Una visión en 1860 en LOS MISERABLES de VICTOR HUGO

"y se dijo a media voz: ¡vaya una farsa!. De pronto el coche fúnebre se detuvo; habían llegado a la verja y era necesario exibir el permiso de inhumación"... (Los Miserables, Victor Hugo, 1862.) Año 2013/2014: Macri quiere permisos para inhumar pero... los cuerpos... ¿no estan? Morgues: el macrismo volvió a recusar al juez (Fuente: Diario Tiempo Argentino) Una estrategia recurrente del Ejecutivo local. La causa investiga el faltante de más de 200 cuerpos en hospitales públicos. C. R. De nuevo, ante un expediente amenazante, el macrismo recurrió a su estrategia judicial preferida: recusar a un magistrado. Así, y por segunda vez consecutiva en una misma causa, la Procuración General de la Ciudad solicitó apartar al juez Andrés Gallardo de la investigación por el faltante de más de 200 cadáveres en las morgues de los hospitales públicos porteños. Se trata de una pesquisa en la que el titular del Juzgado Nº2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) puso al descubierto graves irregularidades y una situación de abandono estructural en los depósitos de cadáveres. Apelando a la recusación por los supuestos del "prejuzgamiento" y la "enemistad manifiesta", a principios de agosto de 2013 el PRO había logrado suspender a Gallardo y mantener congelada la causa por más de nueve meses, como relató Tiempo Argentino. Recién en junio pasado el expediente retornó a manos del juez, luego de que la Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero CAyT finalmente rechazara el pedido para que se le quitara el expediente. El tribunal tomó la misma decisión con respecto a un planteo de inconstitucionalidad hecho por el macrismo ante el fallo en favor de la continuidad de Gallardo. El magistrado había comenzado la investigación con una serie de allanamientos que alcanzó a los 22 hospitales que dependen del gobierno de la Ciudad y poseen depósitos de cadáveres. Sin embargo, a poco de comenzar, la primera recusación frenó la causa: de la enorme cantidad de documentación secuestrada –que suma 27 cajas– sólo pudo periciar la correspondiente a seis instituciones: los hospitales Durand, Ramos Mejía, Rivadavia, Muñiz, Piñeiro y Santojanni. Y cuando el juez recuperó el material, a principios de junio pasado –a once meses de empezada la pesquisa– tampoco llegó a trabajar sobre esas pruebas. El miércoles 2 de julio, los abogados de la Ciudad volvieron a pedir su apartamiento, reiterando en gran medida los mismos argumentos de su acción anterior. En el breve lapso en que el expediente estuvo en su poder, Gallardo, había solicitado y recibido del Consejo de la Magistratura una serie de elementos técnicos con el fin de facilitar nuevas inspecciones oculares a las morgues, para constatar su estado y el de los cuerpos, teniendo en cuenta el largo tiempo transcurrido y a pedido del asesor tutelar Jorge Luis Bullorini. Además, el juez había pedido al Ministerio de Salud local "copia certificada del sumario interno" abierto en esa cartera por los hechos denunciados, así como de las "actuaciones labradas con motivo de las auditorías" realizadas en los hospitales. El abogado de la Ciudad, Fernando Conti invocó "falta de imparcialidad" en Gallardo por medidas que, consideró, "en modo alguno colaboran con el avance y finalización del proceso", en referencia al reclamo del PRO para inhumar cadáveres que, en rigor, el propio Ejecutivo no sabe dónde se encuentran. Sobre las diferencias con el magistrado, Conti llegó a sostener que las actuaciones "perfectamente podrían caratularse a esta altura como 'Gallardo, Andrés c/GCBA'". Como consecuencia inmediata, hasta tanto la Cámara se expida, la causa recaló en el Juzgado Nº 7 del fuero, a cargo de Lidia Lago. En su informe ante el tribunal, Gallardo expresó que no comparte "ninguno de los extremos planteados por la requirente", a cuyos argumentos calificó de "oportunistas, improcedentes y carentes de sustento fáctico y jurídico". Agregó que "no es más que una reformulación" de lo presentado en agosto de 2013 y que todas esa causales invocadas ya antes fueron descartadas por la Sala III. En cuanto a los nuevos hechos invocados por el PRO, el funcionario judicial subrayó que no hay "nada" que permita inferir la falta de imparcialidad o la enemistad manifiesta. En un hecho conexo, semanas atrás, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad requirió al juez el incidente recusatorio, luego de que la Procuración porteña acudiera en queja por su anterior pedido de inconstitucionalidad. El dato es significativo, ya que el TSJ podría haber rechazado la petición in limine, por no haber sentencia definitiva. «

"No hay mejor defensa que una solución"

Una forma de empezar a hablar
El defensor adjunto Andrés Gallardo pondrá en marcha un censo sobre la calle Florida y la avenida Pueyrredón. El objetivo es revertir la política macrista de criminalizar a los vendedores ambulantes y buscar una solución para los trabajadores.
Por Werner Pertot
Con la idea de combatir la política del PRO de criminalizar a los vendedores ambulantes y de darle una solución a los trabajadores, la Defensoría General porteña lanzará a partir del lunes un censo sobre la calle Florida y la avenida Pueyrredón (dos de los puntos neurálgicos de la actividad). La iniciativa es promovida por el defensor adjunto Andrés Gallardo, quien asumió ese cargo con la misión de revertir la impronta macrista hacia los sectores vulnerables. Gallardo, además, tendrá una entrevista el lunes con el ministro de Espacio Público, Diego Santilli, para empezar a analizar una solución que incluya a los trabajadores y a los comerciantes como parte del diálogo.Gallardo se tomó licencia como juez y asumió como defensor adjunto penal con un mandato claro: “Intentar neutralizar los progresivos esfuerzos del Poder Ejecutivo de esta ciudad de criminalizar la protesta social y la pobreza”, según dice el decreto con el que lo designó el defensor general Mario Kestelboim. El funcionario judicial también puntualizó en el texto del nombramiento de Gallardo que recrudeció la persecución de “grupos humanos que desarrollan en la ciudad actividades informales de subsistencia, tales como vendedores ambulantes de baratijas, artesanos, limpiavidrios, cuidacoches”.El endurecimiento de las penas a las distintas actividades y la prohibición de limpiavidrios y cuidacoches forma parte del paquete de leyes que negocia el PRO en la Legislatura, y que incluye también la aprobación de las “armas electrónicas de incapacitación motora no letales” (sí, las Táser). También es la línea que sigue el fiscal general Germán Garavano, que responde al macrismo. Los artesanos que están frente a la Legislatura en Perú al 100 –por dar un ejemplo– sufrieron innumerables intentos de desalojo.Con el objetivo de empezar a revertir estas políticas, Gallardo lanzó un censo sobre Florida y sobre Pueyrredón. “Hasta el presente, la actividad de la Defensoría penal fue responder con asistencia técnica a casos concretos de persecución penal. Pero como se produce una reiteración cuantitativamente importante de casos, se está frente a una problemática de tipo estructural y social. No se soluciona con la mera defensa técnica. Hay que encarar una resolución global”, advirtió Gallardo a Página/12.El funcionario hará circular entre los vendedores una carta en la que explica que el censo se hace con el objetivo de que se evite “la criminalización del trabajo informal y el cese de la persecución estatal”. Los datos de la encuesta serán reservados y se les garantiza el carácter confidencial y los encuestadores tendrán una identificación visible.“Es fundamental para poder tener un diagnóstico sobre la situación saber fehacientemente la cantidad de personas involucradas en la actividad en esas calles y establecer las distintas categorías dentro del rubro, porque existen distintos tipos de venta ambulante”, advirtió el defensor adjunto que tiene pensado reunirse este lunes con el ministro Santilli para empezar a trabajar en un diálogo, que también incluirá a la cámara de comerciantes (Fecoba), que conduce Osvaldo Cornide.“El objetivo final es establecer un diálogo progresivo con los propios interesados y con los restantes actores (los comerciantes, los vecinos y el gobierno) para viabilizar una propuesta superadora, que suponga el uso racional del espacio público y la satisfacción de los derechos sociales de los perseguidos”, advirtió Gallardo. La defensoría tituló el comunicado de prensa con la frase: “No hay mejor defensa que una solución”. Allí señalan que “la problemática de los sectores más vulnerables no se soluciona con represión y violencia

Macri evade la justicia como siempre

Macri volvió a recusar al juez Gallardo
Publicado el 5 de Octubre de 2011
Por Claudio MardonesEl alcalde porteño busca impugnar la investigación por la precaria situación de los conventillos de La Boca. El magistrado conoció la noticia en simultáneo a su ascenso como segundo en el Ministerio Público de la Defensa. El juez porteño Roberto Andrés Gallardo, considerado por el jefe de gobierno Mauricio Macri y su antecesor Aníbal Ibarra como uno de sus mayores enemigos íntimos, cambiará de cargo dentro de la justicia de la Ciudad y, por dos años, tomará licencia del juzgado que más dolores de cabeza le provocó a ambos alcaldes durante la última década. Dentro de 12 días, a partir del 17 de octubre, asumirá como defensor general adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial porteño, el segundo puesto en importancia del Ministerio Público de la Defensa, presidido por el jurista Mario Kestelboim. El magistrado no renunciará a la titularidad del segundo tribunal contencioso, administrativo y tributario de primera instancia, sino que tomará licencia, posiblemente por dos años, para asumir el cargo en forma interina, es decir, hasta que la Defensoría llame a concurso público para cubrir en forma definitiva la vacante que dejó Alejandro Slokar hace diez días, cuando presentó su renuncia luego de ser designado vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia de apelaciones en materia penal. La noticia de la designación llegó al segundo juzgado de Avenida de Mayo al 600, en medio de un frente de noticias adversas, un escenario judicial recurrente para Gallardo desde que asumió el juzgado. El lunes, antes de conocer la decisión de Kestelboim, había sido notificado de la tercera recusación que presentó el gobierno porteño en su contra en el último mes. El objetivo: sacarlo de la causa que investiga la situación de los conventillos que funcionan en el barrio porteño de La Boca y que derivó en una incómoda citación para Macri y su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. La semana pasada, tal como reveló Tiempo Argentino, Gallardo citó al alcalde, a su premier y al presidente del Instituto de la Vivienda, Omar Abboud, para que le expliquen por qué nunca pusieron en marcha el Programa de Rehabilitación del Hábitat del barrio de La Boca (PRHBLB) que fue creado en el año 2000 para reparar y recuperar los antiguos conventillos que todavía existen en uno de los barrios más postergados del sur porteño, a pesar de haber sido la cuna política del líder del PRO. En su fallo, el juez ordenó la clausura de los cuatro conventillos que entraron en el programa y que, según comprobó, estaban en pésimo estado, una situación parecida a los otros 25 que quedaron en pie y donde murieron dos niños por asfixia hace un año. Cuando se conoció la citación, Rodríguez Larreta decidió contestarle a Gallardo por los medios y explicó que cada uno de los perjudicados tenían un crédito especial por más de 200 mil pesos. Sin embargo, el dato no formaba parte de la respuesta judicial, que llegó el lunes en forma de una dura recusación en contra de Gallardo, por prejuzgamiento. “En este mes es la tercera recusación. Primero me corrieron en la causa que investiga el estado del Hospital Tornú y luego del expediente que indaga el Udaondo, pero esta es la más grave: el gobierno porteño dice que prejuzgué por haber manifestado cuáles eran las condiciones de inseguridad de los lugares, una situación que fue corroborada por los peritos de bomberos y que está videofilmado”, explicó el magistrado a este diario

