cuando era legisladora de PRO y presidía la Comisión de Salud. Ahora es subsecretaria de Promoción Social y ya no sigue el expediente. En noviembre de 2007 la jueza Alejandra Petrella le dio un año al gobierno para dotar al psiquiátrico de “condiciones de habitabilidad”. En lugar de asumir el problema que alguna vez le interesó, la gestión macrista apeló el fallo y como la Cámara lo confirmó hizo un planteo de inconstitucionalidad al Superior Tribunal, que lo tiene a estudio.

Promesas al viento
El caso del neuropsiquiátrico Carolina Tobar García es uno de los que llegaron a los términos más duros. A fines de 2008 la jueza Liberatori ordenó una reforma edilicia integral, condiciones de seguridad y nombramiento de profesionales “en un plazo razonable”. El gobierno apeló. En junio de 2009 la Cámara advirtió que “la vulnerabilidad social en la que se encuentran los pacientes del Tobar García no admite más demoras” y que no se puede depender de “los holgados tiempos de la administración”. Condenaba “directamente al jefe de Gobierno”. En abril, el titular de Recursos Físicos, Moisés Aruj, dijo que estaba previsto terminar la segunda etapa de obras, pero no dio un cronograma. La tercera etapa, agregó, entraría en “el plan plurianual 2011/2012” (cuando el PRO ni sabe si seguirá siendo gobierno). Y comentó que el lavadero no se haría porque se podía mandar la ropa al Moyano, que tendría su propia lavandería en seis meses, “o tercerizar tipo delivery”, comentario llamativo teniendo en cuenta que tramita una denuncia por el presunto direccionamiento de una licitación millonaria para el lavado de ropa de hospitales. Liberatori pidió la destitución del ministro Lemus por “mal desempeño” al desatender las “obligaciones a su cargo”.
La “falta de presupuesto” y la objeción a que la Justica señale los incumplimientos de un gobierno y obliguen a revertirlos son las principales banderas de la gestión macrista para justificar sus incumplimientos cuando de salud se trata. Un fallo reciente de la Sala 2 de la Cámara del fuero contencioso dice que la falta de plata no es un argumento válido en estos casos donde hay un derecho tan elemental en juego. El gobierno porteño puso en tela de juicio el fallo de la jueza Petrella que lo conminaba a montar una sala de terapia intensiva pediátrica en el Hospital del Quemado, una falta incomprensible en la era pos Cromañón. Ya hay sentencia firme, pero la sala no está.
“Es insólito que hablen de falta de plata, cuando el año pasado el presupuesto de salud, de 3900 millones de pesos, fue subejecutado en un 17 por ciento”, cuestiona el legislador Selser, quien atribuye el comportamiento a que “han transferido fondos al embellecimiento de la ciudad y a la Policía Metropolitana”
La historia del “hospital” de Lugano retrata la lógica que tiñe a las deudas con la salud en el ámbito porteño. El establecimiento debía crearse porque así lo dijeron primero una ordenanza (en los noventa), luego una ley (en 2005) y también la Justicia (en 2006). Macri lanzó allí su campaña para jefe de Gobierno, se sacó una foto con una nena en medio de un basural y prometió construir el hospital, con capacidad para atender 200 mil personas. Lo que inauguró hace dos años se parece poco a un hospital: es un centrito de salud que ni siquiera tiene guardia y nunca se requirió el presupuesto para una segunda etapa que, a falta de iniciativa, tuvo que ser ordenada por la jueza Liberatori.
Lugano es uno de los barrios más pobres de la ciudad, y tiene el índice más elevado de mortalidad infantil, un indicador que después de cinco años de estar en baja, el gobierno PRO logró que aumentara en un punto por mil durante 2009 en toda la Capital. La legisladora Gabriela Cerruti advirtió que no es un problema de falta de dinero: el gobierno porteño cuenta con recursos proporcionados por la Nación a través del Plan Nacer, pero no los usa, según surge de un informe del Ministerio de Salud Nacional y otro del Banco Mundial.
Con las cifras de mortalidad infantil en carpeta, el cúmulo de fallos incumplidos, los pedidos de destitución contra Lemus y la revelación de este diario de que además de su sueldo de ministro (25 mil pesos) cobra otro como asesor de una mutual (16 mil pesos), la oposición reclama su renuncia. En estos días analiza su interpelación y remoción. En una sesión del 24 de junio, en racconto del panorama hospitalario sumaron a los casos señalados por este diario “la grave situación en el Hospital de Gastroenterología Udaondo y del Rivadavia, y el incumplimiento de los términos de finalización de las obras del Hospital Durand”. A lo que se agrega la muerte reciente de dos bebés por falta de anestesistas en hospitales porteños.

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