Macri no hace justicia con la salud
Los jueces ordenaron obras edilicias, provisión de servicios básicos y nombramiento de personal en, entre otros centros, el Lagleyze, el Quemado, el Alvear, el Borda y el Garrahan. Hubo embargos, multas y hasta pedidos de destitución del ministro de Salud
Por Irina Hauser
Ante la orden judicial de reabrir y reacondicionar el centro oftalmológico Lagleyze, la respuesta del gobierno porteño fue dejarlo sin calefacción, agua caliente e insumos. En vez de nombrar doce enfermeros en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear, propició el cierre del servicio de adolescencia. Cuando una jueza lo conminó a terminar la lavandería del Tobar García, dijo que era mejor mandar la ropa al Moyano, que está cerca y tendría la suya lista en seis meses, o por qué no contratar un “delivery”. De las obras edilicias indicadas para el pabellón central del Borda hace dos años y medio, concretaron el 0,68 por ciento. Aún después de Cromañón y con una sentencia firme, el Hospital del Quemado sigue sin tener terapia intensiva pediátrica. Todo esto es sólo una pequeña muestra de lo que se ha convertido en una práctica recurrente de la administración de Mauricio Macri: incumplir las órdenes judiciales, en especial, aquellas destinadas a mejorar la atención y la salud de los ciudadanos.
El caso de la ambulancia que debía estar en la villa 21-24 y nunca llegó tuvo como consecuencia palpable la muerte de un chico de 14 años baleado al resistirse al robo de sus zapatillas. El trágico desenlace tiene una única explicación: el ministro de Salud porteño Jorge Lemus se resiste a acatar la orden de poner una ambulancia en forma permanente en el centro de salud (Cesac). Pedía seguridad para los médicos, pero rechazaba la custodia de un policía federal. Casi como concesión, ofreció disponer de una ambulancia del Hospital Penna que –prometió– tardaría entre “siete y diez minutos” en llegar. El sistema se estrenó el 19 de abril. El 20 una mujer llamó porque su hija de cinco años tenía una hemorragia genital: “La ambulancia no entra en esa zona”, le dijeron. Un día después, Luis Ponce, el chico tiroteado, se desangró en la calle mientras el barrio reclamaba por teléfono la presencia del SAME, que tardó 45 minutos.
La medida de garantizar una ambulancia era parte de un plan de asistencia a los adictos al paco, que también requería nombrar psicólogos y pediatras. Ni la ambulancia ni los especialistas aparecieron pese a las sucesivas intimaciones. Lemus fue denunciado penalmente y la Cámara de Apelaciones del fuero contencioso confirmó que debe pagar una multa de 500 pesos diarios.
“Todos los gobiernos discuten los fallos. Pero el incumplimiento sistemático es una característica del actual, y en especial del Ministerio de Salud. Antes no vimos nada igual”, le dijo a Página/12 el asesor tutelar Gustavo Moreno, impulsor –entre muchos otros– del expediente de la ambulancia. El legislador Jorge Selser, quien preside la Comisión de la Legislatura, señaló que “el abandono de las obras, que están paralizadas, y el incumplimiento de las demandas no se corresponden con la situación de holgura económica que hay en la Ciudad”.
Las multas o pedidos de destitución son un punto al que los jueces llegan, tras varios intentos, cuando no ven voluntad de nada. Esta semana, como informó Página/12, la jueza Elena Liberatori dictó una tercera medida cautelar con un plazo de cinco días para que el gobierno inicie las obras de calefacción y agua caliente en el centro oftalmológico de Paternal Pedro Lagleyze y se efectivicen 27 nombramientos.
En una de las tantas audiencias judiciales por la situación del Lagleyze, uno de los funcionarios de Salud sinceró el criterio oficial en un cuarto intermedio: no quieren invertir en hospitales que, como éste, atienden un 84 por ciento de pacientes que vienen de otras provincias o países limítrofes. El mismo argumento fue esgrimido, también fuera de micrófono (pero ante varios testigos) frente a la demanda iniciada por la Asociación de Profesionales del Garrahan, que denunció que el gobierno porteño no cumple con el aporte del cincuenta por ciento del financiamiento del hospital que le toca (la otra mitad la aporta la Nación). Liberatori los invitó a saldar la deuda. La respuesta fue el silencio. Entonces trabó un embargo sobre las cuentas porteñas por 14 millones de pesos adeudados de 2009, aprobados por la Legislatura, y que tenían destino fijo: el área de ortopedia y yesos, la construcción de dos quirófanos, el reemplazo de calderas rotas y equipos diversos. El macrismo apeló.
Los niños y los locos
Con los hospitales psiquiátricos parece haber una fijación. Los problemas del Torcuato de Alvear son previos a la llegada de Macri al poder, pero a él le tocó dar las soluciones indicadas por Juan Vicente Cataldo y que una sentencia de Cámara dejó firmes en junio de 2007. Debía resolver la sobrepoblación, la falta de personal, la carencia de plan de evacuación, arreglar la red de gas y hacer refacciones para dar mínimas condiciones de alojamiento dignas. Un informe de la asesoría tutelar dice que en tres años las obras avanzaron sólo un 8 por ciento y que las partidas asignadas no fueron ejecutadas, por lo que finalmente se trabó un embargo por 8,2 millones de pesos. El año pasado, la dirección del hospital reclamó al menos doce enfermeros: en mayo último, sin novedades, tuvieron que cerrar el servicio de adolescencia.
En el Borda, los vidrios rotos en el servicio de admisión y los baños hediondos del helado pabellón para los pacientes duales (adictos y psquiátricos) pintan el más leve retrato de un lugar donde se supone que el que entra debería salir mejor. Como salvedad, los informes judiciales aseguran que la atención médica es buena. Desde mayo de 2008 la Justicia señaló la necesidad urgente de obras edilicias, eléctricas, cloacales, de gas y agua potable, y al menos setenta nombramientos de médicos y enfermeros. Hace un mes la jueza Andrea Danas insistió con una nueva medida cautelar similar, donde también pidió sábanas, muebles y protección contra incendios.
El colmo es la batalla judicial por el Hospital Moyano, que inició Soledad Acuña cuando era legisladora de PRO y presidía la Comisión de Salud. Ahora es subsecretaria de Promoción Social y ya no sigue el expediente. En noviembre de 2007 la jueza Alejandra Petrella le dio un año al gobierno para dotar al psiquiátrico de “condiciones de habitabilidad”. En lugar de asumir el problema que alguna vez le interesó, la gestión macrista apeló el fallo y como la Cámara lo confirmó hizo un planteo de inconstitucionalidad al Superior Tribunal, que lo tiene a estudio.
Promesas al viento
El caso del neuropsiquiátrico Carolina Tobar García es uno de los que llegaron a los términos más duros. A fines de 2008 la jueza Liberatori ordenó una reforma edilicia integral, condiciones de seguridad y nombramiento de profesionales “en un plazo razonable”. El gobierno apeló. En junio de 2009 la Cámara advirtió que “la vulnerabilidad social en la que se encuentran los pacientes del Tobar García no admite más demoras” y que no se puede depender de “los holgados tiempos de la administración”. Condenaba “directamente al jefe de Gobierno”. En abril, el titular de Recursos Físicos, Moisés Aruj, dijo que estaba previsto terminar la segunda etapa de obras, pero no dio un cronograma. La tercera etapa, agregó, entraría en “el plan plurianual 2011/2012” (cuando el PRO ni sabe si seguirá siendo gobierno). Y comentó que el lavadero no se haría porque se podía mandar la ropa al Moyano, que tendría su propia lavandería en seis meses, “o tercerizar tipo delivery”, comentario llamativo teniendo en cuenta que tramita una denuncia por el presunto direccionamiento de una licitación millonaria para el lavado de ropa de hospitales. Liberatori pidió la destitución del ministro Lemus por “mal desempeño” al desatender las “obligaciones a su cargo”.
La “falta de presupuesto” y la objeción a que la Justica señale los incumplimientos de un gobierno y obliguen a revertirlos son las principales banderas de la gestión macrista para justificar sus incumplimientos cuando de salud se trata. Un fallo reciente de la Sala 2 de la Cámara del fuero contencioso dice que la falta de plata no es un argumento válido en estos casos donde hay un derecho tan elemental en juego. El gobierno porteño puso en tela de juicio el fallo de la jueza Petrella que lo conminaba a montar una sala de terapia intensiva pediátrica en el Hospital del Quemado, una falta incomprensible en la era pos Cromañón. Ya hay sentencia firme, pero la sala no está.
“Es insólito que hablen de falta de plata, cuando el año pasado el presupuesto de salud, de 3900 millones de pesos, fue subejecutado en un 17 por ciento”, cuestiona el legislador Selser, quien atribuye el comportamiento a que “han transferido fondos al embellecimiento de la ciudad y a la Policía Metropolitana”
La historia del “hospital” de Lugano retrata la lógica que tiñe a las deudas con la salud en el ámbito porteño. El establecimiento debía crearse porque así lo dijeron primero una ordenanza (en los noventa), luego una ley (en 2005) y también la Justicia (en 2006). Macri lanzó allí su campaña para jefe de Gobierno, se sacó una foto con una nena en medio de un basural y prometió construir el hospital, con capacidad para atender 200 mil personas. Lo que inauguró hace dos años se parece poco a un hospital: es un centrito de salud que ni siquiera tiene guardia y nunca se requirió el presupuesto para una segunda etapa que, a falta de iniciativa, tuvo que ser ordenada por la jueza Liberatori.
Lugano es uno de los barrios más pobres de la ciudad, y tiene el índice más elevado de mortalidad infantil, un indicador que después de cinco años de estar en baja, el gobierno PRO logró que aumentara en un punto por mil durante 2009 en toda la Capital. La legisladora Gabriela Cerruti advirtió que no es un problema de falta de dinero: el gobierno porteño cuenta con recursos proporcionados por la Nación a través del Plan Nacer, pero no los usa, según surge de un informe del Ministerio de Salud Nacional y otro del Banco Mundial.
Con las cifras de mortalidad infantil en carpeta, el cúmulo de fallos incumplidos, los pedidos de destitución contra Lemus y la revelación de este diario de que además de su sueldo de ministro (25 mil pesos) cobra otro como asesor de una mutual (16 mil pesos), la oposición reclama su renuncia. En estos días analiza su interpelación y remoción. En una sesión del 24 de junio, en racconto del panorama hospitalario sumaron a los casos señalados por este diario “la grave situación en el Hospital de Gastroenterología Udaondo y del Rivadavia, y el incumplimiento de los términos de finalización de las obras del Hospital Durand”. A lo que se agrega la muerte reciente de dos bebés por falta de anestesistas en hospitales porteños.
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martes, 13 de julio de 2010
jueves, 17 de junio de 2010
Coca Cola viola ley de publicidad
El Obelisco no será time square
El juez Gallardo hizo lugar a una medida cautelar presentada por legisladores porteños. Argumentó que la aprobación del permiso para instalar el cartel violó la ley de publicidad y que no se pidió un estudio de impacto para la seguridad vial.
Por Eduardo Videla
Un fallo judicial le ordenó al gobierno porteño apagar a partir de hoy a la cero el enorme cartel luminoso que una empresa de bebidas gaseosas había emplazado, con autorización del Ejecutivo, en la esquina de Carlos Pellegrini y Diagonal Norte. La colocación de ese letrero fue avalada por una resolución del gobierno porteño que, de acuerdo con la sentencia, vulnera la ley 2936, de Publicidad en la Vía Pública, cuya sanción había sido promovida por esa misma administración: la norma sólo autoriza a colocar carteles de no más de un metro de alto, mientras que el letrero en infracción tiene 21 metros de altura. El fallo también considera que el Gobierno de la Ciudad no realizó ningún estudio previo sobre el impacto que el cartel luminoso podría tener en la seguridad vial.
El fallo fue dictado ayer por el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo, en respuesta a una medida cautelar solicitada por los legisladores Eduardo Epzteyn y Aníbal Ibarra (del Bloque Diálogo por Buenos Aires) y Martín Hourest (Igualdad Social). El juez ordena la “desconexión y apagado de los dispositivos publicitarios antes de la 0 (cero) hora del 17 de junio del corriente” y dispone que, si no se cumple esa orden, se dé “inmediata intervención a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal” para solicitar la “inmediata desconexión y apagado” de esos dispositivos, facultando incluso, si fuera necesario, a “allanar domicilio, violentar cerradura y requerir el auxilio de la fuerza pública”.
El cartel luminoso estaba encendido desde el 1o de junio último y fue presentado por las autoridades porteñas como parte de un proyecto para convertir esa zona, denominada “Punto Obelisco”, en una suerte de Time Square porteño. Lo que llamó la atención de los legisladores opositores es que el llamativo letrero había sido autorizado por la misma gestión que dos años atrás había hecho una drástica limpieza de carteles ilegales no sólo en la avenida 9 de Julio sino también en la Lugones, con el argumento de que la contaminación visual podía provocar distracciones en los conductores de vehículos.
De acuerdo con el fallo judicial, el proceso de instalación de ese cartel estuvo viciado por irregularidades. La propuesta de la empresa Fehmsa SA, para Coca Cola de Argentina, fue analizada por la Comisión de Paisaje Urbano, encargada de autorizar excepciones a la norma sobre publicidad en la vía pública. Consistía en una pantalla de Leds (pequeños diodos luminosos de bajísimo consumo) montados sobre una tela perforada transparente, que emitirían imágenes luminosas animadas. Uno tiene 433 metros cuadrados, y el otro, 134 metros cuadrados.
La instalación fue aprobada por la disposición 1970 de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público –que depende el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que conduce Diego Santilli–, firmada por el arquitecto Juan Carlos Poli, director de esa área, el 28 de abril de este año. Pero en su análisis de la documentación el juez Gallardo advirtió que la Comisión de Paisaje Urbano no llegó a expedirse nunca sobre el mencionado cartel, con lo cual se habría vulnerado uno de los requisitos legales para la aprobación de una resolución.