Al frente de la lucha por los Derechos

“Macri criminaliza la protesta”
El juez, que tomará licencia para asumir su nuevo cargo, dijo que hay una “avanzada” del gobierno porteño contra los “empobrecidos y marginados”. Anticipó que en la función que cumplirá desde el 17 de octubre defenderá a esos sectores.
Por Werner Pertot
El 17 de octubre no va a ser un día macrista. En esa fecha asumirá como defensor general adjunto Andrés Gallardo, quien se tomará licencia como juez contencioso administrativo. El magistrado al que la gestión PRO más atacó en estos cuatro años será ahora una de las caras visibles de los defensores públicos porteños, en el área penal, contravencional y de faltas. El defensor general Mario Kestelboim le ofreció el cargo a Gallardo luego de que lo dejara Alejandro Slokar, que asumió como camarista de Casación Penal. En diálogo con Página/12, Gallardo detalló que su tarea será contrarrestar una “avanzada que criminaliza la protesta social y la pobreza”. Una avanzada PRO.
–¿Por qué decidió aceptar el cargo?
–Esto marca la continuidad de una línea que vengo sosteniendo en el juzgado desde hace más de diez años, vinculada con los sectores empobrecidos y marginados de la sociedad. La propuesta de Kestelboim como defensor general es que mi trabajo se dirija a ejercer la defensa en términos jurídicos de ciertos sectores que vienen siendo sometidos a una avanzada política que los estigmatiza y criminaliza en sus expresiones de protesta social, o incluso de mera subsistencia, como es el caso de los artesanos, los vendedores ambulantes, los limpiavidrios, los cuidacoches. Estas actividades no son sino la expresión de formas de pobreza y la solución evidentemente no es la persecución penal.
–¿Quiénes ejercen esta avanzada?
–Hay dos expresiones muy claras: la política, que tiene su versión tanto en las expresiones del jefe de Gobierno y del jefe de Gabinete, que regularmente salen a expresar esta tendencia criminalizante de la protesta y de la pobreza. Por otro lado, la versión del sector oficialista en la Legislatura. Y, dentro del Poder Judicial, la expresión más clara es la actividad de la Fiscalía General.
–¿El fiscal general Germán Garavano también impulsó esa política de criminalización de la protesta?
–La fiscalía debe velar por la vigencia del orden jurídico. Pero no se compone únicamente del derecho a la propiedad y la preservación del espacio público. También tiene que ver con los derechos sociales y, la verdad, yo en los últimos años no veo ninguna actividad de la fiscalía dirigida a esto. Hace hincapié en las usurpaciones, en la venta ambulante y éstas parecen ser las únicas preocupaciones que tienen. La idea que me transmite en la designación el defensor general es que salgamos a disputar en discurso y en términos judiciales esta política.
–Hubo un informe crítico de la Defensoría sobre la política de la fiscalía con los desalojos...
–Desde el fuero Contencioso tenemos una experiencia sobre ocupaciones en la ciudad de Buenos Aires, tanto de lugares del dominio público como privados. El problema lo que está evidenciando es que es estructural: hay un problema de vivienda en la ciudad. La Defensoría tiene que posicionar adecuadamente este problema y no dejar que, con la lógica de la fiscalía, se dedique a problemas puntuales. Hay que englobar lo que la fiscalía quiere atomizar. En segundo lugar, hacer reales los postulados internacionales exigidos para la legalidad de los procedimientos de desocupación o de desalojo forzado. A esto el gobierno porteño es bastante remiso y la fiscalía procede con carta blanca. Sobre esta cuestión voy a trabajar muy intensamente.
–¿Este cambio de cargo significa una suerte de adhesión suya a algún espacio político?
–No. Yo sigo dentro del Poder Judicial y no paso a ejercer un cargo político, sino un cargo dentro de la estructura judicial. Mi ideología, que yo jamás escondí, la conocen el macrismo y el defensor general que me nombró.
–¿El caso de la detención del Pollo Sobrero sería un caso de criminalización de la protesta?
–Con los representantes de los trabajadores, hay que ser muy cuidadoso al momento de atribuir otro tipo de responsabilidades que no sean las gremiales. Por supuesto que ser delegado gremial no otorga patente de corso para hacer cualquier cosa, pero se debe garantizar al sector obrero una investigación desprovista de cualquier sospecha de parcialidad.
–A principios del año, Macri firmó un documento en el que dice que el cumplimiento de los fallos es un pilar de la república. ¿Este compromiso lo pudo comprobar este año en su trabajo como magistrado?
–Le puedo poner como ejemplo el último caso que tuve en mi tarea de juez, que tuvo que ver con los conventillos de La Boca, un barrio que seguramente es muy caro a los sentimientos del jefe de Gobierno. En función de una denuncia de la Defensoría del Pueblo, visité cinco hogares de tránsito oficiales. De los cinco, uno ya se había incendiado y murió un bebé. Los visité, los filmé y los clausuré. Y la respuesta del jefe de Gobierno fue recusarme, en vez de preocuparse por la salud y la integridad física de los vecinos, y de la higiene y el mantenimiento de los lugares que son públicos. Evidentemente, hay dos ramales en el ferrocarril del gobierno porteño, uno para el discurso y otro para la práctica.
–¿Cree que Macri va a cambiar en el segundo mandato?
–¿Por qué cambiar después de tanto apoyo?

Se hizo la Luz!!

LE APLICAN UNA MULTA POR EL PELIGRO DEL TENDIDO ELECTRICO EN UNA VILLA
Que Larreta pague la luz
El jefe de Gabinete porteño tendrá que multiplicar por cien lo que abona por electricidad en su casa. Lo dispuso el juez Gallardo porque no se hicieron las obras necesarias en la Villa 21-24.

Si no paga la multa, a Larreta le cortarán la luz en su casa.

Por Werner Pertot
Horacio Rodríguez Larreta deberá aprovisionarse de velas o desembolsar una suma sideral para pagar la cuenta de la luz. El jefe de Gabinete porteño viene ignorando una causa abierta hace dos años por el peligro en el tendido eléctrico de la Villa 21-24 y el juez en lo contencioso administrativo Andrés Gallardo resolvió aplicarle una multa altamente creativa: el monto será cien veces lo que paga de luz Larreta en su domicilio personal sobre la avenida Libertador. La siguiente vez será multiplicado por 200 y así sucesivamente. “El pago de la misma no podrá parcializarse, y en caso de no pago deberá proceder al corte de suministro”, ordenó Gallardo en un fallo al que tuvo acceso Página/12. De esta manera, Su Señoría podría dejar al jefe de Gabinete en las condiciones en las que viven muchos de los habitantes de la villa.La causa judicial fue iniciada hace dos años por la Defensoría General y la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a raíz del estado del tendido eléctrico de la Villa 21-24. A pedido de la Justicia, el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) hizo un estudio sobre el barrio y llegó a la conclusión de que “existe un alto riesgo eléctrico que pone en peligro la vida y la salud de sus habitantes”. El informe del ENRE señala que la situación “es de riesgo general”, que pueden producirse daños por incendios y sobrecarga de cables, “electrificación de rejas con la consecuente electrocución”, “electrocución por contacto directo con cables colgando”. También detectaron una enorme cantidad de casos de falta de suministro entre los habitantes.La Defensoría General, que dirige Mario Kestelboim, notificó a Larreta de este informe el 29 de octubre de 2009 y lo citó a una audiencia a la que el jefe de Gabinete no asistió. A partir de que el funcionario de Mauricio Macri ignoró este tema social, la Defensoría General y ACIJ se presentaron ante la Justicia para demandar que el gobierno porteño resuelva la situación de instalación eléctrica precaria. La gestión PRO no respondió a las diversas intimaciones. El 18 de febrero de este año, Gallardo dictó un fallo en el que le ordenó a Larreta que “proceda a la implementación en un plazo de diez días de un protocolo de actuación para responder en forma ágil y eficiente a las emergencias que se producen por la situación de riesgo eléctrico en la Villa 21-24”. También dispuso que hicieran un plan de obras para disminuir el riesgo eléctrico y que desplegaran una campaña de prevención entre los vecinos.La gestión PRO respondió con un informe de la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), en el que aseguraron que tenían toda la buena voluntad para cumplir con ese protocolo, pero que la ejecución de las obras dependía de las partidas que estuvieran disponibles. Para cumplir el fallo y prevenir el riesgo para las personas –informaron desde la UGIS– se necesitaban un millón 124 mil pesos, pero para este año la gestión PRO había dispuesto tan solo 198 mil pesos. “Nótese que el importe destinado a las obras alcanza apenas un 18 por ciento del total”, señala el fallo de Gallardo. Desde la UGIS también aseguraron que estaban distribuyendo volantes entre los vecinos, aunque nunca pudieron presentar una copia del panfleto en la causa judicial.El 19 de mayo, Gallardo decretó el incumplimiento de la medida cautelar y le ordenó a Larreta –que es quien coordina las distintas áreas de gobierno que debían intervenir– que cumpliera el fallo bajo apercibimiento de astreintes (en jerga judicial, multas progresivas que se aplican hasta que se cumple el fallo). Su Señoría le exigió una larga serie de documentos sobre cómo se estaban llevando a cabo las obras. El jefe de Gabinete no respondió ninguno de los planteos judiciales. Tampoco pidió más tiempo. Simplemente apeló el fallo.“El sistemático silencio guardado tanto por el jefe de Gabinete como por la administración local en su conjunto da sobrada cuenta de que no existe voluntad alguna de acatar la obligación judicial impuesta. La conducta renuente y sostenida de la administración implica no sólo el desacato a las órdenes impartidas, sino –lo que es más grave aún– tiende a perpetuar la lesión de derechos fundamentales, como son la vida, la salud y la seguridad de los vecinos de la Villa 21-24”, concluyó el magistrado.Gallardo optó por “disponer que el monto de la sanción pecuniaria sea aquel que resulte de multiplicar por cien el monto total de la próxima factura de Edenor S.A. por la prestación del servicio eléctrico que dicha empresa suministra en el domicilio del jefe de Gabinete, ubicado en Avenida Libertador”. El juez también dispuso que el importe se incremente “de cien en cien”. Por ejemplo, si el ministro gasta 300 pesos por mes, la multa será de 30.000 pesos.Además, el monto irá incluido en la factura: “La multa que aquí se impone deberá ser liquidada por Edenor como concepto integrante de la factura emitida, no pudiendo desdoblar su pago”, ordenó el juez. Así, esta cuenta de la luz le llegará con una multa que se multiplica por cien, la próxima será por 200, la siguiente por 300 y así hasta que el fallo se cumpla. En caso de que Larreta se niegue a pagar la abultada cuenta, Gallardo dispuso que se le corte la luz al jefe de Gabinete. Como a cualquier vecino

MACRI: ¿COMO SE ARRESTA A UNA PERSONA DE EXISTENCIA IDEAL?