Según el juez, la ley de publicidad en la vía pública establece que los carteles sobre fachadas en esa zona no pueden exceder la altura de un metro, mientras que el cuestionado alcanza 20,80 metros. Además, el magistrado advierte que la norma prevé que “los anuncios que afecten la seguridad en el tránsito” deben ser “retirados de inmediato, sin notificación alguna”.
Ante la posibilidad de que este enorme letrero luminoso afecte la seguridad en el tránsito, el Ejecutivo debió exigir, “previo a la autorización para colocar el cartel, un estudio técnico vial al respecto”. Tras solicitar un informe a la Agencia de Protección Ambiental, el juez concluyó que “no se ha efectuado estudio de impacto ambiental” sobre ese aviso publicitario. Por esa razón, ordenó el “apagado y desconexión” del dispositivo y le pidió al gobierno porteño que se abstenga de otorgar nuevos permisos para instalar publicidades luminosas animadas. Además, la diputada María José Lubertino presentó un pedido de informes para que el gobierno explique por qué aprobó esa autorización.
El juez Gallardo hizo lugar a una medida cautelar presentada por legisladores porteños. Argumentó que la aprobación del permiso para instalar el cartel violó la ley de publicidad y que no se pidió un estudio de impacto para la seguridad vial.
Por Eduardo Videla
Un fallo judicial le ordenó al gobierno porteño apagar a partir de hoy a la cero el enorme cartel luminoso que una empresa de bebidas gaseosas había emplazado, con autorización del Ejecutivo, en la esquina de Carlos Pellegrini y Diagonal Norte. La colocación de ese letrero fue avalada por una resolución del gobierno porteño que, de acuerdo con la sentencia, vulnera la ley 2936, de Publicidad en la Vía Pública, cuya sanción había sido promovida por esa misma administración: la norma sólo autoriza a colocar carteles de no más de un metro de alto, mientras que el letrero en infracción tiene 21 metros de altura. El fallo también considera que el Gobierno de la Ciudad no realizó ningún estudio previo sobre el impacto que el cartel luminoso podría tener en la seguridad vial.
El fallo fue dictado ayer por el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo, en respuesta a una medida cautelar solicitada por los legisladores Eduardo Epzteyn y Aníbal Ibarra (del Bloque Diálogo por Buenos Aires) y Martín Hourest (Igualdad Social). El juez ordena la “desconexión y apagado de los dispositivos publicitarios antes de la 0 (cero) hora del 17 de junio del corriente” y dispone que, si no se cumple esa orden, se dé “inmediata intervención a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal” para solicitar la “inmediata desconexión y apagado” de esos dispositivos, facultando incluso, si fuera necesario, a “allanar domicilio, violentar cerradura y requerir el auxilio de la fuerza pública”.
El cartel luminoso estaba encendido desde el 1o de junio último y fue presentado por las autoridades porteñas como parte de un proyecto para convertir esa zona, denominada “Punto Obelisco”, en una suerte de Time Square porteño. Lo que llamó la atención de los legisladores opositores es que el llamativo letrero había sido autorizado por la misma gestión que dos años atrás había hecho una drástica limpieza de carteles ilegales no sólo en la avenida 9 de Julio sino también en la Lugones, con el argumento de que la contaminación visual podía provocar distracciones en los conductores de vehículos.
De acuerdo con el fallo judicial, el proceso de instalación de ese cartel estuvo viciado por irregularidades. La propuesta de la empresa Fehmsa SA, para Coca Cola de Argentina, fue analizada por la Comisión de Paisaje Urbano, encargada de autorizar excepciones a la norma sobre publicidad en la vía pública. Consistía en una pantalla de Leds (pequeños diodos luminosos de bajísimo consumo) montados sobre una tela perforada transparente, que emitirían imágenes luminosas animadas. Uno tiene 433 metros cuadrados, y el otro, 134 metros cuadrados.
La instalación fue aprobada por la disposición 1970 de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público –que depende el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que conduce Diego Santilli–, firmada por el arquitecto Juan Carlos Poli, director de esa área, el 28 de abril de este año. Pero en su análisis de la documentación el juez Gallardo advirtió que la Comisión de Paisaje Urbano no llegó a expedirse nunca sobre el mencionado cartel, con lo cual se habría vulnerado uno de los requisitos legales para la aprobación de una resolución.
Según el juez, la ley de publicidad en la vía pública establece que los carteles sobre fachadas en esa zona no pueden exceder la altura de un metro, mientras que el cuestionado alcanza 20,80 metros. Además, el magistrado advierte que la norma prevé que “los anuncios que afecten la seguridad en el tránsito” deben ser “retirados de inmediato, sin notificación alguna”.
Ante la posibilidad de que este enorme letrero luminoso afecte la seguridad en el tránsito, el Ejecutivo debió exigir, “previo a la autorización para colocar el cartel, un estudio técnico vial al respecto”. Tras solicitar un informe a la Agencia de Protección Ambiental, el juez concluyó que “no se ha efectuado estudio de impacto ambiental” sobre ese aviso publicitario. Por esa razón, ordenó el “apagado y desconexión” del dispositivo y le pidió al gobierno porteño que se abstenga de otorgar nuevos permisos para instalar publicidades luminosas animadas. Además, la diputada María José Lubertino presentó un pedido de informes para que el gobierno explique por qué aprobó esa autorización.
viernes, 21 de mayo de 2010
MACRI ATACA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
OCULTO EN LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO,
UN NUEVO ATAQUE A LA JUSTICIA DE LA CIUDAD.
CONVOCATORIA A CONFERENCIA DE PRENSA.
Ante el avance del proceso judicial iniciado por el PODER EJECUTIVO LOCAL, por medio del cual se enjuicia a los titulares de los Juzgados Contenciosos que cumpliendo con sus funciones asumieron su intervención en los amparos promovidos por ciudadanos de esta Ciudad de Buenos Aires, con motivo de la propuesta de designación de la Dra. Daniela Ugolini para integrar Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, los que suscriben convocan a Conferencia de Prensa para el próximo día 26 de mayo a las 15:00 hs. en la Sede de la Justicia Contenciosa de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 761.
Durante la misma se hará pública la postura de los jueces “juzgados”, que deberán comparecer, COMO DEMANDADOS, a Audiencia Pública el día 27 de Mayo a las 10:30hs. y se denunciará el nuevo intento disciplinador del Gobierno de la Ciudad que busca amordazar a los jueces y evitar sus tareas de control constitucional.
Se invita muy especialmente a los medios de difusión pública y a todos aquellos que se solidarizan con nuestra labor la concurrencia a la Conferencia de prensa, en un día de verdadero luto para la Justicia independiente de la Ciudad de Buenos Aires.----------------------------------------------------------------
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
Fdo.
Dra. Elena Amanda Liberatori
Dr. Roberto Andrés Gallardo.
UN NUEVO ATAQUE A LA JUSTICIA DE LA CIUDAD.
CONVOCATORIA A CONFERENCIA DE PRENSA.
Ante el avance del proceso judicial iniciado por el PODER EJECUTIVO LOCAL, por medio del cual se enjuicia a los titulares de los Juzgados Contenciosos que cumpliendo con sus funciones asumieron su intervención en los amparos promovidos por ciudadanos de esta Ciudad de Buenos Aires, con motivo de la propuesta de designación de la Dra. Daniela Ugolini para integrar Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, los que suscriben convocan a Conferencia de Prensa para el próximo día 26 de mayo a las 15:00 hs. en la Sede de la Justicia Contenciosa de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 761.
Durante la misma se hará pública la postura de los jueces “juzgados”, que deberán comparecer, COMO DEMANDADOS, a Audiencia Pública el día 27 de Mayo a las 10:30hs. y se denunciará el nuevo intento disciplinador del Gobierno de la Ciudad que busca amordazar a los jueces y evitar sus tareas de control constitucional.
Se invita muy especialmente a los medios de difusión pública y a todos aquellos que se solidarizan con nuestra labor la concurrencia a la Conferencia de prensa, en un día de verdadero luto para la Justicia independiente de la Ciudad de Buenos Aires.----------------------------------------------------------------
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
Fdo.
Dra. Elena Amanda Liberatori
Dr. Roberto Andrés Gallardo.
viernes, 14 de mayo de 2010
Ambulancia no presta auxilio a los villeros
El SAME no tiene urgencia en la villa
Una chica de cinco años con una hemorragia no fue atendida. Un joven murió antes de que llegara la ambulancia, que demoró 45 minutos. Por este tema, el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, tiene bloqueadas todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
Por Werner Pertot
El juez en lo contencioso administrativo Roberto Andrés Gallardo ordenó allanar el SAME a raíz de dos denuncias de que el gobierno porteño incumplió con un convenio por el que debía garantizar la presencia de una ambulancia en la Villa 21-24 “en un tiempo de entre siete y diez minutos”. En lugar de eso, el juez se encontró con que, en el caso de un chico que murió tras ser baleado, la ambulancia tardó 45 minutos en llegar y no contaba con la custodia de la Policía Metropolitana, que el ministro de Salud, Jorge Lemus, había comprometido. En otro caso, de una niña de cinco años con una hemorragia, cuando su madre llamó al 107, directamente le dijeron que la ambulancia no iba a ir. Ninguno de los dos hechos figuraban en los partes de esos días que la Metropolitana y el SAME enviaron al juez, por lo que ahora también deberá dar explicaciones Eugenio Burzaco.
Lemus tuvo hace un mes una audiencia en la que debió explicarle a Su Señoría y al asesor tutelar Gustavo Moreno por qué desobedeció una orden judicial de enviar una ambulancia al centro de asistencia médica (Cesac) de la Villa 21-24. El funcionario pretextó que no existía custodia policial, pero la Policía Federal presentó pruebas de que todos los días había un policía en el Cesac y que la ambulancia no fue. Los funcionarios macristas reclamaron, entonces, que hubiera un patrullero.
A raíz del incumplimiento injustificado, Gallardo bloqueó todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de Lemus, envió a la Legislatura una copia del expediente para que evalúen si hay elementos para un juicio político y mandó otra copia al fuero penal para que se le inicien una causa. En ese fuero ya existe otro caso por una licitación de lavaderos para ropa de cama de los hospitales donde se sospecha que existió cartelización y sobreprecios. Pocos días después, otra jueza también envió un pedido de juicio político a Lemus por otro incumplimiento judicial.
Lemus presentó una innumerable cantidad de rechazos y apelaciones (sobre todo, por sus tarjetas de crédito), pero no envió la ambulancia a la villa. Finalmente, el gobierno porteño ofreció que, a cambio de retirar la orden de que la ambulancia estuviera todo el tiempo en el centro de atención, se comprometía a tener otra disponible en el Hospital Penna, que tendría custodia de la Policía Metropolitana. En el escrito garantizaron que el móvil llegaría en un tiempo estimado de “siete a diez minutos”. El juez accedió al pedido y el servicio comenzó a funcionar el 19 de abril. Tanto la Metropolitana como el SAME debieron enviar partes diarios.
El 20 de abril, sin embargo, una mujer llamó al 107 para pedir ayuda porque su hija de 5 años tenía una hemorragia genital. Según denunció, la operadora le respondió que “la ambulancia no entra a esa zona. Póngale un trapo y llévela al hospital”. La mujer tuvo que pedir dinero prestado, caminar siete cuadras y tomarse el colectivo 70 hasta Casa Cuna.
El 21 de abril, un joven, Luis Ponce, caminaba rumbo a la capilla San Blas cuando fue asaltado por otros dos. Como no quiso entregar sus zapatillas, le pegaron dos balazos y quedó desangrándose en la calle. Otra mujer corrió al Cesac a pedir que mandaran una ambulancia. Además, varios vecinos hicieron llamados. El joven agonizó en la calle durante más de media hora. La ambulancia llegó 45 minutos después y ya había muerto. La ambulancia no contaba, por otra parte, con la custodia de la Metropolitana. Un móvil de la Federal llegó a la media hora.
Gallardo recibió esta semana estas dos denuncias, la de la niña por parte del asesor tutelar Moreno y la del joven asesinado por parte de miembros de la junta vecinal de la Villa 21-24. El juez corroboró que los partes de esos dos días del SAME y de la Metropolitana no dejaron ningún registro de los dos hechos. Por eso, el asesor tutelar Gustavo Moreno reclamó el allanamiento del SAME.
El magistrado ordenó esa medida para secuestrar las grabaciones de las llamadas de los días 20 y 21 de abril y comprobar las denuncias. Además, Gallardo solicitó al jefe de la Federal, Néstor Valleca, que le remita toda la información sobre el asesinato y emplazó al titular de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, para que explique por qué no figura en los registros ninguna escolta a la ambulancia y, en definitiva, informe si existió o no la custodia. El funcionario PRO tiene un día para responder.
Por otra parte, Moreno visitó los dos Cesac de la villa y comprobó que le faltan, además de la ambulancia, los cinco psicólogos para la atención del paco que ordenó la Justicia. También vio que hay pocos pediatras. “La ambulancia es supernecesaria –sostuvo Moreno ante Página/12–. Y el caso de la nenita demuestra que no quieren entrar a la villa y no hay una articulación del ministerio sobre la prestación que deben dar; este ministro tiene algunos problemas para gestionar.”
Una chica de cinco años con una hemorragia no fue atendida. Un joven murió antes de que llegara la ambulancia, que demoró 45 minutos. Por este tema, el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, tiene bloqueadas todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
Por Werner Pertot
El juez en lo contencioso administrativo Roberto Andrés Gallardo ordenó allanar el SAME a raíz de dos denuncias de que el gobierno porteño incumplió con un convenio por el que debía garantizar la presencia de una ambulancia en la Villa 21-24 “en un tiempo de entre siete y diez minutos”. En lugar de eso, el juez se encontró con que, en el caso de un chico que murió tras ser baleado, la ambulancia tardó 45 minutos en llegar y no contaba con la custodia de la Policía Metropolitana, que el ministro de Salud, Jorge Lemus, había comprometido. En otro caso, de una niña de cinco años con una hemorragia, cuando su madre llamó al 107, directamente le dijeron que la ambulancia no iba a ir. Ninguno de los dos hechos figuraban en los partes de esos días que la Metropolitana y el SAME enviaron al juez, por lo que ahora también deberá dar explicaciones Eugenio Burzaco.
Lemus tuvo hace un mes una audiencia en la que debió explicarle a Su Señoría y al asesor tutelar Gustavo Moreno por qué desobedeció una orden judicial de enviar una ambulancia al centro de asistencia médica (Cesac) de la Villa 21-24. El funcionario pretextó que no existía custodia policial, pero la Policía Federal presentó pruebas de que todos los días había un policía en el Cesac y que la ambulancia no fue. Los funcionarios macristas reclamaron, entonces, que hubiera un patrullero.
A raíz del incumplimiento injustificado, Gallardo bloqueó todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de Lemus, envió a la Legislatura una copia del expediente para que evalúen si hay elementos para un juicio político y mandó otra copia al fuero penal para que se le inicien una causa. En ese fuero ya existe otro caso por una licitación de lavaderos para ropa de cama de los hospitales donde se sospecha que existió cartelización y sobreprecios. Pocos días después, otra jueza también envió un pedido de juicio político a Lemus por otro incumplimiento judicial.
Lemus presentó una innumerable cantidad de rechazos y apelaciones (sobre todo, por sus tarjetas de crédito), pero no envió la ambulancia a la villa. Finalmente, el gobierno porteño ofreció que, a cambio de retirar la orden de que la ambulancia estuviera todo el tiempo en el centro de atención, se comprometía a tener otra disponible en el Hospital Penna, que tendría custodia de la Policía Metropolitana. En el escrito garantizaron que el móvil llegaría en un tiempo estimado de “siete a diez minutos”. El juez accedió al pedido y el servicio comenzó a funcionar el 19 de abril. Tanto la Metropolitana como el SAME debieron enviar partes diarios.
El 20 de abril, sin embargo, una mujer llamó al 107 para pedir ayuda porque su hija de 5 años tenía una hemorragia genital. Según denunció, la operadora le respondió que “la ambulancia no entra a esa zona. Póngale un trapo y llévela al hospital”. La mujer tuvo que pedir dinero prestado, caminar siete cuadras y tomarse el colectivo 70 hasta Casa Cuna.
El 21 de abril, un joven, Luis Ponce, caminaba rumbo a la capilla San Blas cuando fue asaltado por otros dos. Como no quiso entregar sus zapatillas, le pegaron dos balazos y quedó desangrándose en la calle. Otra mujer corrió al Cesac a pedir que mandaran una ambulancia. Además, varios vecinos hicieron llamados. El joven agonizó en la calle durante más de media hora. La ambulancia llegó 45 minutos después y ya había muerto. La ambulancia no contaba, por otra parte, con la custodia de la Metropolitana. Un móvil de la Federal llegó a la media hora.
Gallardo recibió esta semana estas dos denuncias, la de la niña por parte del asesor tutelar Moreno y la del joven asesinado por parte de miembros de la junta vecinal de la Villa 21-24. El juez corroboró que los partes de esos dos días del SAME y de la Metropolitana no dejaron ningún registro de los dos hechos. Por eso, el asesor tutelar Gustavo Moreno reclamó el allanamiento del SAME.
El magistrado ordenó esa medida para secuestrar las grabaciones de las llamadas de los días 20 y 21 de abril y comprobar las denuncias. Además, Gallardo solicitó al jefe de la Federal, Néstor Valleca, que le remita toda la información sobre el asesinato y emplazó al titular de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, para que explique por qué no figura en los registros ninguna escolta a la ambulancia y, en definitiva, informe si existió o no la custodia. El funcionario PRO tiene un día para responder.
Por otra parte, Moreno visitó los dos Cesac de la villa y comprobó que le faltan, además de la ambulancia, los cinco psicólogos para la atención del paco que ordenó la Justicia. También vio que hay pocos pediatras. “La ambulancia es supernecesaria –sostuvo Moreno ante Página/12–. Y el caso de la nenita demuestra que no quieren entrar a la villa y no hay una articulación del ministerio sobre la prestación que deben dar; este ministro tiene algunos problemas para gestionar.”
jueves, 8 de abril de 2010
Lemus no manda la ambulancia en la Villa
JORGE LEMUS FUE CITADO POR GALLARDO Y ENFRENTA UNA DENUNCIA POR IRREGULARIDADES EN UNA LICITACION
El ministro tiene que dar explicaciones
El juez Gallardo citó en audiencia pública al titular de Salud porteño por desobedecer fallos que disponían el envío de una ambulancia a la villa 21-24. La Justicia investiga una concesión millonaria que habría favorecido a tres empresas vinculadas.
Por Werner Pertot
Hoy puede ser un mal día para Jorge Lemus. El juez Roberto Andrés Gallardo citó al ministro de Salud porteño para que explique por qué no obedeció los fallos judiciales que disponían el envío de una ambulancia a la villa 21-24 para prestar asistencia médica. Si no se presenta, Su Señoría podría enviar a la policía a buscarlo. Además, es posible que el ministro se vea inmerso en un nuevo escándalo por una licitación millonaria que está siendo investigada por la Justicia por la sospecha de que fue “dirigida” a tres empresas. Una de esas compañías –contratadas por la gestión PRO para lavar ropa de cama de los hospitales– sería clausurada hoy por el mismo gobierno porteño por no tener las condiciones mínimas de seguridad e higiene.
Lemus viene de sufrir una agitada sesión en la Legislatura, donde terminó por reconocer que “el sistema de salud está en crisis” y aclaró que “no haremos desaparecer ninguna institución de salud”. Entre silbidos, el funcionario PRO admitió que “los hospitales tienen un atraso en su infraestructura y equipamiento superior a 30 años”, aunque lo atribuyó enteramente a las gestiones anteriores. El ministro escuchó los cuestionamientos de los opositores, que le recordaron que la gestión PRO dejó vencer medicamentos por un costo de cerca de cinco millones de pesos, que el Hospital Udaondo no tiene gas hace nueve meses y que el Tornú tiene mangueras antiincendio que no están conectadas a la red de agua. “No tenemos los fondos para arreglarlo de un día para el otro”, se justificó Lemus. Luego le preguntaron por la falta de asistencia médica al Centro de Salud (Cesac) 35, que está en la villa 21-24. Lemus sostuvo que las ambulancias no van por problemas de seguridad.
La misma excusa viene presentando ante los continuos requerimientos del juez Gallardo. El magistrado ordenó a la Policía Metropolitana que le diera una custodia a la ambulancia, pero desde la nueva fuerza le informaron que no contaban con suficientes policías. Entonces, el juez consiguió que la Federal asignara un policía al Cesac 35. La respuesta del gobierno porteño fue terminante: la ambulancia fue, pero con un escribano que preguntó dónde estaba el patrullero. Como el policía estaba a pie, se volvió a subir a la ambulancia y partieron raudos. En total, la villa 21–24 contó con asistencia médica por media hora.
Ante esto, Gallardo citó a Lemus a una audiencia pública para hoy al mediodía, para que explique los motivos por los que insiste en negarse a enviar una ambulancia. Lemus está intimado a asistir personalmente “bajo apercibimiento de ejecución forzada”, por lo que si decide no concurrir el juez podría ordenar que se lo haga comparecer mediante la fuerza pública.
No es la única mala noticia que podría recibir Lemus el día de hoy. En su visita a la Legislatura, el diputado de Diálogo por Buenos Aires Aníbal Ibarra le preguntó por la licitación 1643/09, en la que se adjudicó por más de 30 millones de pesos la limpieza de la ropa de cama (sábanas, manteles, delantales) de 16 hospitales a tres empresas: Lavadero ANCA, Lavadero El Lucero y Tex Care. En particular, quiso saber por qué se factura la limpieza de las camas, sean usadas o no, y por qué se pusieron nuevas condiciones que dejaron afuera a los actuales proveedores: se exigió que tuvieran una facturación mensual superior a los 400 mil pesos, una capacidad de producción de más de 1500 kilos por hora y un espacio de lavado de 1200 metros cuadrados como mínimo.
La licitación está siendo investigada por la Justicia dado que se sospecha fue dirigida a estas tres empresas, que serían del mismo grupo o estarían cartelizadas, y que se pagaron sobreprecios. El fiscal Carlos Giménez comprobó que el dueño de ANCA es Héctor Ricardo Andrelo, casado con Magdalena Gaccetta, que era vicepresidenta de Tex Care (luego ella renunció). En el directorio de ANCA también está Estela Maris Andrelo, casada con Luis Alberto Nerguizian, que era presidente de Tex Care. Además, la madre de los Andrelo, HaydéeMouriño, sería propietaria del 50 por ciento de ambas compañías, según la denuncia que investiga el juez Alberto Baños. En tanto, la tercera empresa, El Lucero, hizo una oferta por la cifra exacta de sus presuntos competidores, pero por los tres hospitales en los que ellos, casualmente, no se interesaron.
Este año, el gobierno porteño hizo una inspección en el lavadero El Lucero y se encontró con que la instalación era precaria: tenía problemas de evacuación, de ventilación, en las calderas, y los empleados trabajaban con condiciones de higiene inadecuadas. Hoy sería clausurada por la misma administración que le dio el lavado de la ropa de los hospitales
El ministro tiene que dar explicaciones
El juez Gallardo citó en audiencia pública al titular de Salud porteño por desobedecer fallos que disponían el envío de una ambulancia a la villa 21-24. La Justicia investiga una concesión millonaria que habría favorecido a tres empresas vinculadas.
Por Werner Pertot
Hoy puede ser un mal día para Jorge Lemus. El juez Roberto Andrés Gallardo citó al ministro de Salud porteño para que explique por qué no obedeció los fallos judiciales que disponían el envío de una ambulancia a la villa 21-24 para prestar asistencia médica. Si no se presenta, Su Señoría podría enviar a la policía a buscarlo. Además, es posible que el ministro se vea inmerso en un nuevo escándalo por una licitación millonaria que está siendo investigada por la Justicia por la sospecha de que fue “dirigida” a tres empresas. Una de esas compañías –contratadas por la gestión PRO para lavar ropa de cama de los hospitales– sería clausurada hoy por el mismo gobierno porteño por no tener las condiciones mínimas de seguridad e higiene.
Lemus viene de sufrir una agitada sesión en la Legislatura, donde terminó por reconocer que “el sistema de salud está en crisis” y aclaró que “no haremos desaparecer ninguna institución de salud”. Entre silbidos, el funcionario PRO admitió que “los hospitales tienen un atraso en su infraestructura y equipamiento superior a 30 años”, aunque lo atribuyó enteramente a las gestiones anteriores. El ministro escuchó los cuestionamientos de los opositores, que le recordaron que la gestión PRO dejó vencer medicamentos por un costo de cerca de cinco millones de pesos, que el Hospital Udaondo no tiene gas hace nueve meses y que el Tornú tiene mangueras antiincendio que no están conectadas a la red de agua. “No tenemos los fondos para arreglarlo de un día para el otro”, se justificó Lemus. Luego le preguntaron por la falta de asistencia médica al Centro de Salud (Cesac) 35, que está en la villa 21-24. Lemus sostuvo que las ambulancias no van por problemas de seguridad.
La misma excusa viene presentando ante los continuos requerimientos del juez Gallardo. El magistrado ordenó a la Policía Metropolitana que le diera una custodia a la ambulancia, pero desde la nueva fuerza le informaron que no contaban con suficientes policías. Entonces, el juez consiguió que la Federal asignara un policía al Cesac 35. La respuesta del gobierno porteño fue terminante: la ambulancia fue, pero con un escribano que preguntó dónde estaba el patrullero. Como el policía estaba a pie, se volvió a subir a la ambulancia y partieron raudos. En total, la villa 21–24 contó con asistencia médica por media hora.
Ante esto, Gallardo citó a Lemus a una audiencia pública para hoy al mediodía, para que explique los motivos por los que insiste en negarse a enviar una ambulancia. Lemus está intimado a asistir personalmente “bajo apercibimiento de ejecución forzada”, por lo que si decide no concurrir el juez podría ordenar que se lo haga comparecer mediante la fuerza pública.
No es la única mala noticia que podría recibir Lemus el día de hoy. En su visita a la Legislatura, el diputado de Diálogo por Buenos Aires Aníbal Ibarra le preguntó por la licitación 1643/09, en la que se adjudicó por más de 30 millones de pesos la limpieza de la ropa de cama (sábanas, manteles, delantales) de 16 hospitales a tres empresas: Lavadero ANCA, Lavadero El Lucero y Tex Care. En particular, quiso saber por qué se factura la limpieza de las camas, sean usadas o no, y por qué se pusieron nuevas condiciones que dejaron afuera a los actuales proveedores: se exigió que tuvieran una facturación mensual superior a los 400 mil pesos, una capacidad de producción de más de 1500 kilos por hora y un espacio de lavado de 1200 metros cuadrados como mínimo.
La licitación está siendo investigada por la Justicia dado que se sospecha fue dirigida a estas tres empresas, que serían del mismo grupo o estarían cartelizadas, y que se pagaron sobreprecios. El fiscal Carlos Giménez comprobó que el dueño de ANCA es Héctor Ricardo Andrelo, casado con Magdalena Gaccetta, que era vicepresidenta de Tex Care (luego ella renunció). En el directorio de ANCA también está Estela Maris Andrelo, casada con Luis Alberto Nerguizian, que era presidente de Tex Care. Además, la madre de los Andrelo, HaydéeMouriño, sería propietaria del 50 por ciento de ambas compañías, según la denuncia que investiga el juez Alberto Baños. En tanto, la tercera empresa, El Lucero, hizo una oferta por la cifra exacta de sus presuntos competidores, pero por los tres hospitales en los que ellos, casualmente, no se interesaron.
Este año, el gobierno porteño hizo una inspección en el lavadero El Lucero y se encontró con que la instalación era precaria: tenía problemas de evacuación, de ventilación, en las calderas, y los empleados trabajaban con condiciones de higiene inadecuadas. Hoy sería clausurada por la misma administración que le dio el lavado de la ropa de los hospitales
jueves, 11 de marzo de 2010
Qué es el Socialismo del Siglo XXI
Autor: Dr. Andrés Gallardo
Qué es el socialismo del siglo XXI?