GALLARDO SUSPENDIO LA MEDIDA QUE PENABA PROTESTAS CONTRA DIARIOS

El decreto de Macri ya no corre

El juez Roberto Gallardo suspendió la vigencia del DNU del jefe de Gobierno que modificaba el Código Contravencional. El magistrado sostuvo que la medida es inconstitucional porque el Ejecutivo no puede crear figuras penales.Por Laura Vales

El juez porteño Roberto Gallardo suspendió la vigencia del decreto de necesidad y urgencia dictado por Mauricio Macri para modificar el Código Contravencional, penalizando con arrestos y multas a aquellos que “obstruyeran la impresión y/o distribución de medios de prensa”. El DNU había sido dictado por el jefe de Gobierno porteño a raíz de que trabajadores del Grupo Clarín realizaron medidas gremiales que afectaron al diario de esa empresa y también a La Nación. Ayer, el juez sostuvo que el decreto es inconstitucional porque el Poder Ejecutivo no tiene la atribución de crear figuras penales. El magistrado recordó que en un Estado republicano rige la división de poderes y criticó la intención de Macri de arrogarse mayores atribuciones que las que le da la Constitución: “Llama poderosamente la atención que el ingeniero Mauricio Macri haga especial hincapié en el ‘... debido control de los actos de gobierno’ al tiempo que mediante su accionar no hace otra cosa que apartarse de dicho control”.En los hechos, el fallo judicial hace inaplicable el DNU hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad se expida sobre su validez constitucional. La medida cautelar había sido pedida por un grupo de letrados encabezados por Eduardo Tavani, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que trabajaron junto a los legisladores Gonzalo Ruanova, Aníbal Ibarra, Tito Nenna y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. En la presentación, que fue llevada a los tribunales el miércoles, también habían solicitado a Gallardo que declare la nulidad del decreto, pero el juez consideró que no tiene competencia para eso y mandó este punto al Tribunal Superior de Justicia porteño.En su fallo, Gallardo hizo una serie de observaciones sobre el decreto:- Dijo que Macri parece haber buscado hacerse propaganda cuando sostuvo que lo firmaba ante “la notoria inacción de las autoridades competentes del Estado nacional” frente al bloqueo a Clarín. Esto, porque el jefe de Gobierno porteño podría haber pedido directamente a la Justicia contravencional el desalojo de la calle y, de conseguir el visto bueno del juez, “podría haber ejecutado la orden judicial de desalojo con los efectivos de la Policía Metropolitana”. Gallardo aclaró que, a su criterio, las medidas por las que Macri dictó el DNU estuvieron dentro “del derecho a protesta y huelga de los trabajadores –art. 14 bis, de la Constitución nacional–”, por lo que “de ninguna manera encuadrarían en una contravención”.- Además de intentar decretar “normas manifiestamente inconstitucionales”, apuntó el juez, el decreto usó “una redacción que no se condice con los parámetros constitucionales mínimos”. Por ejemplo, castiga a quien “por cualquier modo perturbe esta actividad”, lo que habilita que cualquier medida pueda ser considerada un delito, según “la valoración particular del sujeto que la interprete”.- Gallardo hace notar que el DNU hace extensibles las penas de multa y arresto a las personas de existencia ideal. “Sin lugar a dudas se entiende la aplicación de una multa a una persona de existencia ideal, empero me pregunto, ¿cómo se arresta a una persona de existencia ideal?”, inquirió el magistrado.- Consideró “ilógico” que el jefe de Gobierno porteño use como argumento las protestas gremiales ocurridas en Córdoba en los diarios La Voz del Interior y Día a Día para crear una pena con la intención de aplicarla localmente en la ciudad de Buenos Aires.El DNU agregaba tres artículos al Código Contravencional para reprimir con arrestos de hasta 10 días o multas de hasta 50 mil pesos a quienes obstruyeran la impresión o distribución de medios de prensa. Su dictado generó inmediatas críticas, que apuntaron que Macri estaba criminalizando la protesta, en este caso la que pudiera provenir de los trabajadores de empresas periodísticas. Además del frente judicial, los legisladores de la oposición al PRO quieren tratar el tema en la sesión del próximo miércoles, para que no quede sentado el precedente de que el Poder Ejecutivo cree figuras penales.

SAME QUE MATA

EL JUEZ GALLARDO LE ORDENO DISEñAR UN PLAN DE EMERGENCIA DE SALUD PARA LAS VILLAS
Lemus, condenado a cumplir con su función
Gallardo hizo lugar a una medida cautelar presentada por médicos, vecinos y la ONG ACIJ y ordenó que se diseñe de inmediato un plan de asistencia de emergencias sanitarias en las villas y protección a los efectores de salud. Citó a una audiencia pública.
Por Horacio Cecchi
La ausencia de planes de emergencia de salud en villas y asentamientos paradójicamente sitúa al ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, en una emergencia judicial: el juez Roberto Gallardo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que pone un plazo de 72 horas al gobierno de Macri para disponer de un protocolo de atención de emergencias del SAME y que organice en ese tiempo un plan de protección de los profesionales, enfermeros, choferes, que prestan servicios de salud en esas áreas. En el fallo consideró el trato recibido por los vecinos de la villa como un ejemplo de “desidia, desorganización, prejuicio, xenofobia, racismo, incoherencia y desprecio”. Gallardo ordenó que Lemus presente ambos planes en una audiencia pública citada para el viernes próximo en el Colegio Público de Abogados y a la que fueron invitados los delegados de todas las villas porteñas. Lemus –que por el momento pareciera suponer que proveyéndolas de ambulancias, dejarán de ser villas de emergencia– deberá presentarse en la audiencia bajo apercibimiento de ser llevado por la fuerza pública. Aseguran que para el caso, no será solicitada la Metropolitana.
El lunes pasado, un grupo de profesionales de la salud, vecinos de villas y asentamientos y la ONG ACIJ se presentaron ante el juez porteño en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo para solicitar una medida cautelar urgente “en defensa de derechos de incidencia colectiva a la salud y la no discriminación de las comunidades de las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires”.En la cuestión de fondo, solicitaron que “se condene al GCBA a que garantice a profesionales y empleados de hospitales y centros de salud condiciones de trabajo que aseguren su salud e integridad psicofísica de manera adecuada al nivel de conflictividad social agravada existente en las comunidades afectadas”. También que garantice “condiciones dignas ambientales y de infraestructura para los centros de salud”. Y que “asegure un servicio de traslado de emergencia oportuno, suficiente y adecuado”.Pero para llegar a la cuestión de fondo, plantearon que también fuera condenado a una medida cautelar. Curioso lugar en que quedó situado el gobierno de Macri, al que se lo condena a cumplir su función. En la cautelar se pide que Lemus diseñe “un protocolo de atención del SAME, de implementación inmediata, que garantice el servicio de emergencia médica a los habitantes de las villas y asentamientos en tiempo oportuno y seguro y con las medidas de contingencia necesarias para que dicho servicio no se vea interrumpido por la falta eventual de recursos humanos de la Policía Federal Argentina”. Da un plazo de 24 horas para “que se restablezcan las garantías de seguridad e integridad psicofísica de los efectores y usuarios de servicios de atención primaria de salud en los centros y hospitales” correspondientes. Por último, porque también es posible que ocurra, solicita que se mantengan las condiciones laborales de los profesionales y empleados firmantes de la medida judicial.La medida fue solicitada de aplicación sobre “todas las personas que habitan y/o trabajan en las villas y asentamientos de la ciudad, que requieren –por su condición socioeconómica– del servicio público de salud”. Es decir que engloba a todo el universo de villas y asentamientos porteños. En ese sentido, la presentación que el Inadi realizó también el lunes ante la jueza Elena Liberatori, del mismo fuero (porque fue realizada fuera del horario de Tribunales y Liberatori se encontraba de turno), en la que fue ordenado que una ambulancia sea dispuesta de manera inmediata en la Villa 31, fue unificada en el juzgado de Gallardo, quien lleva varios años de citar, sentenciar, condenar, embargar y multar al gobierno porteño por omisiones en la cobertura de la salud de los sectores más desguarnecidos. La muerte de Sapito Ruiz sólo volvió a colocar en evidencia lo que en las villas es moneda corriente.El pedido de cautelar incluye un pormenorizado fundamento sobre la discriminación de los habitantes de villas y asentamientos (más de 300 mil personas en 2009, según un informe de la Legislatura porteña) y los problemas cotidianos de médicos y profesionales en los centros de salud, “que deben cerrar sus puertas cuando la comunidad los necesita”, no por desidia como ocurrió en el caso de Sapito, sino por “falta de agua, electricidad, teléfono, higiene ambiental, y falta de condiciones de seguridad”.El juez Gallardo hizo lugar a la medida. En su fallo, al que tuvo acceso Página/12, el magistrado recuerda que interpeló al gobierno porteño por “una decena de casos similares” (al de Humberto Ruiz) y que intimó en “reiteradas oportunidades” al ministro de Salud Jorge Lemus y al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, sin resultados.“Luego de casi dos años de intimaciones judiciales –argumenta Gallardo en su escrito–, la responsabilidad política del señor ministro de Salud resulta incuestionable. Su falta de eficacia y posible desidia alcanzan niveles que lucen desajustados para la función que desempeña, pocas veces acreditados con tanta claridad en sede judicial.”El juez hizo lugar al pedido y ordenó al gobierno confeccionar “un plan estructural de Salud que incluya un protocolo de atención del SAME, de implementación inmediata, que garantice el servicio de emergencia médica a los habitantes de villas, asentamientos y complejos habitacionales”. Ordenó que disponga protección a los efectores de salud. Que identifique a los empleados que protagonizaron la atención médica. Que no modifique la situación laboral de los reclamantes. Y citó a Lemus a la audiencia pública a realizarse este viernes, a las 11.30, en el Colegio Público de Abogados, en Corrientes 1441, con la presencia de los delegados de todas las villas y asentamientos porteños.
EL PAIS › LA DESGRABACION DE LAS CONVERSACIONES ENTRE LOS CHOFERES Y OPERADORES DEL SAME
“Van a venir todos los negros a armar un bardo tremendo”
“El caso del señor Humberto Ruiz es un exponente claro de la desidia, la desorganización, el prejuicio, la xenofobia y el racismo, la incoherencia y el desprecio”, sostuvo el juez Gallardo. Pero para dar una imagen clara de lo que puso en palabras escritas, el juez citó las transcripciones completas de las conversaciones entre dos choferes de dos ambulancias y dos operadoras del servicio de emergencias, que participaron en el caso de Sapito. Las conversaciones fueron secuestradas luego del allanamiento al SAME el viernes pasado y demuestran no sólo la existencia de escolta policial (tal como lo informó este diario), y la posible existencia de una orden de no ingresar ambulancias a las villas, sino el modo despectivo y denigrante con que se refirieron los choferes hacia los familiares y habitantes de la villa.
Ambulancia 1: –Same, Same.
Operador 1: –Adelante, buenos días.
A1: –Auxilio.
O: –Auxilio 11089... villa 31... manzana 24, 24 casa 22... manzana 24 casa 22, es una (inaudible) código rojo, 659 (inaudible) espera en correo viejo. (Da el punto de encuentro con los familiares para ingresar.)
A1: –(inaudible) en 4 y 5... no entramos al barrio YPF.
O: –Bueno, recibido, ¿la dotación?
A1: –(inaudible) Rodríguez.(Después de unos minutos.)
A1: –Fernández 1.
O: –Aquí, Same.
A1: –Estoy 4 y 5 (son las calles) esperando el patrullero. Si te podés comunicar, vamos a llegar al destacamento, no podemos entrar ahí, al barrio YPF.(...)
A1: –Negativo, patrullero de la 46 tiene uno solo y no está acá. Estoy con personal policial de la 46 pero que está de parada ahí, son dos policías.
O: –Bueno, recibido.
A1: –No hay patrullero, por favor comunicate y que vengan al destacamento. Nosotros no podemos entrar.
O: –Bueno (dice al rato), ahí comuniqué yo con el solicitante. Dicen que ellos están en el correo viejo, ¿a Uds. les queda muy mal ir hasta ahí?
A1: –Está bien, están en el correo viejo y ¿quién entra ahí? Porque la ambulancia no entra hasta ahí, no se puede entrar, eeh por favor que vengan al destacamento, es la única forma que podemos hacer contacto con el paciente.
A1: –¿Te pudiste comunicar? –pregunta el chofer al rato.
O: –Sí, cómo no me voy a comunicar, nunca pueden entrar, nunca.
A1: –¿Cómo?
O: –Ahí están comunicados con mi supervisora porque dicen que no pueden ir hasta el destacamento.
A1: –Bueno, no entramos a ese lugar porque es muy peligroso.(...)
O: –Está bien, ya se los informo tanto al comando como a los solicitantes, que es tan caprichoso el solicitante y dice que está en el correo viejo, ahora va a ir el patrullero para ver si los pueden mover, si pueden moverse de ahí.(...)
O: –A ver, no te entiendo, Fernández
1. El policía se retira, ¿y vos también te vas a retirar?
A1: –Afirmativo, me voy con la policía... Sí, no me voy a quedar acá en la villa. Me voy a 4 y 5 con personal policial. Fijate qué van a hacer.(Cambia la ambulancia.)
O: –Fernández
3, auxilio 11103... 11103, dirigite por favor al correo viejo... correo viejo, en vía pública como convulsiones, ocho y cincuenta y cuatro la hora de transmitido.
A3: –A ver si me queda claro, ¿el paciente está en el correo viejo o me está esperando el familiar? Porque yo no entro a la villa, eh.
O: –No, no, está el paciente en el correo viejo.
A3: –Entonces no tiene nada, ¿de qué convulsiones estamos hablando? Listo, chau.(Cambio de operador.)
O2: –Si no te llevan el paciente ahí, no entrés.
A1: –No, no, no voy a acercarme ni siquiera al correo si no aparece un patrullero de paso.
O2: –No, porque ¿viste? Los únicos que ponemos la caripela somos nosotros, es fácil ¿viste? Andá, entrá, pero si no te lo llevan, no hagás el auxilio.
A1: –Aparte es el mismo auxilio de Fabián.(Más adelante.)
A1: –Acá la gente me está diciendo que le prestemos la camilla.
O: –No, negativo Fernández
1, eh.(...)
A: –Yo me retiré ya del correo, yo no me voy a quedar más porque en cualquier momento van a venir todos los negros y van a armar un bardo terrible. No voy a entrar adentro de la villa si no sacan al paciente. Ellos dicen que no hay forma de sacarlo, le dije “sacalo con un carro que es mucho más fácil que una camilla”, no lo quieren hacer, hay que llevar la ambulancia a la puerta de la casa y yo no voy a entrar a la villa bajo ningún punto de vista.
O: –Que te retires del lugar porque nos comunicamos con el doctor Crescenti y nos dijo que si no tenés custodia policial que te retires.(...)
A1: –¿Sabés cuál es el problema, eeh? Que ahí hay bardo, yo vengo de ahí, de ese bardo.
O: –Pero para mí que es todo lo mismo del auxilio de hoy que fue (inaudible).
A1: –Sí, no hay patrullero en el lugar. Me estoy acercando, hay un policía que está de consigna acá en una concesionaria.

Gallardo pone Justicia en Salud

La Justicia citó a tres ministros porteños por la muerte en la Villa 31

El juez Roberto Gallardo citó a una audiencia pública a Jorge Lemus, Guillermo Montenegro y a Horacio Rodríguez Larreta para que se esclarezca por qué Humberto Ruiz no recibió atención médica. Además, ordenó garantizar el servicio de emergencias en villasEl juez Roberto Andrés Gallardo citó al ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, a su par de Seguridad, Guillermo Montenegro, al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta y al procurador general de la Ciudad, Ramiro Monner Sanz, a una audiencia pública por la muerte de Humberto Ruiz, fallecido sin asistencia médica en la Villa 31El magistrado resolvió convocar "con carácter de personal e indelegable" a los funcionarios porteños a una Audiencia Pública para el día viernes 15 de abril a las 11.30, que se llevará a cabo en la sede del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.En la resolución, Gallardo explica que la citación es para identificar "a los empleados públicos que protagonizaron la atención médica del Señor Humberto Ruiz el pasado día 5 de abril en el barrio Villa31/31bis".Además, el juez solicitó al Gobierno de la Ciudad elaborar un plan que incluya un protocolo de atención del SAME y la protección de efectores y usuarios de los servicios de atención primaria en centros de salud y hospitales.En la resolución, el magistrado dispuso:"1.- HACER LUGAR A LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ORDENANDO al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud, que en FORMA INMEDIATA:1.I. CONFECCIONE un plan estructural de Salud que incluya un protocolo de atención del SAME, de implementación inmediata, que garantice el servicio de emergencia médica a los habitantes de las villas, asentamientos y complejos habitacionales (Soldati , Piedrabuena, Lugano, etc) de la Ciudad de Buenos Aires, en tiempo oportuno y seguro, y con las medidas de contingencia necesarias para que dicho servicio no se vea interrumpido por la falta eventual de recursos humanos de la Policía Federal Argentina. El plan deberá ser presentado en la Audiencia Pública a celebrarse conforme lo dispuesto en el punto 3).-1.II.- DISPONGA un plan de protección que efectivice las garantías en las condiciones de seguridad e integridad psicofísica de los efectores y usuarios de los servicios de atención primaria de salud en los CESACs y hospitales que prestan el servicio público de salud a las comunidades afectadas (Villas, asentamientos y barrios pobres de la Ciudad), proveyendo de inmediato los recursos humanos idóneos para prevenir y contener hechos de violencia y conflictividad que pongan en riesgo la integridad psicofísica de los profesionales y usuarios del servicio de salud en las villas.1.III.- IDENTIFIQUE a los empleados públicos que protagonizaron la atención médica del Señor Humberto Ruiz el pasado día 05 de abril en el barrio Villa 31/31bis, debiendo comunicarlo el tribunal en el término de un (1) día.2.-ESTABLECER medida no innovativa ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mantenga inalterables las condiciones laborales de los profesionales y empleados del GCBA que han solicitado y/o adherido a la presente acción.-3.- ORDENAR se extraigan fotocopias certificadas de la presente y que las mismas sean remitidas con carácter de urgente a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 7 que investiga los hechos del día 05 de Abril de 2011 que culminaron con la muerte de Humberto Ruiz. 4.- ORDENAR a los fines de cumplimentar lo resuelto en los puntos 1) y 2) la celebración de una Audiencia Pública para el día viernes 15 de abril de 2011, a las 11.30hs, la que se llevará a cabo en la sede del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sito en Av. Corrientes 1441 de esta Ciudad, y a la que deberán comparecer con carácter de personal e indelegable el Sr. Ministro de Salud del GCBA, Sr. Jorge Lemus quien deberá exponer -en el mismo carácter- sobre los puntos 1.I y 1.II bajo apercibimiento en caso de inasistencia injustificada, de comparecer traído por la fuerza pública. También deberán comparecer en dicha oportunidad el Sr. Ministro de Seguridad y Justicia del GCBA, el Dr. Guillermo Montenegro; el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros del GCBA, Dr. Horacio Rodríguez Larreta; y el Sr Procurador General de la Ciudad, Dr. Ramiro Monner Sanz, por parte del GCBA y serán citadas además las autoridades de las Juntas Vecinales de las villas 21/24, 20, 31 y 31bis, Piletones, Villa 3 y 1-11-14 (Intervención), el equipo de sacerdotes villeros (Vicaría Sacerdotal de Villas de Emergencia), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), la Señora Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Señor Presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Jorge Selzer.5.- PONER EN CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri.COMUNÍQUESE A LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA a través de la oficina de Enlace con el P.J.C.A.B.A. a los fines del dispositivo de seguridad necesario para la celebración de la audiencia.Regístrese, notifíquese a los interesados y a la Asesoría Tutelar de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 1, en su público despacho a cuyo fin confiérase vista por el término de un (1) día. Notifíquese a la Procuración General de la Ciudad y todos los citados en forma personal, por Secretaria, en el día, con carácter de urgente y con habilitación de días y horas inhábiles." 45

En la Ciudad falta salud

Macri no hace justicia con la salud
Los jueces ordenaron obras edilicias, provisión de servicios básicos y nombramiento de personal en, entre otros centros, el Lagleyze, el Quemado, el Alvear, el Borda y el Garrahan. Hubo embargos, multas y hasta pedidos de destitución del ministro de Salud


Por Irina Hauser

Ante la orden judicial de reabrir y reacondicionar el centro oftalmológico Lagleyze, la respuesta del gobierno porteño fue dejarlo sin calefacción, agua caliente e insumos. En vez de nombrar doce enfermeros en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear, propició el cierre del servicio de adolescencia. Cuando una jueza lo conminó a terminar la lavandería del Tobar García, dijo que era mejor mandar la ropa al Moyano, que está cerca y tendría la suya lista en seis meses, o por qué no contratar un “delivery”. De las obras edilicias indicadas para el pabellón central del Borda hace dos años y medio, concretaron el 0,68 por ciento. Aún después de Cromañón y con una sentencia firme, el Hospital del Quemado sigue sin tener terapia intensiva pediátrica. Todo esto es sólo una pequeña muestra de lo que se ha convertido en una práctica recurrente de la administración de Mauricio Macri: incumplir las órdenes judiciales, en especial, aquellas destinadas a mejorar la atención y la salud de los ciudadanos.

El caso de la ambulancia que debía estar en la villa 21-24 y nunca llegó tuvo como consecuencia palpable la muerte de un chico de 14 años baleado al resistirse al robo de sus zapatillas. El trágico desenlace tiene una única explicación: el ministro de Salud porteño Jorge Lemus se resiste a acatar la orden de poner una ambulancia en forma permanente en el centro de salud (Cesac). Pedía seguridad para los médicos, pero rechazaba la custodia de un policía federal. Casi como concesión, ofreció disponer de una ambulancia del Hospital Penna que –prometió– tardaría entre “siete y diez minutos” en llegar. El sistema se estrenó el 19 de abril. El 20 una mujer llamó porque su hija de cinco años tenía una hemorragia genital: “La ambulancia no entra en esa zona”, le dijeron. Un día después, Luis Ponce, el chico tiroteado, se desangró en la calle mientras el barrio reclamaba por teléfono la presencia del SAME, que tardó 45 minutos.
La medida de garantizar una ambulancia era parte de un plan de asistencia a los adictos al paco, que también requería nombrar psicólogos y pediatras. Ni la ambulancia ni los especialistas aparecieron pese a las sucesivas intimaciones. Lemus fue denunciado penalmente y la Cámara de Apelaciones del fuero contencioso confirmó que debe pagar una multa de 500 pesos diarios.
“Todos los gobiernos discuten los fallos. Pero el incumplimiento sistemático es una característica del actual, y en especial del Ministerio de Salud. Antes no vimos nada igual”, le dijo a Página/12 el asesor tutelar Gustavo Moreno, impulsor –entre muchos otros– del expediente de la ambulancia. El legislador Jorge Selser, quien preside la Comisión de la Legislatura, señaló que “el abandono de las obras, que están paralizadas, y el incumplimiento de las demandas no se corresponden con la situación de holgura económica que hay en la Ciudad”.
Las multas o pedidos de destitución son un punto al que los jueces llegan, tras varios intentos, cuando no ven voluntad de nada. Esta semana, como informó Página/12, la jueza Elena Liberatori dictó una tercera medida cautelar con un plazo de cinco días para que el gobierno inicie las obras de calefacción y agua caliente en el centro oftalmológico de Paternal Pedro Lagleyze y se efectivicen 27 nombramientos.
En una de las tantas audiencias judiciales por la situación del Lagleyze, uno de los funcionarios de Salud sinceró el criterio oficial en un cuarto intermedio: no quieren invertir en hospitales que, como éste, atienden un 84 por ciento de pacientes que vienen de otras provincias o países limítrofes. El mismo argumento fue esgrimido, también fuera de micrófono (pero ante varios testigos) frente a la demanda iniciada por la Asociación de Profesionales del Garrahan, que denunció que el gobierno porteño no cumple con el aporte del cincuenta por ciento del financiamiento del hospital que le toca (la otra mitad la aporta la Nación). Liberatori los invitó a saldar la deuda. La respuesta fue el silencio. Entonces trabó un embargo sobre las cuentas porteñas por 14 millones de pesos adeudados de 2009, aprobados por la Legislatura, y que tenían destino fijo: el área de ortopedia y yesos, la construcción de dos quirófanos, el reemplazo de calderas rotas y equipos diversos. El macrismo apeló.