1. Introducción:
Como toda buena pregunta, la relativa a qué es el socialismo de este siglo, no es de fácil respuesta. Ha pasado mucha agua debajo del puente. Algunas ideas se han vuelto relativas, otras en tanto se han afianzado, no sin desaparecer en el mundo algunos paradigmas antes indiscutidos.
Sin embargo, el hecho de abrazar esta causa eminentemente humanista y justa, nos obliga a aceptar el reto y a buscar algunas pautas reveladoras de cuál es la sustancia de este ideario político en el siglo que nos cobija, es decir intentar la redefinición dinámica del socialismo,
La primer cuestión digna de señalar es que el sólo hecho de referirnos al socialismo de nuestro siglo nos lleva a ratificar la vigencia de una ideología política con carácter universal y vocación expansiva. No es para nosotros el socialismo ni una expresión parcial ni una mera elucubración teórica. Es ante todo una mirada polifacética, abarcadora e integradora, desde el hombre y para el hombre, con vocación de poder y transformación.
Nuestro socialismo tiene una historia de teorías y muy especialmente, una historia de prácticas, y ambas, teorías y prácticas, nos permiten esbozar esta redefinición. Este cometido de pensar el socialismo de hoy, no tiene un mero afán cognoscitivo, sino intención transformadora y revolucionaria. Creemos que no hay socialismo sin revolución. La revolución es la madre del socialismo y como tal, su condición necesaria. Es tautológico afirmar el socialismo sin vocación revolucionaria. No estamos aludiendo necesariamente a tal o cual forma de revolución, sino en términos genéricos a ese “quiebre” con el sistema anterior.
2. La meta del socialismo del Siglo XXI.
El sistema capitalista-demócrata-liberal que pretende hoy erigirse en el discurso hegemónico y en la tendencia unidireccional mundial, es antes que nada negador del hombre. Desde los filósofos clásicos hasta el presente y casi sin discusiones ya la naturaleza humana se fundamenta en su razón y en la capacidad de construir. Cuando los sistemas niegan la razón y se empeñan en destruir (al propio hombre, al medio ambiente, al resto de las especies de la naturaleza, a las culturas, etc) resultan entonces sistemas anti-humanos. Es un error referirse al capitalismo como salvaje o inhumano. El capitalismo es, como vemos negador de la condición humana, es anti-humano. Es allí donde el socialismo de nuestro siglo ratifica su vigencia y su profunda vocación antropocéntrica. El hombre es el destinatario del socialismo como creación humana. El socialismo es entonces, el hombre de hoy pensando en el hombre libre, en el hombre digno. El siglo veintiuno encuentra a nuestros pueblos en busca de la dignidad perdida. La dignidad personal y la dignidad del grupo-nación. Y esa dignidad es la autodeterminación. No hay hombre digno si no se autodetermina. No hay pueblo digno si no logra autodeterminarse. Qué es sino la realización humana que poder elegir y ejecutar un plan de vida? Qué es sino la realización de una nación que haber podido concretar un proyecto social, político y económico determinado en forma endógena? Tenemos aquí entonces -en esta apretada síntesis- esbozada la meta actual del socialismo. El socialismo de nuestro siglo tiene como norte a la persona humana y a los colectivos nacionales y en ambos casos tendiendo a su autodeterminación y dignidad. En este contexto, el socialismo se enfrenta con todas aquellas doctrinas y prácticas político-ideológicas que de alguna forma sostienen modelos anti-humanos. El capitalismo, el imperialismo en todas sus variantes, el liberalismo económico, el fascismo, son entre otras, formas que relativizan al hombre y lo someten a objetivos meta-humanos. (el dinero, el poder, el control, la uniformidad, etc).
3. Los instrumentos del Socialismo del Siglo XXI.
Tratemos ahora de avizorar cuáles son los instrumentos de que dispone nuestro socialismo presente para construir la sociedad nueva y el hombre nuevo.
De entre todos y en tren de simplificar, abordamos dos por su importancia y dimensión. Son instrumentos de uso paralelo y constante. Uno y otro se complementa esencialmente. Es decir uno es condición del otro y viceversa. La participación popular y la distribución de la riqueza. El Estado en nuestro socialismo debe ser pueblo hecho instrumento. No hay Estado socialista visto como una dimensión abstracta y ajena. El Estado socialista es praxis popular transformadora. Pero esa participación popular sería falaz e inconducente si existieran situaciones de exclusión económica y política. La participación supone un fenómeno totalizador. Si sólo participan los socialmente integrados, son ellos los que construirán y sostendrán un modelo hecho a “su medida”. Por ello el instrumento de la distribución de la riqueza es esencial y concurrente. El socialismo supone democracia sustantiva. Transformar a través de la participación, sólo es posible en la medida de la existencia de condiciones socio-económicas aptas.
Así, el socialismo de nuestro siglo debe ponerse como meta trabajar la parte inferior de la pirámide de participación en el ingreso (la base esta conformada por la mayor parte de la población que participa, paradójicamente de la menor cuota de riqueza). Es decir, para el socialismo, este debe ser el siglo que termine sin pobres. No sabemos si será el siglo que termine sin ricos. Pero si el socialismo cumple su misión en estos cien años, se podrá saldar parte de la historia habiendo al menos atomizado la concentración económica, minado su estructura y habiendo incorporado al sistema de participación política efectiva a todos los hoy excluidos. Tal vez el socialismo del siglo venidero pueda, con una nueva base popular, con un crecimiento cuali-cuantitativo del poder del pueblo, abordar el “achatamiento” definitivo de la pirámide.
Estos dos instrumentos de transformación no son como ya dijimos los únicos. Además, podrán darse, en la medida en que el establishment asuma que de no mediar una revolución democrática y pacífica, la propia dinámica del sistema anti-humano, pondrá a la violencia política como primer instrumento de transformación.- Esto, dicho de otro modo, supone que el socialismo de nuestro siglo tiene vocación de paz y de transformación institucional. El quiebre con el sistema anti-humano puede darse aún dentro de los canales previstos por el propio sistema. Pero si estos canales son “bloqueados” por las fuerzas de la concentración económica o por el imperialismo, entonces los instrumentos de transformación aludidos no pueden validarse. En esa hipótesis, el socialismo no renunciará a su vocación transformadora y responderá a la violencia con violencia. La violencia no será en esa hipótesis un fin en si mismo. Será un instrumento de lucha de los hombres negados y de los pueblos negados para obtener la liberación que no pudieron alcanzar en paz. Es importante en estas horas, que los referentes políticos, ideológicos y mediáticos del establishment asuman que está en ellos viabilizar el gradual avance hacia una sociedad integrada y justa o por el contrario “tensar” el conflicto social hasta hacerlo violento. Hoy nadie quiere hablar de la violencia política, pero la violencia política existe. Es ingenuo y reduccionista aquel que sintetiza la violencia política en una acción armada de un grupo ideológico. La principal expresión actual de la violencia política es el genocidio económico en los países periféricos y la paralela híper- concentración económica en los países centrales. Los pobres que mueren de hambruna en nuestras latitudes, o que se enferman con epidemias que se creían terminadas, o los desahuciados que pretenden llegar en balsas a europa y mueren en el mar o en las costas, todos ellos y muchos otros, son la expresión verdadera de la violencia política. El socialismo de nuestro siglo tiene muy presente que no estamos en un mundo pobre, sino en un mundo partido. Hay riqueza para todos, pero la tienen pocos. En el siglo veintiuno esto trasciende el concepto ortodoxo de la lucha de clases es la lucha de los indignos contra sus sometedores. La lucha de los excluídos de la mesa por sentarse en ella. La lucha de los sin techo. La lucha de los sin tierra.
3. Ideas finales.
En este orden de ideas, la economía y el derecho, son para el socialismo de nuestro siglo meros exponentes instrumentales de segundo nivel. La economía y el derecho deben servir respectivamente a los postulados instrumentales centrales de participación popular y distribución económica y por supuesto y antes que nada, a la meta central de antropocentrismo sustantivo.
El socialismo del siglo XXI cree en la libertad personal del hombre. El hombre digno también es fundamentalmente libre. El hombre nuevo del socialismo presente piensa, opina, discute, define su credo o su no credo, su preferencia sexual, su ideología. Lo que no puede hacer con su libertad es, como diría Mario Benedetti en “Quemar las Naves”, “preferir lo injusto”. Afectar al colectivo con su decisión personal.
El socialismo de nuestro siglo, para finalizar esta síntesis, integra a los pueblos hermanados por su historia y su cultura y junto a ellos establece hacia fuera una sóla frontera, que es la que separa al hombre del anti-hombre.
Qué es el socialismo del siglo XXI?
1. Introducción:
Como toda buena pregunta, la relativa a qué es el socialismo de este siglo, no es de fácil respuesta. Ha pasado mucha agua debajo del puente. Algunas ideas se han vuelto relativas, otras en tanto se han afianzado, no sin desaparecer en el mundo algunos paradigmas antes indiscutidos.
Sin embargo, el hecho de abrazar esta causa eminentemente humanista y justa, nos obliga a aceptar el reto y a buscar algunas pautas reveladoras de cuál es la sustancia de este ideario político en el siglo que nos cobija, es decir intentar la redefinición dinámica del socialismo,
La primer cuestión digna de señalar es que el sólo hecho de referirnos al socialismo de nuestro siglo nos lleva a ratificar la vigencia de una ideología política con carácter universal y vocación expansiva. No es para nosotros el socialismo ni una expresión parcial ni una mera elucubración teórica. Es ante todo una mirada polifacética, abarcadora e integradora, desde el hombre y para el hombre, con vocación de poder y transformación.
Nuestro socialismo tiene una historia de teorías y muy especialmente, una historia de prácticas, y ambas, teorías y prácticas, nos permiten esbozar esta redefinición. Este cometido de pensar el socialismo de hoy, no tiene un mero afán cognoscitivo, sino intención transformadora y revolucionaria. Creemos que no hay socialismo sin revolución. La revolución es la madre del socialismo y como tal, su condición necesaria. Es tautológico afirmar el socialismo sin vocación revolucionaria. No estamos aludiendo necesariamente a tal o cual forma de revolución, sino en términos genéricos a ese “quiebre” con el sistema anterior.
2. La meta del socialismo del Siglo XXI.
El sistema capitalista-demócrata-liberal que pretende hoy erigirse en el discurso hegemónico y en la tendencia unidireccional mundial, es antes que nada negador del hombre. Desde los filósofos clásicos hasta el presente y casi sin discusiones ya la naturaleza humana se fundamenta en su razón y en la capacidad de construir. Cuando los sistemas niegan la razón y se empeñan en destruir (al propio hombre, al medio ambiente, al resto de las especies de la naturaleza, a las culturas, etc) resultan entonces sistemas anti-humanos. Es un error referirse al capitalismo como salvaje o inhumano. El capitalismo es, como vemos negador de la condición humana, es anti-humano. Es allí donde el socialismo de nuestro siglo ratifica su vigencia y su profunda vocación antropocéntrica. El hombre es el destinatario del socialismo como creación humana. El socialismo es entonces, el hombre de hoy pensando en el hombre libre, en el hombre digno. El siglo veintiuno encuentra a nuestros pueblos en busca de la dignidad perdida. La dignidad personal y la dignidad del grupo-nación. Y esa dignidad es la autodeterminación. No hay hombre digno si no se autodetermina. No hay pueblo digno si no logra autodeterminarse. Qué es sino la realización humana que poder elegir y ejecutar un plan de vida? Qué es sino la realización de una nación que haber podido concretar un proyecto social, político y económico determinado en forma endógena? Tenemos aquí entonces -en esta apretada síntesis- esbozada la meta actual del socialismo. El socialismo de nuestro siglo tiene como norte a la persona humana y a los colectivos nacionales y en ambos casos tendiendo a su autodeterminación y dignidad. En este contexto, el socialismo se enfrenta con todas aquellas doctrinas y prácticas político-ideológicas que de alguna forma sostienen modelos anti-humanos. El capitalismo, el imperialismo en todas sus variantes, el liberalismo económico, el fascismo, son entre otras, formas que relativizan al hombre y lo someten a objetivos meta-humanos. (el dinero, el poder, el control, la uniformidad, etc).
3. Los instrumentos del Socialismo del Siglo XXI.
Tratemos ahora de avizorar cuáles son los instrumentos de que dispone nuestro socialismo presente para construir la sociedad nueva y el hombre nuevo.
De entre todos y en tren de simplificar, abordamos dos por su importancia y dimensión. Son instrumentos de uso paralelo y constante. Uno y otro se complementa esencialmente. Es decir uno es condición del otro y viceversa. La participación popular y la distribución de la riqueza. El Estado en nuestro socialismo debe ser pueblo hecho instrumento. No hay Estado socialista visto como una dimensión abstracta y ajena. El Estado socialista es praxis popular transformadora. Pero esa participación popular sería falaz e inconducente si existieran situaciones de exclusión económica y política. La participación supone un fenómeno totalizador. Si sólo participan los socialmente integrados, son ellos los que construirán y sostendrán un modelo hecho a “su medida”. Por ello el instrumento de la distribución de la riqueza es esencial y concurrente. El socialismo supone democracia sustantiva. Transformar a través de la participación, sólo es posible en la medida de la existencia de condiciones socio-económicas aptas.
Así, el socialismo de nuestro siglo debe ponerse como meta trabajar la parte inferior de la pirámide de participación en el ingreso (la base esta conformada por la mayor parte de la población que participa, paradójicamente de la menor cuota de riqueza). Es decir, para el socialismo, este debe ser el siglo que termine sin pobres. No sabemos si será el siglo que termine sin ricos. Pero si el socialismo cumple su misión en estos cien años, se podrá saldar parte de la historia habiendo al menos atomizado la concentración económica, minado su estructura y habiendo incorporado al sistema de participación política efectiva a todos los hoy excluidos. Tal vez el socialismo del siglo venidero pueda, con una nueva base popular, con un crecimiento cuali-cuantitativo del poder del pueblo, abordar el “achatamiento” definitivo de la pirámide.
Estos dos instrumentos de transformación no son como ya dijimos los únicos. Además, podrán darse, en la medida en que el establishment asuma que de no mediar una revolución democrática y pacífica, la propia dinámica del sistema anti-humano, pondrá a la violencia política como primer instrumento de transformación.- Esto, dicho de otro modo, supone que el socialismo de nuestro siglo tiene vocación de paz y de transformación institucional. El quiebre con el sistema anti-humano puede darse aún dentro de los canales previstos por el propio sistema. Pero si estos canales son “bloqueados” por las fuerzas de la concentración económica o por el imperialismo, entonces los instrumentos de transformación aludidos no pueden validarse. En esa hipótesis, el socialismo no renunciará a su vocación transformadora y responderá a la violencia con violencia. La violencia no será en esa hipótesis un fin en si mismo. Será un instrumento de lucha de los hombres negados y de los pueblos negados para obtener la liberación que no pudieron alcanzar en paz. Es importante en estas horas, que los referentes políticos, ideológicos y mediáticos del establishment asuman que está en ellos viabilizar el gradual avance hacia una sociedad integrada y justa o por el contrario “tensar” el conflicto social hasta hacerlo violento. Hoy nadie quiere hablar de la violencia política, pero la violencia política existe. Es ingenuo y reduccionista aquel que sintetiza la violencia política en una acción armada de un grupo ideológico. La principal expresión actual de la violencia política es el genocidio económico en los países periféricos y la paralela híper- concentración económica en los países centrales. Los pobres que mueren de hambruna en nuestras latitudes, o que se enferman con epidemias que se creían terminadas, o los desahuciados que pretenden llegar en balsas a europa y mueren en el mar o en las costas, todos ellos y muchos otros, son la expresión verdadera de la violencia política. El socialismo de nuestro siglo tiene muy presente que no estamos en un mundo pobre, sino en un mundo partido. Hay riqueza para todos, pero la tienen pocos. En el siglo veintiuno esto trasciende el concepto ortodoxo de la lucha de clases es la lucha de los indignos contra sus sometedores. La lucha de los excluídos de la mesa por sentarse en ella. La lucha de los sin techo. La lucha de los sin tierra.
3. Ideas finales.
En este orden de ideas, la economía y el derecho, son para el socialismo de nuestro siglo meros exponentes instrumentales de segundo nivel. La economía y el derecho deben servir respectivamente a los postulados instrumentales centrales de participación popular y distribución económica y por supuesto y antes que nada, a la meta central de antropocentrismo sustantivo.
El socialismo del siglo XXI cree en la libertad personal del hombre. El hombre digno también es fundamentalmente libre. El hombre nuevo del socialismo presente piensa, opina, discute, define su credo o su no credo, su preferencia sexual, su ideología. Lo que no puede hacer con su libertad es, como diría Mario Benedetti en “Quemar las Naves”, “preferir lo injusto”. Afectar al colectivo con su decisión personal.
El socialismo de nuestro siglo, para finalizar esta síntesis, integra a los pueblos hermanados por su historia y su cultura y junto a ellos establece hacia fuera una sóla frontera, que es la que separa al hombre del anti-hombre.
Facho que huyó despavorido
EL PAIS › ROBERTO APELBAUM RENUNCIO A LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD
De salida con rumbo a la Justicia
El funcionario macrista alegó “motivos personales”. Ayer mismo debía comparecer ante el juez Roberto Gallardo. Es investigado por sus dos años de gestión al frente del organismo. Su desempeño podría derivar en la apertura de una causa penal.
Por Gustavo Veiga
Roberto Apelbaum renunció a la presidencia del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), pero deberá rendir cuentas ante la Justicia por sus dos años de gestión. Ayer notificó en el Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño su dimisión al cargo en el que lo había designado Mauricio Macri cuando asumió la Jefatura de Gobierno a fines de 2007. Lo hizo en el expediente 26.034/0 donde Roberto Andrés Gallardo tramita un amparo (“Medina-Benítez contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”) por un reclamo de vivienda. La conducta del ahora ex funcionario podría derivar en una investigación penal, ya que el juez remitió una causa a ese fuero. A cargo del organismo quedó momentáneamente Eduardo Petrini (ver aparte), quien llegó a la función pública desde Boca Juniors gracias al ingeniero y ex presidente del club.
A las 11.30, Apelbaum había sido citado por Gallardo a una audiencia en la que no compareció. En su lugar, se presentó el gerente de Asuntos Jurídicos del IVC, Ricardo Yapur, acompañado por el procurador de la ciudad, Ramiro Monner Sanz. El primero notificó en el expediente del amparo que el ex funcionario había renunciado por “motivos personales” el 3 de febrero. Al arquitecto Apelbaum, un profesional que llegó a la gestión pública desde el grupo IRSA, lo apremiaban las numerosas diligencias judiciales que derivaban de la raquítica política de vivienda del organismo a su cargo. Una y otra vez, el IVC se transformó en un tema de investigación recurrente para Gallardo por las decenas de amparos individuales y colectivos que recibía.
Una fuente con acceso a los expedientes, que no es el juez, le confió a Página/12 que de ellos “se desprende una inacción absoluta del IVC”. Sea por la razón que fuere, una baja sensible de su presupuesto, la transferencia de competencias a la Corporación del Sur o la sospecha de negociados, el paso de Apelbaum por el organismo disparó cuestionamientos que se reprodujeron a escala simétrica en la Justicia. La razón de ser del IVC se transformó en una caricatura desde que el funcionario fue designado por Macri.
Sin embargo, antes de que el PRO accediera al gobierno ya había problemas. El ejemplo más elocuente de la política actual y aquellas que la precedieron, son las derivaciones del incendio ocurrido en Villa Cartón el 8 de febrero de 2007. Allí vivían 470 familias que vieron agudizados sus problemas habitacionales, inclusive pese a que ya soportaban precarias condiciones de vivienda. Las obras del IVC para brindarles asistencia se fueron demorando, los amparos se volvieron un asunto corriente y Apelbaum renunció en ese contexto.
En marzo de 2007, la Defensoría del Pueblo porteña denunciaba que “pese a los compromisos públicamente asumidos por funcionarios de distinta jerarquía del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –que prometieron la entrega de las viviendas definitivas en un plazo de cuatro (4) meses– las obras de construcción ni siquiera se han iniciado”. Gobernaba en ese momento Jorge Telerman. Hoy ocurre otro tanto o aun peor.
Con la administración de Macri se profundizó el déficit habitacional, se subejecutó presupuesto y la mayoría de las obras previstas se retrasaron, realizaron mal o quedaron suspendidas. El IVC se creó en 2003 mediante la ley 1251 y fue concebido como una institución superadora de la Comisión Municipal de la Vivienda. Su misión es la de planificar y ejecutar las políticas habitacionales del gobierno para dar respuesta definitiva a los problemas de vivienda de los sectores de menores recursos. Un piso de 500 mil porteños tiene problemas de vivienda.
“Apelbaum renunció pero deberá responder por las acciones que instrumentó durante su gestión, que duró más de dos años. La inacción del IVC se desprende de varios expedientes y no de uno”, completó la fuente judicial que aportó un dato clave. El 70 por ciento de lo que se obtiene por la industria del juego en la ciudad debería ser destinado al instituto. Con todo, de aquel núcleo que componían las 450 familias de Villa Cartón, el IVC sólo resolvió los problemas de vivienda en cuatro casos, según datos que se desprenden de las causas que tiene Gallardo. Y mediaron situaciones apremiantes de salud de integrantes de esos grupos familiares para que, en lugar de un magro subsidio del Ministerio de Desarrollo Social que no alcanzaba para procurarse el techo, les entregaran una vivienda más o menos digna. El arquitecto que acaba de irse dejó esa deuda habitacional pendiente
De salida con rumbo a la Justicia
El funcionario macrista alegó “motivos personales”. Ayer mismo debía comparecer ante el juez Roberto Gallardo. Es investigado por sus dos años de gestión al frente del organismo. Su desempeño podría derivar en la apertura de una causa penal.
Por Gustavo Veiga
Roberto Apelbaum renunció a la presidencia del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), pero deberá rendir cuentas ante la Justicia por sus dos años de gestión. Ayer notificó en el Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño su dimisión al cargo en el que lo había designado Mauricio Macri cuando asumió la Jefatura de Gobierno a fines de 2007. Lo hizo en el expediente 26.034/0 donde Roberto Andrés Gallardo tramita un amparo (“Medina-Benítez contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”) por un reclamo de vivienda. La conducta del ahora ex funcionario podría derivar en una investigación penal, ya que el juez remitió una causa a ese fuero. A cargo del organismo quedó momentáneamente Eduardo Petrini (ver aparte), quien llegó a la función pública desde Boca Juniors gracias al ingeniero y ex presidente del club.
A las 11.30, Apelbaum había sido citado por Gallardo a una audiencia en la que no compareció. En su lugar, se presentó el gerente de Asuntos Jurídicos del IVC, Ricardo Yapur, acompañado por el procurador de la ciudad, Ramiro Monner Sanz. El primero notificó en el expediente del amparo que el ex funcionario había renunciado por “motivos personales” el 3 de febrero. Al arquitecto Apelbaum, un profesional que llegó a la gestión pública desde el grupo IRSA, lo apremiaban las numerosas diligencias judiciales que derivaban de la raquítica política de vivienda del organismo a su cargo. Una y otra vez, el IVC se transformó en un tema de investigación recurrente para Gallardo por las decenas de amparos individuales y colectivos que recibía.
Una fuente con acceso a los expedientes, que no es el juez, le confió a Página/12 que de ellos “se desprende una inacción absoluta del IVC”. Sea por la razón que fuere, una baja sensible de su presupuesto, la transferencia de competencias a la Corporación del Sur o la sospecha de negociados, el paso de Apelbaum por el organismo disparó cuestionamientos que se reprodujeron a escala simétrica en la Justicia. La razón de ser del IVC se transformó en una caricatura desde que el funcionario fue designado por Macri.
Sin embargo, antes de que el PRO accediera al gobierno ya había problemas. El ejemplo más elocuente de la política actual y aquellas que la precedieron, son las derivaciones del incendio ocurrido en Villa Cartón el 8 de febrero de 2007. Allí vivían 470 familias que vieron agudizados sus problemas habitacionales, inclusive pese a que ya soportaban precarias condiciones de vivienda. Las obras del IVC para brindarles asistencia se fueron demorando, los amparos se volvieron un asunto corriente y Apelbaum renunció en ese contexto.
En marzo de 2007, la Defensoría del Pueblo porteña denunciaba que “pese a los compromisos públicamente asumidos por funcionarios de distinta jerarquía del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –que prometieron la entrega de las viviendas definitivas en un plazo de cuatro (4) meses– las obras de construcción ni siquiera se han iniciado”. Gobernaba en ese momento Jorge Telerman. Hoy ocurre otro tanto o aun peor.
Con la administración de Macri se profundizó el déficit habitacional, se subejecutó presupuesto y la mayoría de las obras previstas se retrasaron, realizaron mal o quedaron suspendidas. El IVC se creó en 2003 mediante la ley 1251 y fue concebido como una institución superadora de la Comisión Municipal de la Vivienda. Su misión es la de planificar y ejecutar las políticas habitacionales del gobierno para dar respuesta definitiva a los problemas de vivienda de los sectores de menores recursos. Un piso de 500 mil porteños tiene problemas de vivienda.
“Apelbaum renunció pero deberá responder por las acciones que instrumentó durante su gestión, que duró más de dos años. La inacción del IVC se desprende de varios expedientes y no de uno”, completó la fuente judicial que aportó un dato clave. El 70 por ciento de lo que se obtiene por la industria del juego en la ciudad debería ser destinado al instituto. Con todo, de aquel núcleo que componían las 450 familias de Villa Cartón, el IVC sólo resolvió los problemas de vivienda en cuatro casos, según datos que se desprenden de las causas que tiene Gallardo. Y mediaron situaciones apremiantes de salud de integrantes de esos grupos familiares para que, en lugar de un magro subsidio del Ministerio de Desarrollo Social que no alcanzaba para procurarse el techo, les entregaran una vivienda más o menos digna. El arquitecto que acaba de irse dejó esa deuda habitacional pendiente
Entrevista a Gallardo
Martes, 07 de Mayo de 2002
Roberto Andrés Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires
“Nosotros no somos un conjunto de cobradores calificados de la ciudad”
Los retratos del Che Guevara y Alfredo Palacios se destacan en el despacho de Roberto Andrés Gallardo, uno de los doce jueces en lo Contencioso Administrativo Y Tributario de la ciudad de Buenos Aires que desde el año 2000 se encarga, entre otras cosas, de lidiar con el desconocimiento sobre la materia que evidencian muchos letrados porteños.
"Un gran grupo no sabe, o sea, sabe de la existencia del fuero, pero desconocen la existencia del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires y hasta de la Constitución de la ciudad, entre otras cosas", señala el magistrado, integrante de un fuero que, en razón de su amplia competencia, entiende desde casos de accidentes de transito hasta pedidos de autorización para inducir partos en casos de fetos con malformaciones genéticas.
Gallardo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el mismo que en un fallo describió a los decretos que conforman el corralito "como verdadera cabeza de un monstruo político concentrador de poder y avasallador de derechos y garantías, que la sociedad en su conjunto ha de detectar y neutralizar", cuenta que debe encargarse de un total de veintitrés mil causas, ochenta por ciento de las cuales son ejecuciones fiscales. "Muchos pensaron que íbamos a ser un conjunto de cobradores calificados. Pero nosotros, si bien le damos suma importancia a las ejecuciones fiscales, tenemos un criterio garantista y no somos un mero apéndice que se dedica sólo a cobrar las cosas del Gobierno de la Ciudad".
Dada la importancia de este joven fuero para el ejercicio de la profesión de muchos letrados que ejercen en la ciudad de Buenos Aires, al final del reportaje el lector podrá descargar en su computadora el texto completo del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires.
Diariojudicial.com: ¿Cuáles son las principales cuestiones que pasan por su juzgado?
Roberto Andrés Gallardo: En un ochenta por ciento, se trabaja con ejecuciones fiscales. una parte llegó del fuero nacional en lo civil y la otra parte nos vino de los contravencionales, se trabajan cerca de diecisiete mil ejecuciones en este juzgado, sobre un total de veintitrés mil causas. Las ejecuciones fiscales, por su cantidad, plantean temas de volumen y temas de organización.