Los niños y los locos
Con los hospitales psiquiátricos parece haber una fijación. Los problemas del Torcuato de Alvear son previos a la llegada de Macri al poder, pero a él le tocó dar las soluciones indicadas por Juan Vicente Cataldo y que una sentencia de Cámara dejó firmes en junio de 2007. Debía resolver la sobrepoblación, la falta de personal, la carencia de plan de evacuación, arreglar la red de gas y hacer refacciones para dar mínimas condiciones de alojamiento dignas. Un informe de la asesoría tutelar dice que en tres años las obras avanzaron sólo un 8 por ciento y que las partidas asignadas no fueron ejecutadas, por lo que finalmente se trabó un embargo por 8,2 millones de pesos. El año pasado, la dirección del hospital reclamó al menos doce enfermeros: en mayo último, sin novedades, tuvieron que cerrar el servicio de adolescencia.
En el Borda, los vidrios rotos en el servicio de admisión y los baños hediondos del helado pabellón para los pacientes duales (adictos y psquiátricos) pintan el más leve retrato de un lugar donde se supone que el que entra debería salir mejor. Como salvedad, los informes judiciales aseguran que la atención médica es buena. Desde mayo de 2008 la Justicia señaló la necesidad urgente de obras edilicias, eléctricas, cloacales, de gas y agua potable, y al menos setenta nombramientos de médicos y enfermeros. Hace un mes la jueza Andrea Danas insistió con una nueva medida cautelar similar, donde también pidió sábanas, muebles y protección contra incendios.
El colmo es la batalla judicial por el Hospital Moyano, que inició Soledad Acuña cuando era legisladora de PRO y presidía la Comisión de Salud. Ahora es subsecretaria de Promoción Social y ya no sigue el expediente. En noviembre de 2007 la jueza Alejandra Petrella le dio un año al gobierno para dotar al psiquiátrico de “condiciones de habitabilidad”. En lugar de asumir el problema que alguna vez le interesó, la gestión macrista apeló el fallo y como la Cámara lo confirmó hizo un planteo de inconstitucionalidad al Superior Tribunal, que lo tiene a estudio.

Promesas al viento
El caso del neuropsiquiátrico Carolina Tobar García es uno de los que llegaron a los términos más duros. A fines de 2008 la jueza Liberatori ordenó una reforma edilicia integral, condiciones de seguridad y nombramiento de profesionales “en un plazo razonable”. El gobierno apeló. En junio de 2009 la Cámara advirtió que “la vulnerabilidad social en la que se encuentran los pacientes del Tobar García no admite más demoras” y que no se puede depender de “los holgados tiempos de la administración”. Condenaba “directamente al jefe de Gobierno”. En abril, el titular de Recursos Físicos, Moisés Aruj, dijo que estaba previsto terminar la segunda etapa de obras, pero no dio un cronograma. La tercera etapa, agregó, entraría en “el plan plurianual 2011/2012” (cuando el PRO ni sabe si seguirá siendo gobierno). Y comentó que el lavadero no se haría porque se podía mandar la ropa al Moyano, que tendría su propia lavandería en seis meses, “o tercerizar tipo delivery”, comentario llamativo teniendo en cuenta que tramita una denuncia por el presunto direccionamiento de una licitación millonaria para el lavado de ropa de hospitales. Liberatori pidió la destitución del ministro Lemus por “mal desempeño” al desatender las “obligaciones a su cargo”.
La “falta de presupuesto” y la objeción a que la Justica señale los incumplimientos de un gobierno y obliguen a revertirlos son las principales banderas de la gestión macrista para justificar sus incumplimientos cuando de salud se trata. Un fallo reciente de la Sala 2 de la Cámara del fuero contencioso dice que la falta de plata no es un argumento válido en estos casos donde hay un derecho tan elemental en juego. El gobierno porteño puso en tela de juicio el fallo de la jueza Petrella que lo conminaba a montar una sala de terapia intensiva pediátrica en el Hospital del Quemado, una falta incomprensible en la era pos Cromañón. Ya hay sentencia firme, pero la sala no está.
“Es insólito que hablen de falta de plata, cuando el año pasado el presupuesto de salud, de 3900 millones de pesos, fue subejecutado en un 17 por ciento”, cuestiona el legislador Selser, quien atribuye el comportamiento a que “han transferido fondos al embellecimiento de la ciudad y a la Policía Metropolitana”
La historia del “hospital” de Lugano retrata la lógica que tiñe a las deudas con la salud en el ámbito porteño. El establecimiento debía crearse porque así lo dijeron primero una ordenanza (en los noventa), luego una ley (en 2005) y también la Justicia (en 2006). Macri lanzó allí su campaña para jefe de Gobierno, se sacó una foto con una nena en medio de un basural y prometió construir el hospital, con capacidad para atender 200 mil personas. Lo que inauguró hace dos años se parece poco a un hospital: es un centrito de salud que ni siquiera tiene guardia y nunca se requirió el presupuesto para una segunda etapa que, a falta de iniciativa, tuvo que ser ordenada por la jueza Liberatori.
Lugano es uno de los barrios más pobres de la ciudad, y tiene el índice más elevado de mortalidad infantil, un indicador que después de cinco años de estar en baja, el gobierno PRO logró que aumentara en un punto por mil durante 2009 en toda la Capital. La legisladora Gabriela Cerruti advirtió que no es un problema de falta de dinero: el gobierno porteño cuenta con recursos proporcionados por la Nación a través del Plan Nacer, pero no los usa, según surge de un informe del Ministerio de Salud Nacional y otro del Banco Mundial.
Con las cifras de mortalidad infantil en carpeta, el cúmulo de fallos incumplidos, los pedidos de destitución contra Lemus y la revelación de este diario de que además de su sueldo de ministro (25 mil pesos) cobra otro como asesor de una mutual (16 mil pesos), la oposición reclama su renuncia. En estos días analiza su interpelación y remoción. En una sesión del 24 de junio, en racconto del panorama hospitalario sumaron a los casos señalados por este diario “la grave situación en el Hospital de Gastroenterología Udaondo y del Rivadavia, y el incumplimiento de los términos de finalización de las obras del Hospital Durand”. A lo que se agrega la muerte reciente de dos bebés por falta de anestesistas en hospitales porteños.

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Coca Cola viola ley de publicidad

El Obelisco no será time square
El juez Gallardo hizo lugar a una medida cautelar presentada por legisladores porteños. Argumentó que la aprobación del permiso para instalar el cartel violó la ley de publicidad y que no se pidió un estudio de impacto para la seguridad vial.

Por Eduardo Videla

Un fallo judicial le ordenó al gobierno porteño apagar a partir de hoy a la cero el enorme cartel luminoso que una empresa de bebidas gaseosas había emplazado, con autorización del Ejecutivo, en la esquina de Carlos Pellegrini y Diagonal Norte. La colocación de ese letrero fue avalada por una resolución del gobierno porteño que, de acuerdo con la sentencia, vulnera la ley 2936, de Publicidad en la Vía Pública, cuya sanción había sido promovida por esa misma administración: la norma sólo autoriza a colocar carteles de no más de un metro de alto, mientras que el letrero en infracción tiene 21 metros de altura. El fallo también considera que el Gobierno de la Ciudad no realizó ningún estudio previo sobre el impacto que el cartel luminoso podría tener en la seguridad vial.

El fallo fue dictado ayer por el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo, en respuesta a una medida cautelar solicitada por los legisladores Eduardo Epzteyn y Aníbal Ibarra (del Bloque Diálogo por Buenos Aires) y Martín Hourest (Igualdad Social). El juez ordena la “desconexión y apagado de los dispositivos publicitarios antes de la 0 (cero) hora del 17 de junio del corriente” y dispone que, si no se cumple esa orden, se dé “inmediata intervención a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal” para solicitar la “inmediata desconexión y apagado” de esos dispositivos, facultando incluso, si fuera necesario, a “allanar domicilio, violentar cerradura y requerir el auxilio de la fuerza pública”.

El cartel luminoso estaba encendido desde el 1o de junio último y fue presentado por las autoridades porteñas como parte de un proyecto para convertir esa zona, denominada “Punto Obelisco”, en una suerte de Time Square porteño. Lo que llamó la atención de los legisladores opositores es que el llamativo letrero había sido autorizado por la misma gestión que dos años atrás había hecho una drástica limpieza de carteles ilegales no sólo en la avenida 9 de Julio sino también en la Lugones, con el argumento de que la contaminación visual podía provocar distracciones en los conductores de vehículos.

De acuerdo con el fallo judicial, el proceso de instalación de ese cartel estuvo viciado por irregularidades. La propuesta de la empresa Fehmsa SA, para Coca Cola de Argentina, fue analizada por la Comisión de Paisaje Urbano, encargada de autorizar excepciones a la norma sobre publicidad en la vía pública. Consistía en una pantalla de Leds (pequeños diodos luminosos de bajísimo consumo) montados sobre una tela perforada transparente, que emitirían imágenes luminosas animadas. Uno tiene 433 metros cuadrados, y el otro, 134 metros cuadrados.

La instalación fue aprobada por la disposición 1970 de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público –que depende el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que conduce Diego Santilli–, firmada por el arquitecto Juan Carlos Poli, director de esa área, el 28 de abril de este año. Pero en su análisis de la documentación el juez Gallardo advirtió que la Comisión de Paisaje Urbano no llegó a expedirse nunca sobre el mencionado cartel, con lo cual se habría vulnerado uno de los requisitos legales para la aprobación de una resolución.

Según el juez, la ley de publicidad en la vía pública establece que los carteles sobre fachadas en esa zona no pueden exceder la altura de un metro, mientras que el cuestionado alcanza 20,80 metros. Además, el magistrado advierte que la norma prevé que “los anuncios que afecten la seguridad en el tránsito” deben ser “retirados de inmediato, sin notificación alguna”.

Ante la posibilidad de que este enorme letrero luminoso afecte la seguridad en el tránsito, el Ejecutivo debió exigir, “previo a la autorización para colocar el cartel, un estudio técnico vial al respecto”. Tras solicitar un informe a la Agencia de Protección Ambiental, el juez concluyó que “no se ha efectuado estudio de impacto ambiental” sobre ese aviso publicitario. Por esa razón, ordenó el “apagado y desconexión” del dispositivo y le pidió al gobierno porteño que se abstenga de otorgar nuevos permisos para instalar publicidades luminosas animadas. Además, la diputada María José Lubertino presentó un pedido de informes para que el gobierno explique por qué aprobó esa autorización.

Ambulancia no presta auxilio a los villeros

El SAME no tiene urgencia en la villa
Una chica de cinco años con una hemorragia no fue atendida. Un joven murió antes de que llegara la ambulancia, que demoró 45 minutos. Por este tema, el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, tiene bloqueadas todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

Por Werner Pertot

El juez en lo contencioso administrativo Roberto Andrés Gallardo ordenó allanar el SAME a raíz de dos denuncias de que el gobierno porteño incumplió con un convenio por el que debía garantizar la presencia de una ambulancia en la Villa 21-24 “en un tiempo de entre siete y diez minutos”. En lugar de eso, el juez se encontró con que, en el caso de un chico que murió tras ser baleado, la ambulancia tardó 45 minutos en llegar y no contaba con la custodia de la Policía Metropolitana, que el ministro de Salud, Jorge Lemus, había comprometido. En otro caso, de una niña de cinco años con una hemorragia, cuando su madre llamó al 107, directamente le dijeron que la ambulancia no iba a ir. Ninguno de los dos hechos figuraban en los partes de esos días que la Metropolitana y el SAME enviaron al juez, por lo que ahora también deberá dar explicaciones Eugenio Burzaco.

Lemus tuvo hace un mes una audiencia en la que debió explicarle a Su Señoría y al asesor tutelar Gustavo Moreno por qué desobedeció una orden judicial de enviar una ambulancia al centro de asistencia médica (Cesac) de la Villa 21-24. El funcionario pretextó que no existía custodia policial, pero la Policía Federal presentó pruebas de que todos los días había un policía en el Cesac y que la ambulancia no fue. Los funcionarios macristas reclamaron, entonces, que hubiera un patrullero.
A raíz del incumplimiento injustificado, Gallardo bloqueó todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de Lemus, envió a la Legislatura una copia del expediente para que evalúen si hay elementos para un juicio político y mandó otra copia al fuero penal para que se le inicien una causa. En ese fuero ya existe otro caso por una licitación de lavaderos para ropa de cama de los hospitales donde se sospecha que existió cartelización y sobreprecios. Pocos días después, otra jueza también envió un pedido de juicio político a Lemus por otro incumplimiento judicial.
Lemus presentó una innumerable cantidad de rechazos y apelaciones (sobre todo, por sus tarjetas de crédito), pero no envió la ambulancia a la villa. Finalmente, el gobierno porteño ofreció que, a cambio de retirar la orden de que la ambulancia estuviera todo el tiempo en el centro de atención, se comprometía a tener otra disponible en el Hospital Penna, que tendría custodia de la Policía Metropolitana. En el escrito garantizaron que el móvil llegaría en un tiempo estimado de “siete a diez minutos”. El juez accedió al pedido y el servicio comenzó a funcionar el 19 de abril. Tanto la Metropolitana como el SAME debieron enviar partes diarios.
El 20 de abril, sin embargo, una mujer llamó al 107 para pedir ayuda porque su hija de 5 años tenía una hemorragia genital. Según denunció, la operadora le respondió que “la ambulancia no entra a esa zona. Póngale un trapo y llévela al hospital”. La mujer tuvo que pedir dinero prestado, caminar siete cuadras y tomarse el colectivo 70 hasta Casa Cuna.
El 21 de abril, un joven, Luis Ponce, caminaba rumbo a la capilla San Blas cuando fue asaltado por otros dos. Como no quiso entregar sus zapatillas, le pegaron dos balazos y quedó desangrándose en la calle. Otra mujer corrió al Cesac a pedir que mandaran una ambulancia. Además, varios vecinos hicieron llamados. El joven agonizó en la calle durante más de media hora. La ambulancia llegó 45 minutos después y ya había muerto. La ambulancia no contaba, por otra parte, con la custodia de la Metropolitana. Un móvil de la Federal llegó a la media hora.
Gallardo recibió esta semana estas dos denuncias, la de la niña por parte del asesor tutelar Moreno y la del joven asesinado por parte de miembros de la junta vecinal de la Villa 21-24. El juez corroboró que los partes de esos dos días del SAME y de la Metropolitana no dejaron ningún registro de los dos hechos. Por eso, el asesor tutelar Gustavo Moreno reclamó el allanamiento del SAME.
El magistrado ordenó esa medida para secuestrar las grabaciones de las llamadas de los días 20 y 21 de abril y comprobar las denuncias. Además, Gallardo solicitó al jefe de la Federal, Néstor Valleca, que le remita toda la información sobre el asesinato y emplazó al titular de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, para que explique por qué no figura en los registros ninguna escolta a la ambulancia y, en definitiva, informe si existió o no la custodia. El funcionario PRO tiene un día para responder.
Por otra parte, Moreno visitó los dos Cesac de la villa y comprobó que le faltan, además de la ambulancia, los cinco psicólogos para la atención del paco que ordenó la Justicia. También vio que hay pocos pediatras. “La ambulancia es supernecesaria –sostuvo Moreno ante Página/12–. Y el caso de la nenita demuestra que no quieren entrar a la villa y no hay una articulación del ministerio sobre la prestación que deben dar; este ministro tiene algunos problemas para gestionar.”

Lemus no manda la ambulancia en la Villa

JORGE LEMUS FUE CITADO POR GALLARDO Y ENFRENTA UNA DENUNCIA POR IRREGULARIDADES EN UNA LICITACION
El ministro tiene que dar explicaciones
El juez Gallardo citó en audiencia pública al titular de Salud porteño por desobedecer fallos que disponían el envío de una ambulancia a la villa 21-24. La Justicia investiga una concesión millonaria que habría favorecido a tres empresas vinculadas.

Por Werner Pertot
Hoy puede ser un mal día para Jorge Lemus. El juez Roberto Andrés Gallardo citó al ministro de Salud porteño para que explique por qué no obedeció los fallos judiciales que disponían el envío de una ambulancia a la villa 21-24 para prestar asistencia médica. Si no se presenta, Su Señoría podría enviar a la policía a buscarlo. Además, es posible que el ministro se vea inmerso en un nuevo escándalo por una licitación millonaria que está siendo investigada por la Justicia por la sospecha de que fue “dirigida” a tres empresas. Una de esas compañías –contratadas por la gestión PRO para lavar ropa de cama de los hospitales– sería clausurada hoy por el mismo gobierno porteño por no tener las condiciones mínimas de seguridad e higiene.

Lemus viene de sufrir una agitada sesión en la Legislatura, donde terminó por reconocer que “el sistema de salud está en crisis” y aclaró que “no haremos desaparecer ninguna institución de salud”. Entre silbidos, el funcionario PRO admitió que “los hospitales tienen un atraso en su infraestructura y equipamiento superior a 30 años”, aunque lo atribuyó enteramente a las gestiones anteriores. El ministro escuchó los cuestionamientos de los opositores, que le recordaron que la gestión PRO dejó vencer medicamentos por un costo de cerca de cinco millones de pesos, que el Hospital Udaondo no tiene gas hace nueve meses y que el Tornú tiene mangueras antiincendio que no están conectadas a la red de agua. “No tenemos los fondos para arreglarlo de un día para el otro”, se justificó Lemus. Luego le preguntaron por la falta de asistencia médica al Centro de Salud (Cesac) 35, que está en la villa 21-24. Lemus sostuvo que las ambulancias no van por problemas de seguridad.
La misma excusa viene presentando ante los continuos requerimientos del juez Gallardo. El magistrado ordenó a la Policía Metropolitana que le diera una custodia a la ambulancia, pero desde la nueva fuerza le informaron que no contaban con suficientes policías. Entonces, el juez consiguió que la Federal asignara un policía al Cesac 35. La respuesta del gobierno porteño fue terminante: la ambulancia fue, pero con un escribano que preguntó dónde estaba el patrullero. Como el policía estaba a pie, se volvió a subir a la ambulancia y partieron raudos. En total, la villa 21–24 contó con asistencia médica por media hora.
Ante esto, Gallardo citó a Lemus a una audiencia pública para hoy al mediodía, para que explique los motivos por los que insiste en negarse a enviar una ambulancia. Lemus está intimado a asistir personalmente “bajo apercibimiento de ejecución forzada”, por lo que si decide no concurrir el juez podría ordenar que se lo haga comparecer mediante la fuerza pública.
No es la única mala noticia que podría recibir Lemus el día de hoy. En su visita a la Legislatura, el diputado de Diálogo por Buenos Aires Aníbal Ibarra le preguntó por la licitación 1643/09, en la que se adjudicó por más de 30 millones de pesos la limpieza de la ropa de cama (sábanas, manteles, delantales) de 16 hospitales a tres empresas: Lavadero ANCA, Lavadero El Lucero y Tex Care. En particular, quiso saber por qué se factura la limpieza de las camas, sean usadas o no, y por qué se pusieron nuevas condiciones que dejaron afuera a los actuales proveedores: se exigió que tuvieran una facturación mensual superior a los 400 mil pesos, una capacidad de producción de más de 1500 kilos por hora y un espacio de lavado de 1200 metros cuadrados como mínimo.
La licitación está siendo investigada por la Justicia dado que se sospecha fue dirigida a estas tres empresas, que serían del mismo grupo o estarían cartelizadas, y que se pagaron sobreprecios. El fiscal Carlos Giménez comprobó que el dueño de ANCA es Héctor Ricardo Andrelo, casado con Magdalena Gaccetta, que era vicepresidenta de Tex Care (luego ella renunció). En el directorio de ANCA también está Estela Maris Andrelo, casada con Luis Alberto Nerguizian, que era presidente de Tex Care. Además, la madre de los Andrelo, HaydéeMouriño, sería propietaria del 50 por ciento de ambas compañías, según la denuncia que investiga el juez Alberto Baños. En tanto, la tercera empresa, El Lucero, hizo una oferta por la cifra exacta de sus presuntos competidores, pero por los tres hospitales en los que ellos, casualmente, no se interesaron.
Este año, el gobierno porteño hizo una inspección en el lavadero El Lucero y se encontró con que la instalación era precaria: tenía problemas de evacuación, de ventilación, en las calderas, y los empleados trabajaban con condiciones de higiene inadecuadas. Hoy sería clausurada por la misma administración que le dio el lavado de la ropa de los hospitales

Facho que huyó despavorido

EL PAIS › ROBERTO APELBAUM RENUNCIO A LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD

De salida con rumbo a la Justicia
El funcionario macrista alegó “motivos personales”. Ayer mismo debía comparecer ante el juez Roberto Gallardo. Es investigado por sus dos años de gestión al frente del organismo. Su desempeño podría derivar en la apertura de una causa penal.

Por Gustavo Veiga
Roberto Apelbaum renunció a la presidencia del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), pero deberá rendir cuentas ante la Justicia por sus dos años de gestión. Ayer notificó en el Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño su dimisión al cargo en el que lo había designado Mauricio Macri cuando asumió la Jefatura de Gobierno a fines de 2007. Lo hizo en el expediente 26.034/0 donde Roberto Andrés Gallardo tramita un amparo (“Medina-Benítez contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”) por un reclamo de vivienda. La conducta del ahora ex funcionario podría derivar en una investigación penal, ya que el juez remitió una causa a ese fuero. A cargo del organismo quedó momentáneamente Eduardo Petrini (ver aparte), quien llegó a la función pública desde Boca Juniors gracias al ingeniero y ex presidente del club.