Dju: ¿ Estas ejecuciones tienen diferencias en cuanto a lo procesal con las que se hacían en el civil, donde se usa el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación?
RAG: Yo creo que en términos procésales no hay diferencias, si se las puede encontrar en el manejo de los jueces. Para los jueces civiles, las ejecuciones fiscales de la que era Municipalidad de Buenos Aires tenían un carácter residual, en cambió para nosotros es una situación de mayor trascendencia. Esto marca una diferencia cualitativa en cuanto al trato que se le da, sin desmerecer la labor de los jueces civiles.
Dju: ¿Pero ese escaso interés por las ejecuciones fiscales era culpa de los juzgados civiles o de los representantes de la Municipalidad?
RAG: Hay dos cuestiones que son separables: por un lado está el rol de los juzgados, nosotros tenemos una posición frente al tema, en cuanto a como tomamos el tema de las ejecuciones para la ciudad, y por el otro, cómo se comportan los representantes del fisco, en esto no ha habido mucha evolución, creo que este cuadro un tanto disfuncional que planteaban las ejecuciones en el ámbito civil de alguna manera, en cuanto a como se ejecuta, no ha sufrido una sustancial modificación. Y esto genera algunas posturas que se mantienen bastante tirantes.
Dju: ¿De qué tipo de posturas hablamos?
RAG: Básicamente cuestiones formales. En este fuero, la primea instancia es muy garantista en términos tributarios, no le damos curso a una ejecución que se plantea con una certificación sin firma, porque es como ejecutar un cheque sin firma, o cuando exigimos que el que firma sea un autorizado. Pero nos topamos que para algunos representantes del fisco estos temas no son tan importantes.
Dju: ¿Y qué pasa en la segunda instancia?
RAG: Se han tenidos criterios, más amplios que la primera instancia. Han sido un poco más permisivos con estas cuestiones.
Dju: Es muy común, en fueros como este, decir o pensar que la creación del mismo obedece a que la intención es convertirlo en una especie de cobrador de lujo del Estado. ¿Cómo lo siente usted?
RAG: Muchos pensaron que íbamos a ser un conjunto de cobradores calificados. Pero nosotros, si bien le damos suma importancia a las ejecuciones fiscales, tenemos un criterio garantista y no somos un mero apéndice que se dedica sólo a cobrar las cosas del Gobierno de la Ciudad.
Dju: ¿Cómo terminan estos casos en la practica? ¿El Gobierno de la ciudad concreta las ejecuciones?
RAG: En un poco prematuro porque el fuero es muy reciente y las ejecuciones llevan su tiempo, pero hay casos en donde se termina llevando adelante la ejecución, otros donde las rechazamos por cuestiones de fondo. Tenemos un criterio mucho más abierto que otros fueros y solemos abrir un poco la prueba con el fin de no llegar a sentencias que sean un disparate.
Dju: ¿Qué duración tiene una ejecución fiscal en primera instancia?
RAG: Es relativo, como no hay un impulso de oficio el tope lo pone el plazo de caducidad, pero en teoría en seis meses la cosa debería estar resuelta, sin contar el remate. Hasta ahora no tengo ejecuciones concretadas y no tengo liquidación de bienes. Aquí el gran cambio lo tiene que hacer el gobierno de la ciudad. Si el Estado no cambia la forma en que opera en la materia se termina perdiendo mucho dinero en la ejecución de cobros por sumas ínfimas o con mandatarios que no pueden negociar con los ejecutados en los casos concretos y esto genera en definitiva la imposibilidad de cobro.
Dju: ¿En alguna de estas ejecuciones se formularon planteos pidiendo la suspensión del proceso, fundado en el artículo 16 de la ley 25.563, que solo parece excluir las ejecuciones del Fisco Nacional?
RAG: Tenemos varios planteos fundados en la emergencia. Aún no se ha resuelto en el fuero si las leyes de emergencia económica dictadas por el gobierno nacional tienen o no aplicación en la ciudad.
Dju: ¿No hubo ningún juez de primera instancia que se haya expresado sobre ese tema?
RAG: No, son planteos muy recientes. Acá tenemos que distinguir que existe gente que se aviva y habla de que no puede hacer frente a los impuestos, cuando en verdad puede pagar .
Dju: ¿El otro 20 por ciento de las causas que temas abarca?
RAG: Tenemos procesos ordinarios, que tienen como actor o demandado al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto son amparos y medidas cautelares.
Dju: ¿Cómo manejan estas causas tan dispares, que ventajas da el marco jurídico de la ciudad comparando el que existe al nivel nacional?
RAG: En materia de amparos, por ejemplo, hay dos líneas, una que entiende que aún está vigente, después de la reforma constitucional nacional de 1994 y de la sanción de la Constitución de la Ciudad, la ley nacional de amparo 16.986 y aquellos que entendemos que estas reformas constitucionales marcaron el final definitivo de la 16.986. Los que seguimos este último criterio entendemos que los artículos 10 y 14 de la Constitución de la ciudad son plenamente operativos sin necesidad de ley alguna y nos permiten usar el criterio que pensemos que es el más correcto según la situación. No es lo mismos un chiquito que se muere que un amparo por el revaluó fiscal...
(N de la R: Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
"ARTICULO 10.- Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y esta no puede cercenarlos.
ARTICULO 14.- Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte.
Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor.
El agotamiento de la vía administrativa no es requisito para su procedencia.
El procedimiento está desprovisto de formalidades procesales que afecten su operatividad. Todos los plazos son breves y perentorios. Salvo temeridad o malicia, el accionante está exento de costas.
Los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva.")
..Obvio que una posición como la nuestra a la Administración no le gusta mucho, porque todo lo que sea capacidad de maniobrar sobre los hechos y las urgencias y se exige de la administración respuestas rápidas.
Dju: ¿Cómo es la respuesta el fuero frente a los amparos?
RAG: Tiene matices, en juzgados como este hemos declarado la inconstitucionalidad del 80 por ciento de los artículos de la ley 16.986 con lo cual prácticamente no existe....
Dju: ¿ Cuándo fue esto?
RAG: Fue a principios del año pasado. Desde ese momento se creó una división entre los juzgados. Están lo que aplican la ley 16.986 en forma integra, los que mencionan la Constitución de la ciudad, los que aplican algunos artículos de la ley 16.986 y no otros, en fin, una gran gama de grises.
Dju: ¿Y la Cámara que posición tiene al respecto?
RAG: La Cámara digamos, adoptó una posición donde si bien privilegia de los artículos de10 y 14 de la Constitución de la ciudad, no declaró la inconstitucionalidad de la ley 16.986, en consonancia con el Tribunal Superior.
Dju: ¿Cómo es la relación con los otros poderes?, ¿se han sentido cómodos?
RAG: Bueno, como en todos lados, hay funcionarios del Poder Ejecutivo y la Legislatura que son respetuosos de la división de poderes y los otros que todavía están confundidos y se piensan que estamos antes de octubre del ´83. Pero esto es un problema de la sociedad, nosotros tenemos que tener cada día el horizonte de trabajar por una justicia seria. Las presiones van y vienen, yo no me hago problema.
Dju: ¿Los abogados conocen el procedimiento que se usa en este fuero?
RAG: Un gran grupo no sabe, o sea, sabe de la existencia del fuero, pero desconocen la existencia del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires y hasta de la Constitución de la ciudad, entre otras cosas. Esto denota un problema de formación, que debe ser un llamado de atención para las estructuras formadoras de profesionales, las que deben adecuar la formación de abogados dados estos cambios. Después tenemos otro conjunto de gente mucho más cuidadosa, que se toma el trabajo de averiguar y hace un esfuerzo y, por último, muy pocos que llegan al fuero con las cosas claras. Se debe redoblar el esfuerzo del Colegio Público de abogados para que se brinde información sobre nosotros y como nos manejamos procesalmente.
Dju: ¿En que casos los accidentes de tránsito son competencia de este fuero?
RAG: En caso de que el accidente haya sido causado por deficiencias en las señales de transito, en la iluminación o por el estado de la calzada, o si uno de los vehículos era propiedad de la ciudad, de iluminación. Nuestro Código sigue el criterio de la competencia subjetiva...
(N de la R: Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires
"Art. 2º - De las Causas Contencioso Administrativas.
Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público. ")
...También somos competentes en daños y perjuicios derivados en accidentes producidos en alcantarillas o bocas de tormenta, por ejemplo.
Dju: ¿Qué destaca del Código Procesal que usan?
RAG: Yo pienso que un punto para destacar, es el tema de la competencia en razón de la persona demandada, hay de alguna manera un trámite distinto en relación al tema.... Es un código novedoso
Dju: ¿ Y respecto de los plazos?
RAG: No marca diferencias sustanciales con los plazos que estaban antes, pero si lo que intentamos y ahí creo que marcamos la diferencia con otras jurisdicciones, es nuestra idea de cumplir con estos plazos.
Leonardo Scolpatti y Jorge Oscar Rossi
Roberto Andrés Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires
“Nosotros no somos un conjunto de cobradores calificados de la ciudad”
Los retratos del Che Guevara y Alfredo Palacios se destacan en el despacho de Roberto Andrés Gallardo, uno de los doce jueces en lo Contencioso Administrativo Y Tributario de la ciudad de Buenos Aires que desde el año 2000 se encarga, entre otras cosas, de lidiar con el desconocimiento sobre la materia que evidencian muchos letrados porteños.
"Un gran grupo no sabe, o sea, sabe de la existencia del fuero, pero desconocen la existencia del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires y hasta de la Constitución de la ciudad, entre otras cosas", señala el magistrado, integrante de un fuero que, en razón de su amplia competencia, entiende desde casos de accidentes de transito hasta pedidos de autorización para inducir partos en casos de fetos con malformaciones genéticas.
Gallardo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el mismo que en un fallo describió a los decretos que conforman el corralito "como verdadera cabeza de un monstruo político concentrador de poder y avasallador de derechos y garantías, que la sociedad en su conjunto ha de detectar y neutralizar", cuenta que debe encargarse de un total de veintitrés mil causas, ochenta por ciento de las cuales son ejecuciones fiscales. "Muchos pensaron que íbamos a ser un conjunto de cobradores calificados. Pero nosotros, si bien le damos suma importancia a las ejecuciones fiscales, tenemos un criterio garantista y no somos un mero apéndice que se dedica sólo a cobrar las cosas del Gobierno de la Ciudad".
Dada la importancia de este joven fuero para el ejercicio de la profesión de muchos letrados que ejercen en la ciudad de Buenos Aires, al final del reportaje el lector podrá descargar en su computadora el texto completo del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires.
Diariojudicial.com: ¿Cuáles son las principales cuestiones que pasan por su juzgado?
Roberto Andrés Gallardo: En un ochenta por ciento, se trabaja con ejecuciones fiscales. una parte llegó del fuero nacional en lo civil y la otra parte nos vino de los contravencionales, se trabajan cerca de diecisiete mil ejecuciones en este juzgado, sobre un total de veintitrés mil causas. Las ejecuciones fiscales, por su cantidad, plantean temas de volumen y temas de organización.
Dju: ¿ Estas ejecuciones tienen diferencias en cuanto a lo procesal con las que se hacían en el civil, donde se usa el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación?
RAG: Yo creo que en términos procésales no hay diferencias, si se las puede encontrar en el manejo de los jueces. Para los jueces civiles, las ejecuciones fiscales de la que era Municipalidad de Buenos Aires tenían un carácter residual, en cambió para nosotros es una situación de mayor trascendencia. Esto marca una diferencia cualitativa en cuanto al trato que se le da, sin desmerecer la labor de los jueces civiles.
Dju: ¿Pero ese escaso interés por las ejecuciones fiscales era culpa de los juzgados civiles o de los representantes de la Municipalidad?
RAG: Hay dos cuestiones que son separables: por un lado está el rol de los juzgados, nosotros tenemos una posición frente al tema, en cuanto a como tomamos el tema de las ejecuciones para la ciudad, y por el otro, cómo se comportan los representantes del fisco, en esto no ha habido mucha evolución, creo que este cuadro un tanto disfuncional que planteaban las ejecuciones en el ámbito civil de alguna manera, en cuanto a como se ejecuta, no ha sufrido una sustancial modificación. Y esto genera algunas posturas que se mantienen bastante tirantes.
Dju: ¿De qué tipo de posturas hablamos?
RAG: Básicamente cuestiones formales. En este fuero, la primea instancia es muy garantista en términos tributarios, no le damos curso a una ejecución que se plantea con una certificación sin firma, porque es como ejecutar un cheque sin firma, o cuando exigimos que el que firma sea un autorizado. Pero nos topamos que para algunos representantes del fisco estos temas no son tan importantes.
Dju: ¿Y qué pasa en la segunda instancia?
RAG: Se han tenidos criterios, más amplios que la primera instancia. Han sido un poco más permisivos con estas cuestiones.
Dju: Es muy común, en fueros como este, decir o pensar que la creación del mismo obedece a que la intención es convertirlo en una especie de cobrador de lujo del Estado. ¿Cómo lo siente usted?
RAG: Muchos pensaron que íbamos a ser un conjunto de cobradores calificados. Pero nosotros, si bien le damos suma importancia a las ejecuciones fiscales, tenemos un criterio garantista y no somos un mero apéndice que se dedica sólo a cobrar las cosas del Gobierno de la Ciudad.
Dju: ¿Cómo terminan estos casos en la practica? ¿El Gobierno de la ciudad concreta las ejecuciones?
RAG: En un poco prematuro porque el fuero es muy reciente y las ejecuciones llevan su tiempo, pero hay casos en donde se termina llevando adelante la ejecución, otros donde las rechazamos por cuestiones de fondo. Tenemos un criterio mucho más abierto que otros fueros y solemos abrir un poco la prueba con el fin de no llegar a sentencias que sean un disparate.
Dju: ¿Qué duración tiene una ejecución fiscal en primera instancia?