A las 11.30, Apelbaum había sido citado por Gallardo a una audiencia en la que no compareció. En su lugar, se presentó el gerente de Asuntos Jurídicos del IVC, Ricardo Yapur, acompañado por el procurador de la ciudad, Ramiro Monner Sanz. El primero notificó en el expediente del amparo que el ex funcionario había renunciado por “motivos personales” el 3 de febrero. Al arquitecto Apelbaum, un profesional que llegó a la gestión pública desde el grupo IRSA, lo apremiaban las numerosas diligencias judiciales que derivaban de la raquítica política de vivienda del organismo a su cargo. Una y otra vez, el IVC se transformó en un tema de investigación recurrente para Gallardo por las decenas de amparos individuales y colectivos que recibía.
Una fuente con acceso a los expedientes, que no es el juez, le confió a Página/12 que de ellos “se desprende una inacción absoluta del IVC”. Sea por la razón que fuere, una baja sensible de su presupuesto, la transferencia de competencias a la Corporación del Sur o la sospecha de negociados, el paso de Apelbaum por el organismo disparó cuestionamientos que se reprodujeron a escala simétrica en la Justicia. La razón de ser del IVC se transformó en una caricatura desde que el funcionario fue designado por Macri.
Sin embargo, antes de que el PRO accediera al gobierno ya había problemas. El ejemplo más elocuente de la política actual y aquellas que la precedieron, son las derivaciones del incendio ocurrido en Villa Cartón el 8 de febrero de 2007. Allí vivían 470 familias que vieron agudizados sus problemas habitacionales, inclusive pese a que ya soportaban precarias condiciones de vivienda. Las obras del IVC para brindarles asistencia se fueron demorando, los amparos se volvieron un asunto corriente y Apelbaum renunció en ese contexto.
En marzo de 2007, la Defensoría del Pueblo porteña denunciaba que “pese a los compromisos públicamente asumidos por funcionarios de distinta jerarquía del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –que prometieron la entrega de las viviendas definitivas en un plazo de cuatro (4) meses– las obras de construcción ni siquiera se han iniciado”. Gobernaba en ese momento Jorge Telerman. Hoy ocurre otro tanto o aun peor.
Con la administración de Macri se profundizó el déficit habitacional, se subejecutó presupuesto y la mayoría de las obras previstas se retrasaron, realizaron mal o quedaron suspendidas. El IVC se creó en 2003 mediante la ley 1251 y fue concebido como una institución superadora de la Comisión Municipal de la Vivienda. Su misión es la de planificar y ejecutar las políticas habitacionales del gobierno para dar respuesta definitiva a los problemas de vivienda de los sectores de menores recursos. Un piso de 500 mil porteños tiene problemas de vivienda.
“Apelbaum renunció pero deberá responder por las acciones que instrumentó durante su gestión, que duró más de dos años. La inacción del IVC se desprende de varios expedientes y no de uno”, completó la fuente judicial que aportó un dato clave. El 70 por ciento de lo que se obtiene por la industria del juego en la ciudad debería ser destinado al instituto. Con todo, de aquel núcleo que componían las 450 familias de Villa Cartón, el IVC sólo resolvió los problemas de vivienda en cuatro casos, según datos que se desprenden de las causas que tiene Gallardo. Y mediaron situaciones apremiantes de salud de integrantes de esos grupos familiares para que, en lugar de un magro subsidio del Ministerio de Desarrollo Social que no alcanzaba para procurarse el techo, les entregaran una vivienda más o menos digna. El arquitecto que acaba de irse dejó esa deuda habitacional pendiente

Entrevista a Gallardo

Martes, 07 de Mayo de 2002



Roberto Andrés Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires
“Nosotros no somos un conjunto de cobradores calificados de la ciudad”






Los retratos del Che Guevara y Alfredo Palacios se destacan en el despacho de Roberto Andrés Gallardo, uno de los doce jueces en lo Contencioso Administrativo Y Tributario de la ciudad de Buenos Aires que desde el año 2000 se encarga, entre otras cosas, de lidiar con el desconocimiento sobre la materia que evidencian muchos letrados porteños.
"Un gran grupo no sabe, o sea, sabe de la existencia del fuero, pero desconocen la existencia del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires y hasta de la Constitución de la ciudad, entre otras cosas", señala el magistrado, integrante de un fuero que, en razón de su amplia competencia, entiende desde casos de accidentes de transito hasta pedidos de autorización para inducir partos en casos de fetos con malformaciones genéticas.
Gallardo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el mismo que en un fallo describió a los decretos que conforman el corralito "como verdadera cabeza de un monstruo político concentrador de poder y avasallador de derechos y garantías, que la sociedad en su conjunto ha de detectar y neutralizar", cuenta que debe encargarse de un total de veintitrés mil causas, ochenta por ciento de las cuales son ejecuciones fiscales. "Muchos pensaron que íbamos a ser un conjunto de cobradores calificados. Pero nosotros, si bien le damos suma importancia a las ejecuciones fiscales, tenemos un criterio garantista y no somos un mero apéndice que se dedica sólo a cobrar las cosas del Gobierno de la Ciudad".
Dada la importancia de este joven fuero para el ejercicio de la profesión de muchos letrados que ejercen en la ciudad de Buenos Aires, al final del reportaje el lector podrá descargar en su computadora el texto completo del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires.


Diariojudicial.com: ¿Cuáles son las principales cuestiones que pasan por su juzgado?

Roberto Andrés Gallardo: En un ochenta por ciento, se trabaja con ejecuciones fiscales. una parte llegó del fuero nacional en lo civil y la otra parte nos vino de los contravencionales, se trabajan cerca de diecisiete mil ejecuciones en este juzgado, sobre un total de veintitrés mil causas. Las ejecuciones fiscales, por su cantidad, plantean temas de volumen y temas de organización.

Dju: ¿ Estas ejecuciones tienen diferencias en cuanto a lo procesal con las que se hacían en el civil, donde se usa el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación?

RAG: Yo creo que en términos procésales no hay diferencias, si se las puede encontrar en el manejo de los jueces. Para los jueces civiles, las ejecuciones fiscales de la que era Municipalidad de Buenos Aires tenían un carácter residual, en cambió para nosotros es una situación de mayor trascendencia. Esto marca una diferencia cualitativa en cuanto al trato que se le da, sin desmerecer la labor de los jueces civiles.

Dju: ¿Pero ese escaso interés por las ejecuciones fiscales era culpa de los juzgados civiles o de los representantes de la Municipalidad?

RAG: Hay dos cuestiones que son separables: por un lado está el rol de los juzgados, nosotros tenemos una posición frente al tema, en cuanto a como tomamos el tema de las ejecuciones para la ciudad, y por el otro, cómo se comportan los representantes del fisco, en esto no ha habido mucha evolución, creo que este cuadro un tanto disfuncional que planteaban las ejecuciones en el ámbito civil de alguna manera, en cuanto a como se ejecuta, no ha sufrido una sustancial modificación. Y esto genera algunas posturas que se mantienen bastante tirantes.

Dju: ¿De qué tipo de posturas hablamos?

RAG: Básicamente cuestiones formales. En este fuero, la primea instancia es muy garantista en términos tributarios, no le damos curso a una ejecución que se plantea con una certificación sin firma, porque es como ejecutar un cheque sin firma, o cuando exigimos que el que firma sea un autorizado. Pero nos topamos que para algunos representantes del fisco estos temas no son tan importantes.

Dju: ¿Y qué pasa en la segunda instancia?

RAG: Se han tenidos criterios, más amplios que la primera instancia. Han sido un poco más permisivos con estas cuestiones.

Dju: Es muy común, en fueros como este, decir o pensar que la creación del mismo obedece a que la intención es convertirlo en una especie de cobrador de lujo del Estado. ¿Cómo lo siente usted?

RAG: Muchos pensaron que íbamos a ser un conjunto de cobradores calificados. Pero nosotros, si bien le damos suma importancia a las ejecuciones fiscales, tenemos un criterio garantista y no somos un mero apéndice que se dedica sólo a cobrar las cosas del Gobierno de la Ciudad.

Dju: ¿Cómo terminan estos casos en la practica? ¿El Gobierno de la ciudad concreta las ejecuciones?

RAG: En un poco prematuro porque el fuero es muy reciente y las ejecuciones llevan su tiempo, pero hay casos en donde se termina llevando adelante la ejecución, otros donde las rechazamos por cuestiones de fondo. Tenemos un criterio mucho más abierto que otros fueros y solemos abrir un poco la prueba con el fin de no llegar a sentencias que sean un disparate.

Dju: ¿Qué duración tiene una ejecución fiscal en primera instancia?

RAG: Es relativo, como no hay un impulso de oficio el tope lo pone el plazo de caducidad, pero en teoría en seis meses la cosa debería estar resuelta, sin contar el remate. Hasta ahora no tengo ejecuciones concretadas y no tengo liquidación de bienes. Aquí el gran cambio lo tiene que hacer el gobierno de la ciudad. Si el Estado no cambia la forma en que opera en la materia se termina perdiendo mucho dinero en la ejecución de cobros por sumas ínfimas o con mandatarios que no pueden negociar con los ejecutados en los casos concretos y esto genera en definitiva la imposibilidad de cobro.

Dju: ¿En alguna de estas ejecuciones se formularon planteos pidiendo la suspensión del proceso, fundado en el artículo 16 de la ley 25.563, que solo parece excluir las ejecuciones del Fisco Nacional?

RAG: Tenemos varios planteos fundados en la emergencia. Aún no se ha resuelto en el fuero si las leyes de emergencia económica dictadas por el gobierno nacional tienen o no aplicación en la ciudad.

Dju: ¿No hubo ningún juez de primera instancia que se haya expresado sobre ese tema?

RAG: No, son planteos muy recientes. Acá tenemos que distinguir que existe gente que se aviva y habla de que no puede hacer frente a los impuestos, cuando en verdad puede pagar .

Dju: ¿El otro 20 por ciento de las causas que temas abarca?

RAG: Tenemos procesos ordinarios, que tienen como actor o demandado al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto son amparos y medidas cautelares.

Dju: ¿Cómo manejan estas causas tan dispares, que ventajas da el marco jurídico de la ciudad comparando el que existe al nivel nacional?

RAG: En materia de amparos, por ejemplo, hay dos líneas, una que entiende que aún está vigente, después de la reforma constitucional nacional de 1994 y de la sanción de la Constitución de la Ciudad, la ley nacional de amparo 16.986 y aquellos que entendemos que estas reformas constitucionales marcaron el final definitivo de la 16.986. Los que seguimos este último criterio entendemos que los artículos 10 y 14 de la Constitución de la ciudad son plenamente operativos sin necesidad de ley alguna y nos permiten usar el criterio que pensemos que es el más correcto según la situación. No es lo mismos un chiquito que se muere que un amparo por el revaluó fiscal...

(N de la R: Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
"ARTICULO 10.- Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y esta no puede cercenarlos.
ARTICULO 14.- Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte.
Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor.
El agotamiento de la vía administrativa no es requisito para su procedencia.
El procedimiento está desprovisto de formalidades procesales que afecten su operatividad. Todos los plazos son breves y perentorios. Salvo temeridad o malicia, el accionante está exento de costas.
Los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva.")

..Obvio que una posición como la nuestra a la Administración no le gusta mucho, porque todo lo que sea capacidad de maniobrar sobre los hechos y las urgencias y se exige de la administración respuestas rápidas.

Dju: ¿Cómo es la respuesta el fuero frente a los amparos?

RAG: Tiene matices, en juzgados como este hemos declarado la inconstitucionalidad del 80 por ciento de los artículos de la ley 16.986 con lo cual prácticamente no existe....

Dju: ¿ Cuándo fue esto?

RAG: Fue a principios del año pasado. Desde ese momento se creó una división entre los juzgados. Están lo que aplican la ley 16.986 en forma integra, los que mencionan la Constitución de la ciudad, los que aplican algunos artículos de la ley 16.986 y no otros, en fin, una gran gama de grises.

Dju: ¿Y la Cámara que posición tiene al respecto?

RAG: La Cámara digamos, adoptó una posición donde si bien privilegia de los artículos de10 y 14 de la Constitución de la ciudad, no declaró la inconstitucionalidad de la ley 16.986, en consonancia con el Tribunal Superior.

Dju: ¿Cómo es la relación con los otros poderes?, ¿se han sentido cómodos?

RAG: Bueno, como en todos lados, hay funcionarios del Poder Ejecutivo y la Legislatura que son respetuosos de la división de poderes y los otros que todavía están confundidos y se piensan que estamos antes de octubre del ´83. Pero esto es un problema de la sociedad, nosotros tenemos que tener cada día el horizonte de trabajar por una justicia seria. Las presiones van y vienen, yo no me hago problema.