RAG: Es relativo, como no hay un impulso de oficio el tope lo pone el plazo de caducidad, pero en teoría en seis meses la cosa debería estar resuelta, sin contar el remate. Hasta ahora no tengo ejecuciones concretadas y no tengo liquidación de bienes. Aquí el gran cambio lo tiene que hacer el gobierno de la ciudad. Si el Estado no cambia la forma en que opera en la materia se termina perdiendo mucho dinero en la ejecución de cobros por sumas ínfimas o con mandatarios que no pueden negociar con los ejecutados en los casos concretos y esto genera en definitiva la imposibilidad de cobro.
Dju: ¿En alguna de estas ejecuciones se formularon planteos pidiendo la suspensión del proceso, fundado en el artículo 16 de la ley 25.563, que solo parece excluir las ejecuciones del Fisco Nacional?
RAG: Tenemos varios planteos fundados en la emergencia. Aún no se ha resuelto en el fuero si las leyes de emergencia económica dictadas por el gobierno nacional tienen o no aplicación en la ciudad.
Dju: ¿No hubo ningún juez de primera instancia que se haya expresado sobre ese tema?
RAG: No, son planteos muy recientes. Acá tenemos que distinguir que existe gente que se aviva y habla de que no puede hacer frente a los impuestos, cuando en verdad puede pagar .
Dju: ¿El otro 20 por ciento de las causas que temas abarca?
RAG: Tenemos procesos ordinarios, que tienen como actor o demandado al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto son amparos y medidas cautelares.
Dju: ¿Cómo manejan estas causas tan dispares, que ventajas da el marco jurídico de la ciudad comparando el que existe al nivel nacional?
RAG: En materia de amparos, por ejemplo, hay dos líneas, una que entiende que aún está vigente, después de la reforma constitucional nacional de 1994 y de la sanción de la Constitución de la Ciudad, la ley nacional de amparo 16.986 y aquellos que entendemos que estas reformas constitucionales marcaron el final definitivo de la 16.986. Los que seguimos este último criterio entendemos que los artículos 10 y 14 de la Constitución de la ciudad son plenamente operativos sin necesidad de ley alguna y nos permiten usar el criterio que pensemos que es el más correcto según la situación. No es lo mismos un chiquito que se muere que un amparo por el revaluó fiscal...
(N de la R: Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
"ARTICULO 10.- Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y esta no puede cercenarlos.
ARTICULO 14.- Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte.
Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor.
El agotamiento de la vía administrativa no es requisito para su procedencia.
El procedimiento está desprovisto de formalidades procesales que afecten su operatividad. Todos los plazos son breves y perentorios. Salvo temeridad o malicia, el accionante está exento de costas.
Los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva.")
..Obvio que una posición como la nuestra a la Administración no le gusta mucho, porque todo lo que sea capacidad de maniobrar sobre los hechos y las urgencias y se exige de la administración respuestas rápidas.
Dju: ¿Cómo es la respuesta el fuero frente a los amparos?
RAG: Tiene matices, en juzgados como este hemos declarado la inconstitucionalidad del 80 por ciento de los artículos de la ley 16.986 con lo cual prácticamente no existe....
Dju: ¿ Cuándo fue esto?
RAG: Fue a principios del año pasado. Desde ese momento se creó una división entre los juzgados. Están lo que aplican la ley 16.986 en forma integra, los que mencionan la Constitución de la ciudad, los que aplican algunos artículos de la ley 16.986 y no otros, en fin, una gran gama de grises.
Dju: ¿Y la Cámara que posición tiene al respecto?
RAG: La Cámara digamos, adoptó una posición donde si bien privilegia de los artículos de10 y 14 de la Constitución de la ciudad, no declaró la inconstitucionalidad de la ley 16.986, en consonancia con el Tribunal Superior.
Dju: ¿Cómo es la relación con los otros poderes?, ¿se han sentido cómodos?
RAG: Bueno, como en todos lados, hay funcionarios del Poder Ejecutivo y la Legislatura que son respetuosos de la división de poderes y los otros que todavía están confundidos y se piensan que estamos antes de octubre del ´83. Pero esto es un problema de la sociedad, nosotros tenemos que tener cada día el horizonte de trabajar por una justicia seria. Las presiones van y vienen, yo no me hago problema.
Dju: ¿Los abogados conocen el procedimiento que se usa en este fuero?
RAG: Un gran grupo no sabe, o sea, sabe de la existencia del fuero, pero desconocen la existencia del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires y hasta de la Constitución de la ciudad, entre otras cosas. Esto denota un problema de formación, que debe ser un llamado de atención para las estructuras formadoras de profesionales, las que deben adecuar la formación de abogados dados estos cambios. Después tenemos otro conjunto de gente mucho más cuidadosa, que se toma el trabajo de averiguar y hace un esfuerzo y, por último, muy pocos que llegan al fuero con las cosas claras. Se debe redoblar el esfuerzo del Colegio Público de abogados para que se brinde información sobre nosotros y como nos manejamos procesalmente.
Dju: ¿En que casos los accidentes de tránsito son competencia de este fuero?
RAG: En caso de que el accidente haya sido causado por deficiencias en las señales de transito, en la iluminación o por el estado de la calzada, o si uno de los vehículos era propiedad de la ciudad, de iluminación. Nuestro Código sigue el criterio de la competencia subjetiva...
(N de la R: Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires
"Art. 2º - De las Causas Contencioso Administrativas.
Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público. ")
...También somos competentes en daños y perjuicios derivados en accidentes producidos en alcantarillas o bocas de tormenta, por ejemplo.
Dju: ¿Qué destaca del Código Procesal que usan?
RAG: Yo pienso que un punto para destacar, es el tema de la competencia en razón de la persona demandada, hay de alguna manera un trámite distinto en relación al tema.... Es un código novedoso
Dju: ¿ Y respecto de los plazos?
RAG: No marca diferencias sustanciales con los plazos que estaban antes, pero si lo que intentamos y ahí creo que marcamos la diferencia con otras jurisdicciones, es nuestra idea de cumplir con estos plazos.
Leonardo Scolpatti y Jorge Oscar Rossi
“Te desafío, Camaño; si tenés esas carpetas, traelas”
“Te desafío, Camaño; si tenés esas carpetas, traelas”
Marcha del jueves 14 de septiembre de 2006. Hebe de Bonafini
Esta mañana acompañé al juez (Roberto Andrés) Gallardo, que es un juez intachable, que por haber cerrado el Casino, ese que está en el barco, fue procesado porque dicen que eso que hizo no corresponde. Ese barco entró clandestinamente, ya no es un barco porque está anclado, es un casino. Entró clandestino y no tenía ninguna autorización. Como lo citaron a declarar, las Madres lo acompañamos y cuando yo saludé, porque salió Oyarbide, le dije “le pido que haga justicia”, como diciendo que esto que pasa es muy injusto.
Claro, para nosotros es muy importante acompañar en estas causas donde se demuestra que el poder político y el poder económico están siempre atados, por eso lo quieren procesar al Doctor Gallardo, que es un hombre muy jugado. Él va a dirigir la carrera de Derecho en la Universidad de las Madres, tiene muchísimas cualidades, así que como corresponde las Madres lo acompañamos.
También estuve leyendo lo que dice (Eduardo) Camaño. Camaño, si escuchás o leés por Internet esto que te digo, te desafío a que me entregues todo lo que decís que tenés contra muchos ministros de este gobierno. Vos saliste a defender a otro chorro como vos, que es Juanjo Alvarez, que la jugó de lindito, como Astiz; carilindo. La gente no le desconfiaba. Hace rato que las Madres le sacamos la frazada, le tiramos de una punta y le dijimos lo que era. Y ahora, a partir de Página 12 se dieron cuenta que las Madres teníamos razón, que es un atorrante que estuvo en la SIDE.
Y Camaño dice hoy que tiene carpetas como para ensuciar a la ministra Miceli y no sé si hay otra ministra más. Si las tiene que me las traiga y las hacemos públicas juntos. Te desafío, Camaño. Si las tenés, traelas; si no es mierda pura lo que hacés.
Ellos cacarean y se tapan y se defienden entre ellos. Pero ha llegado el momento en que ya no se puedan defender. Es tanto lo que han hecho, hay tantos Camaño, hay tantos Juanjo Alvarez. Hay gobernadores que son como ellos. Los tenemos que denunciar y tienen que dejar sus cargos. Tenemos que, como se limpia el Riachuelo, también limpiar la política. Hace mucha falta limpiar la política, y limpiar la política quiere decir echar a los malos políticos. A los traidores y a los sucios, y en eso las Madres no vamos a desmayar.
Y todos saben que mañana, 16 de septiembre, va a haber varios actos. La Noche de los Lápices, una de las tantas noches que hubo en este país. Este país tuvo varias noches negras, y esa en la ciudad de La Plata, por el secuestro de los jóvenes secundarios, fue una de las tantas noches negras. Nos preguntan a nosotros, pero para nosotros todos los días son de ellos. Todos los días son la Noche de los Lápices, la Noche de los Apagones, la Noche de las Corbatas. Todos los días para las Madres son las Noches, no hay un día especial, ni siquiera el propio día en que se llevaron a nuestro hijo es especial, porque todos los días hay un hijo que se llevaron. Todos los días hay un hijo que fue torturado, todos los días hay un hijo que fue mutilado. Está bien que los jóvenes recuerden, porque a estos pibes no se los llevaron por el boleto escolar, sino porque eran revolucionarios, porque ya compartían y convivían con los revolucionarios que eran más grandes, ya estaban llevando por delante esa tarea tan maravillosa.
Pero para las Madres todos los días tienen que ver con alguna Noche. Nos parece bien que se las recuerde, pero nosotras luchamos contra el individualismo. Las Madres queremos todo socializado, todo compartido, todo en colectivo. Mañana, la Noche de los Lápices, pero no se puede dejar de hablar de los miles y miles y miles de pibes que en otros lugares tuvieron también su Noche. No se puede dejar de hablar de los cientos de miles que fueron fusilados en las calles de este país, no se puede dejar de hablar de la época de la Triple A, donde la persecución y la muerte también eran un momento político y una noche muy negra. O las Noches negrísimas donde persiguieron a familias enteras, y las llevaron a un basural y las mataron. O las degollaron. Todas son Noches que tenemos la responsabilidad de recordar. Nadie es mejor que el otro. Nadie hizo más que el otro. Si alguien nos enseñó la solidaridad y el que todos somos iguales, fueron nuestros hijos. Y de ellos tenemos que aprender.
Gracias.
Marcha del jueves 14 de septiembre de 2006. Hebe de Bonafini
Esta mañana acompañé al juez (Roberto Andrés) Gallardo, que es un juez intachable, que por haber cerrado el Casino, ese que está en el barco, fue procesado porque dicen que eso que hizo no corresponde. Ese barco entró clandestinamente, ya no es un barco porque está anclado, es un casino. Entró clandestino y no tenía ninguna autorización. Como lo citaron a declarar, las Madres lo acompañamos y cuando yo saludé, porque salió Oyarbide, le dije “le pido que haga justicia”, como diciendo que esto que pasa es muy injusto.
Claro, para nosotros es muy importante acompañar en estas causas donde se demuestra que el poder político y el poder económico están siempre atados, por eso lo quieren procesar al Doctor Gallardo, que es un hombre muy jugado. Él va a dirigir la carrera de Derecho en la Universidad de las Madres, tiene muchísimas cualidades, así que como corresponde las Madres lo acompañamos.
También estuve leyendo lo que dice (Eduardo) Camaño. Camaño, si escuchás o leés por Internet esto que te digo, te desafío a que me entregues todo lo que decís que tenés contra muchos ministros de este gobierno. Vos saliste a defender a otro chorro como vos, que es Juanjo Alvarez, que la jugó de lindito, como Astiz; carilindo. La gente no le desconfiaba. Hace rato que las Madres le sacamos la frazada, le tiramos de una punta y le dijimos lo que era. Y ahora, a partir de Página 12 se dieron cuenta que las Madres teníamos razón, que es un atorrante que estuvo en la SIDE.
Y Camaño dice hoy que tiene carpetas como para ensuciar a la ministra Miceli y no sé si hay otra ministra más. Si las tiene que me las traiga y las hacemos públicas juntos. Te desafío, Camaño. Si las tenés, traelas; si no es mierda pura lo que hacés.
Ellos cacarean y se tapan y se defienden entre ellos. Pero ha llegado el momento en que ya no se puedan defender. Es tanto lo que han hecho, hay tantos Camaño, hay tantos Juanjo Alvarez. Hay gobernadores que son como ellos. Los tenemos que denunciar y tienen que dejar sus cargos. Tenemos que, como se limpia el Riachuelo, también limpiar la política. Hace mucha falta limpiar la política, y limpiar la política quiere decir echar a los malos políticos. A los traidores y a los sucios, y en eso las Madres no vamos a desmayar.
Y todos saben que mañana, 16 de septiembre, va a haber varios actos. La Noche de los Lápices, una de las tantas noches que hubo en este país. Este país tuvo varias noches negras, y esa en la ciudad de La Plata, por el secuestro de los jóvenes secundarios, fue una de las tantas noches negras. Nos preguntan a nosotros, pero para nosotros todos los días son de ellos. Todos los días son la Noche de los Lápices, la Noche de los Apagones, la Noche de las Corbatas. Todos los días para las Madres son las Noches, no hay un día especial, ni siquiera el propio día en que se llevaron a nuestro hijo es especial, porque todos los días hay un hijo que se llevaron. Todos los días hay un hijo que fue torturado, todos los días hay un hijo que fue mutilado. Está bien que los jóvenes recuerden, porque a estos pibes no se los llevaron por el boleto escolar, sino porque eran revolucionarios, porque ya compartían y convivían con los revolucionarios que eran más grandes, ya estaban llevando por delante esa tarea tan maravillosa.
Pero para las Madres todos los días tienen que ver con alguna Noche. Nos parece bien que se las recuerde, pero nosotras luchamos contra el individualismo. Las Madres queremos todo socializado, todo compartido, todo en colectivo. Mañana, la Noche de los Lápices, pero no se puede dejar de hablar de los miles y miles y miles de pibes que en otros lugares tuvieron también su Noche. No se puede dejar de hablar de los cientos de miles que fueron fusilados en las calles de este país, no se puede dejar de hablar de la época de la Triple A, donde la persecución y la muerte también eran un momento político y una noche muy negra. O las Noches negrísimas donde persiguieron a familias enteras, y las llevaron a un basural y las mataron. O las degollaron. Todas son Noches que tenemos la responsabilidad de recordar. Nadie es mejor que el otro. Nadie hizo más que el otro. Si alguien nos enseñó la solidaridad y el que todos somos iguales, fueron nuestros hijos. Y de ellos tenemos que aprender.