Dju: ¿Los abogados conocen el procedimiento que se usa en este fuero?

RAG: Un gran grupo no sabe, o sea, sabe de la existencia del fuero, pero desconocen la existencia del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires y hasta de la Constitución de la ciudad, entre otras cosas. Esto denota un problema de formación, que debe ser un llamado de atención para las estructuras formadoras de profesionales, las que deben adecuar la formación de abogados dados estos cambios. Después tenemos otro conjunto de gente mucho más cuidadosa, que se toma el trabajo de averiguar y hace un esfuerzo y, por último, muy pocos que llegan al fuero con las cosas claras. Se debe redoblar el esfuerzo del Colegio Público de abogados para que se brinde información sobre nosotros y como nos manejamos procesalmente.

Dju: ¿En que casos los accidentes de tránsito son competencia de este fuero?

RAG: En caso de que el accidente haya sido causado por deficiencias en las señales de transito, en la iluminación o por el estado de la calzada, o si uno de los vehículos era propiedad de la ciudad, de iluminación. Nuestro Código sigue el criterio de la competencia subjetiva...

(N de la R: Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires
"Art. 2º - De las Causas Contencioso Administrativas.
Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público. ")

...También somos competentes en daños y perjuicios derivados en accidentes producidos en alcantarillas o bocas de tormenta, por ejemplo.

Dju: ¿Qué destaca del Código Procesal que usan?

RAG: Yo pienso que un punto para destacar, es el tema de la competencia en razón de la persona demandada, hay de alguna manera un trámite distinto en relación al tema.... Es un código novedoso

Dju: ¿ Y respecto de los plazos?

RAG: No marca diferencias sustanciales con los plazos que estaban antes, pero si lo que intentamos y ahí creo que marcamos la diferencia con otras jurisdicciones, es nuestra idea de cumplir con estos plazos.

Leonardo Scolpatti y Jorge Oscar Rossi

“Te desafío, Camaño; si tenés esas carpetas, traelas”

“Te desafío, Camaño; si tenés esas carpetas, traelas”

Marcha del jueves 14 de septiembre de 2006. Hebe de Bonafini

Esta mañana acompañé al juez (Roberto Andrés) Gallardo, que es un juez intachable, que por haber cerrado el Casino, ese que está en el barco, fue procesado porque dicen que eso que hizo no corresponde. Ese barco entró clandestinamente, ya no es un barco porque está anclado, es un casino. Entró clandestino y no tenía ninguna autorización. Como lo citaron a declarar, las Madres lo acompañamos y cuando yo saludé, porque salió Oyarbide, le dije “le pido que haga justicia”, como diciendo que esto que pasa es muy injusto.

Claro, para nosotros es muy importante acompañar en estas causas donde se demuestra que el poder político y el poder económico están siempre atados, por eso lo quieren procesar al Doctor Gallardo, que es un hombre muy jugado. Él va a dirigir la carrera de Derecho en la Universidad de las Madres, tiene muchísimas cualidades, así que como corresponde las Madres lo acompañamos.

También estuve leyendo lo que dice (Eduardo) Camaño. Camaño, si escuchás o leés por Internet esto que te digo, te desafío a que me entregues todo lo que decís que tenés contra muchos ministros de este gobierno. Vos saliste a defender a otro chorro como vos, que es Juanjo Alvarez, que la jugó de lindito, como Astiz; carilindo. La gente no le desconfiaba. Hace rato que las Madres le sacamos la frazada, le tiramos de una punta y le dijimos lo que era. Y ahora, a partir de Página 12 se dieron cuenta que las Madres teníamos razón, que es un atorrante que estuvo en la SIDE.

Y Camaño dice hoy que tiene carpetas como para ensuciar a la ministra Miceli y no sé si hay otra ministra más. Si las tiene que me las traiga y las hacemos públicas juntos. Te desafío, Camaño. Si las tenés, traelas; si no es mierda pura lo que hacés.

Ellos cacarean y se tapan y se defienden entre ellos. Pero ha llegado el momento en que ya no se puedan defender. Es tanto lo que han hecho, hay tantos Camaño, hay tantos Juanjo Alvarez. Hay gobernadores que son como ellos. Los tenemos que denunciar y tienen que dejar sus cargos. Tenemos que, como se limpia el Riachuelo, también limpiar la política. Hace mucha falta limpiar la política, y limpiar la política quiere decir echar a los malos políticos. A los traidores y a los sucios, y en eso las Madres no vamos a desmayar.

Y todos saben que mañana, 16 de septiembre, va a haber varios actos. La Noche de los Lápices, una de las tantas noches que hubo en este país. Este país tuvo varias noches negras, y esa en la ciudad de La Plata, por el secuestro de los jóvenes secundarios, fue una de las tantas noches negras. Nos preguntan a nosotros, pero para nosotros todos los días son de ellos. Todos los días son la Noche de los Lápices, la Noche de los Apagones, la Noche de las Corbatas. Todos los días para las Madres son las Noches, no hay un día especial, ni siquiera el propio día en que se llevaron a nuestro hijo es especial, porque todos los días hay un hijo que se llevaron. Todos los días hay un hijo que fue torturado, todos los días hay un hijo que fue mutilado. Está bien que los jóvenes recuerden, porque a estos pibes no se los llevaron por el boleto escolar, sino porque eran revolucionarios, porque ya compartían y convivían con los revolucionarios que eran más grandes, ya estaban llevando por delante esa tarea tan maravillosa.

Pero para las Madres todos los días tienen que ver con alguna Noche. Nos parece bien que se las recuerde, pero nosotras luchamos contra el individualismo. Las Madres queremos todo socializado, todo compartido, todo en colectivo. Mañana, la Noche de los Lápices, pero no se puede dejar de hablar de los miles y miles y miles de pibes que en otros lugares tuvieron también su Noche. No se puede dejar de hablar de los cientos de miles que fueron fusilados en las calles de este país, no se puede dejar de hablar de la época de la Triple A, donde la persecución y la muerte también eran un momento político y una noche muy negra. O las Noches negrísimas donde persiguieron a familias enteras, y las llevaron a un basural y las mataron. O las degollaron. Todas son Noches que tenemos la responsabilidad de recordar. Nadie es mejor que el otro. Nadie hizo más que el otro. Si alguien nos enseñó la solidaridad y el que todos somos iguales, fueron nuestros hijos. Y de ellos tenemos que aprender.

Gracias.

Macri pasó con la topadora por Tribunales

Macri pasó con la topadora por Tribunales
La gestión PRO querelló al magistrado y pidió su apartamiento en más de trescientas causas. Es un hecho sin precedentes. El juez había allanado el miércoles la Jefatura de la ciudad por la muerte de un bebé en un centro de evacuados.







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Por Werner Pertot

Mauricio Macri no estudió derecho. Pero ayer decidió marcar un nuevo record en recusaciones: su gobierno presentó más de trescientas contra el juez Roberto Andrés Gallardo, por lo que le quitó todas las causas que tenía en su juzgado, en un hecho del que nadie recuerda precedentes. El magistrado denunció ante el Consejo de la Magistratura que se efectuó un virtual vaciamiento de su juzgado, que es una “violación a la independencia del Poder Judicial” y dará una conferencia de prensa el próximo lunes acompañado de un grupo de legisladores. El avance de la gestión PRO contra un juez que le falló en contra en varias causas generó malestar entre los otros magistrados y críticas por parte de los opositores porteños.

El martes pasado, Gallardo convocó al jefe de Gobierno y a varios de sus ministros para que explicaran por qué no habían acatado una orden judicial que los intimaba a prestar asistencia médica “las 24 horas” en un centro de refugiados en el Parque Roca, donde sobreviven los ex habitantes de la Villa Cartón en condiciones muy precarias. En ese lugar, alejado de cualquier transporte y de los hospitales, había muerto un bebé de cuatro meses sin que hubiera ningún médico para ayudarlo.
Tanto Macri como sus funcionarios faltaron a la audiencia por la muerte del bebé, por lo que fueron denunciados penalmente por la titular de los asesores tutelares, Laura Musa, quien pidió que se requisaran los documentos que probaban que no cumplieron con las órdenes de la Justicia. Gallardo ordenó los allanamientos en siete dependencias del gobierno porteño y ese mismo día desde la Procuración porteña le contestaron con una querella por daños y perjuicios y con tres centenas de recusaciones en todas las causas en las que intervenía.
La causa por daños la presentaron por un embargo que dispuso Gallardo para que se construyeran viviendas sociales en los terrenos de Casa Amarilla, que –según indican los vecinos– Macri quiere venderle a Boca. La procuración porteña, que consiguió apartar a Gallardo de esa causa, argumentó que con el embargo se habían perdido intereses por 136.876 pesos y querelló tanto al juez como a los que reclaman una vivienda.
“Nosotros no estamos dispuestos a que siga actuando políticamente desde un cargo de juez. La ciudad tiene derecho a que sus pleitos sean dispuestos por un juez imparcial y Gallardo no lo es. No es un ataque a la independencia del Poder Judicial”, argumentó el procurador porteño, Pablo Tonelli. Luego de presentar la querella, un funcionario de la Procuración, de apellido Radice, se comunicó al despacho de Gallardo y le advirtió a su secretaria: “Les vamos a vaciar el juzgado y los vamos a dejar sin jurisdicción”. Así fue: pidieron el apartamiento de Gallardo de todas las causas por estar querellado por el gobierno. Varias fuentes judiciales explicaron a Página/12 que para apartar a un juez la querella debe ser anterior a la intervención del juez en la causa. “No lo dice la ley, pero ésa es la jurisprudencia”, sostuvieron.
En el ámbito judicial, la noticia generó mucha preocupación y malestar. Desde el Colegio de Magistrados pidieron explicaciones al Poder Ejecutivo.
“No es una metodología razonable. Si existe alguna inconducta, lo que tendrían que hacer es pedirle un juicio político”, estimaba uno de sus integrantes. Cuando es recusado, un magistrado debe entregar los expedientes a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se los sortee a un nuevo juez, mientras se resuelve el trámite recusatorio. Es por eso que ayer salían carretillas tras carretillas de papeles del juzgado de Gallardo, que fueron cargadas a un camión y enviadas a la Cámara. Un escribano enviado por el gobierno porteño certificaba que Gallardo entregara todos y cada uno de sus expedientes.
“El sistema no está constituido para recusaciones masivas ni para que vacíen un juzgado”, le planteó Gallardo a Página/12. “Lo que me preocupa más que esta cuestión procesal, que seguramente se va a resolver a mi favor, son los centenares de casos donde están en juego derechos humanos fundamentales. Todas las personas que necesitan una respuesta inmediata entraron en una dilación irreversible”, comentó. Deberán esperar, entre otros que habían presentado amparos, los habitantes del barrio Piedrabuena, los de los Piletones, los que denuncian la contaminación de plomo de la villa 20, los de las villas 21-24 y los refugiados en Parque Roca, además de vendedores ambulantes y sin techo.
Gallardo envió cartas al Consejo de la Magistratura, a los legisladores, a las autoridades del Ministerio Público y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. “Se está vaciando literalmente mi juzgado, que tendrá en pocas horas juez, pero no expedientes”, describió en las misivas. “La gravedad institucional de la situación es palmaria. Se asiste a una violación abierta del régimen republicano, de la división de Poderes y de la casi totalidad de los tratados internacionales sobre derechos humanos”, advirtió. Su Señoría planea dar una conferencia de prensa el lunes en la Legislatura, respaldado por la mayoría de los legisladores de la oposición, que cerraron filas para cuestionar la medida.