Gracias.
Macri pasó con la topadora por Tribunales
Macri pasó con la topadora por Tribunales
La gestión PRO querelló al magistrado y pidió su apartamiento en más de trescientas causas. Es un hecho sin precedentes. El juez había allanado el miércoles la Jefatura de la ciudad por la muerte de un bebé en un centro de evacuados.
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Por Werner Pertot
Mauricio Macri no estudió derecho. Pero ayer decidió marcar un nuevo record en recusaciones: su gobierno presentó más de trescientas contra el juez Roberto Andrés Gallardo, por lo que le quitó todas las causas que tenía en su juzgado, en un hecho del que nadie recuerda precedentes. El magistrado denunció ante el Consejo de la Magistratura que se efectuó un virtual vaciamiento de su juzgado, que es una “violación a la independencia del Poder Judicial” y dará una conferencia de prensa el próximo lunes acompañado de un grupo de legisladores. El avance de la gestión PRO contra un juez que le falló en contra en varias causas generó malestar entre los otros magistrados y críticas por parte de los opositores porteños.
El martes pasado, Gallardo convocó al jefe de Gobierno y a varios de sus ministros para que explicaran por qué no habían acatado una orden judicial que los intimaba a prestar asistencia médica “las 24 horas” en un centro de refugiados en el Parque Roca, donde sobreviven los ex habitantes de la Villa Cartón en condiciones muy precarias. En ese lugar, alejado de cualquier transporte y de los hospitales, había muerto un bebé de cuatro meses sin que hubiera ningún médico para ayudarlo.
Tanto Macri como sus funcionarios faltaron a la audiencia por la muerte del bebé, por lo que fueron denunciados penalmente por la titular de los asesores tutelares, Laura Musa, quien pidió que se requisaran los documentos que probaban que no cumplieron con las órdenes de la Justicia. Gallardo ordenó los allanamientos en siete dependencias del gobierno porteño y ese mismo día desde la Procuración porteña le contestaron con una querella por daños y perjuicios y con tres centenas de recusaciones en todas las causas en las que intervenía.
La causa por daños la presentaron por un embargo que dispuso Gallardo para que se construyeran viviendas sociales en los terrenos de Casa Amarilla, que –según indican los vecinos– Macri quiere venderle a Boca. La procuración porteña, que consiguió apartar a Gallardo de esa causa, argumentó que con el embargo se habían perdido intereses por 136.876 pesos y querelló tanto al juez como a los que reclaman una vivienda.
“Nosotros no estamos dispuestos a que siga actuando políticamente desde un cargo de juez. La ciudad tiene derecho a que sus pleitos sean dispuestos por un juez imparcial y Gallardo no lo es. No es un ataque a la independencia del Poder Judicial”, argumentó el procurador porteño, Pablo Tonelli. Luego de presentar la querella, un funcionario de la Procuración, de apellido Radice, se comunicó al despacho de Gallardo y le advirtió a su secretaria: “Les vamos a vaciar el juzgado y los vamos a dejar sin jurisdicción”. Así fue: pidieron el apartamiento de Gallardo de todas las causas por estar querellado por el gobierno. Varias fuentes judiciales explicaron a Página/12 que para apartar a un juez la querella debe ser anterior a la intervención del juez en la causa. “No lo dice la ley, pero ésa es la jurisprudencia”, sostuvieron.
En el ámbito judicial, la noticia generó mucha preocupación y malestar. Desde el Colegio de Magistrados pidieron explicaciones al Poder Ejecutivo.
“No es una metodología razonable. Si existe alguna inconducta, lo que tendrían que hacer es pedirle un juicio político”, estimaba uno de sus integrantes. Cuando es recusado, un magistrado debe entregar los expedientes a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se los sortee a un nuevo juez, mientras se resuelve el trámite recusatorio. Es por eso que ayer salían carretillas tras carretillas de papeles del juzgado de Gallardo, que fueron cargadas a un camión y enviadas a la Cámara. Un escribano enviado por el gobierno porteño certificaba que Gallardo entregara todos y cada uno de sus expedientes.
“El sistema no está constituido para recusaciones masivas ni para que vacíen un juzgado”, le planteó Gallardo a Página/12. “Lo que me preocupa más que esta cuestión procesal, que seguramente se va a resolver a mi favor, son los centenares de casos donde están en juego derechos humanos fundamentales. Todas las personas que necesitan una respuesta inmediata entraron en una dilación irreversible”, comentó. Deberán esperar, entre otros que habían presentado amparos, los habitantes del barrio Piedrabuena, los de los Piletones, los que denuncian la contaminación de plomo de la villa 20, los de las villas 21-24 y los refugiados en Parque Roca, además de vendedores ambulantes y sin techo.
Gallardo envió cartas al Consejo de la Magistratura, a los legisladores, a las autoridades del Ministerio Público y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. “Se está vaciando literalmente mi juzgado, que tendrá en pocas horas juez, pero no expedientes”, describió en las misivas. “La gravedad institucional de la situación es palmaria. Se asiste a una violación abierta del régimen republicano, de la división de Poderes y de la casi totalidad de los tratados internacionales sobre derechos humanos”, advirtió. Su Señoría planea dar una conferencia de prensa el lunes en la Legislatura, respaldado por la mayoría de los legisladores de la oposición, que cerraron filas para cuestionar la medida.
La gestión PRO querelló al magistrado y pidió su apartamiento en más de trescientas causas. Es un hecho sin precedentes. El juez había allanado el miércoles la Jefatura de la ciudad por la muerte de un bebé en un centro de evacuados.
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Por Werner Pertot
Mauricio Macri no estudió derecho. Pero ayer decidió marcar un nuevo record en recusaciones: su gobierno presentó más de trescientas contra el juez Roberto Andrés Gallardo, por lo que le quitó todas las causas que tenía en su juzgado, en un hecho del que nadie recuerda precedentes. El magistrado denunció ante el Consejo de la Magistratura que se efectuó un virtual vaciamiento de su juzgado, que es una “violación a la independencia del Poder Judicial” y dará una conferencia de prensa el próximo lunes acompañado de un grupo de legisladores. El avance de la gestión PRO contra un juez que le falló en contra en varias causas generó malestar entre los otros magistrados y críticas por parte de los opositores porteños.
El martes pasado, Gallardo convocó al jefe de Gobierno y a varios de sus ministros para que explicaran por qué no habían acatado una orden judicial que los intimaba a prestar asistencia médica “las 24 horas” en un centro de refugiados en el Parque Roca, donde sobreviven los ex habitantes de la Villa Cartón en condiciones muy precarias. En ese lugar, alejado de cualquier transporte y de los hospitales, había muerto un bebé de cuatro meses sin que hubiera ningún médico para ayudarlo.
Tanto Macri como sus funcionarios faltaron a la audiencia por la muerte del bebé, por lo que fueron denunciados penalmente por la titular de los asesores tutelares, Laura Musa, quien pidió que se requisaran los documentos que probaban que no cumplieron con las órdenes de la Justicia. Gallardo ordenó los allanamientos en siete dependencias del gobierno porteño y ese mismo día desde la Procuración porteña le contestaron con una querella por daños y perjuicios y con tres centenas de recusaciones en todas las causas en las que intervenía.
La causa por daños la presentaron por un embargo que dispuso Gallardo para que se construyeran viviendas sociales en los terrenos de Casa Amarilla, que –según indican los vecinos– Macri quiere venderle a Boca. La procuración porteña, que consiguió apartar a Gallardo de esa causa, argumentó que con el embargo se habían perdido intereses por 136.876 pesos y querelló tanto al juez como a los que reclaman una vivienda.
“Nosotros no estamos dispuestos a que siga actuando políticamente desde un cargo de juez. La ciudad tiene derecho a que sus pleitos sean dispuestos por un juez imparcial y Gallardo no lo es. No es un ataque a la independencia del Poder Judicial”, argumentó el procurador porteño, Pablo Tonelli. Luego de presentar la querella, un funcionario de la Procuración, de apellido Radice, se comunicó al despacho de Gallardo y le advirtió a su secretaria: “Les vamos a vaciar el juzgado y los vamos a dejar sin jurisdicción”. Así fue: pidieron el apartamiento de Gallardo de todas las causas por estar querellado por el gobierno. Varias fuentes judiciales explicaron a Página/12 que para apartar a un juez la querella debe ser anterior a la intervención del juez en la causa. “No lo dice la ley, pero ésa es la jurisprudencia”, sostuvieron.
En el ámbito judicial, la noticia generó mucha preocupación y malestar. Desde el Colegio de Magistrados pidieron explicaciones al Poder Ejecutivo.
“No es una metodología razonable. Si existe alguna inconducta, lo que tendrían que hacer es pedirle un juicio político”, estimaba uno de sus integrantes. Cuando es recusado, un magistrado debe entregar los expedientes a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se los sortee a un nuevo juez, mientras se resuelve el trámite recusatorio. Es por eso que ayer salían carretillas tras carretillas de papeles del juzgado de Gallardo, que fueron cargadas a un camión y enviadas a la Cámara. Un escribano enviado por el gobierno porteño certificaba que Gallardo entregara todos y cada uno de sus expedientes.
“El sistema no está constituido para recusaciones masivas ni para que vacíen un juzgado”, le planteó Gallardo a Página/12. “Lo que me preocupa más que esta cuestión procesal, que seguramente se va a resolver a mi favor, son los centenares de casos donde están en juego derechos humanos fundamentales. Todas las personas que necesitan una respuesta inmediata entraron en una dilación irreversible”, comentó. Deberán esperar, entre otros que habían presentado amparos, los habitantes del barrio Piedrabuena, los de los Piletones, los que denuncian la contaminación de plomo de la villa 20, los de las villas 21-24 y los refugiados en Parque Roca, además de vendedores ambulantes y sin techo.
Gallardo envió cartas al Consejo de la Magistratura, a los legisladores, a las autoridades del Ministerio Público y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. “Se está vaciando literalmente mi juzgado, que tendrá en pocas horas juez, pero no expedientes”, describió en las misivas. “La gravedad institucional de la situación es palmaria. Se asiste a una violación abierta del régimen republicano, de la división de Poderes y de la casi totalidad de los tratados internacionales sobre derechos humanos”, advirtió. Su Señoría planea dar una conferencia de prensa el lunes en la Legislatura, respaldado por la mayoría de los legisladores de la oposición, que cerraron filas para cuestionar la medida.
Casino Flotante
Gran timba en el Gobierno porteño
Escribe Emiliano Gutiérrez para infourba
El juez Roberto Andrés Gallardo decidió mediante un Fallo judicial la anulación total de la Ley que permitió la aprobación de un Convenio que sirvió para que la empresa fraudulenta CIRSA (investigada en España por el Juez Baltasar Garzón) montara su red de casinos, violando disposiciones expresas de la Constitución de la Ciudad, entre otras normas locales y nacionales.
Qué será de Buenos Aires sin Casinos, se preguntaban impávidos los ociosos jugadores que pululan por Puerto Madero. La respuesta a esta angustiosa preocupación existencial de quienes viven del juego con dinero, la dará próximamente la Legislatura de la Ciudad.
Seis diputados de la Ciudad de Buenos Aires, a los que se sumaron otros dos ex legisladores que votaron en contra del casino flotante el 13 de noviembre de 2003, decidieron apoyar totalmente el Fallo del juez porteño. La variopinta mesa de parlamentarios que hizo la denuncia el martes 22 de marzo incluyó a los diputados Milcíades Peña, Beatriz Baltroc, Daniel Betti, María Eugenia Estensoro, Ariel Schifrin, Fernando Catero y los ex Fernando Caeiro y Luis García Conde.
De entrada, el fallo judicial pone en cuestión los 5.700 millones de pesos estimados para la facturación del año 2006, según fuentes del propio Casino que pidieron no ser identificadas. Quizá sea esto lo que más preocupa pues representa una fuente privilegiada y segura de financiamiento.
"En el 2004 se facturaron 5.000 millones de pesos, unos 300 millones más que en 2003, de ellos 1.000 fueron al fisco, mitad para la Ciudad, mitad para la Nación, o sea unos 70 millones de pesos que se supone deberían ir al gasto social. El asunto es que han hecho con eso los sospechosos de siempre, no sólo con el 20% que facturó el fisco argentino, sino con lo que obtuvieron del 80% que ayudaron a facturarle al grupo CIRSA" apuntó el diputado Daniel Betti, del Interbloque de Izquierda.
Digamos un juego en lúdica expansión. Además del cuestionado uso de la timba y el garito para saciar el ocio humano, lo que revela el fallo del juez es la relación mafiosa entre esa masa de dinero con el poder en el Estado nacional y de la Ciudad Autónoma.
Los seis parlamentarios porteños demostraron la inconstitucionalidad de los Casinos y casas de juego dentro de la Ciudad. Además de violar los artículos 50 y 6 de la Carta Magna de la Ciudad, las leyes locales 538 y 916 y el artículo 248 del Código Penal de la Nación, vulnera las funciones reguladora, contraloras y policiales de la Administración del Gobierno porteño.
El Juez en su escrito se pregunta cosas como estas. Como recordó, citando el escrito del juez, el diputado Peña: ¿Por qué nunca se le cobró impuestos? ¿Por qué nunca se aceptó una inspección judicial y cuando se intentó el propio Gobierno apeló a favor de la empresa? ¿Por qué el actual Jefe de gobierno, Aníbal Ibarra cambió de actitud y pasó de oponerse al Casino antes de 2003 a sostenerlo desde que ganó la Gobernación?
El Convenio que habilita los casinos y especialmente el barco flotante que está en Puerto Madero, es el resultado de un pacto de intereses entre la Corporación política y los empresarios de la mafia internacional, según denunciaron los diputados. Fue decretada con carácter de "Necesidad y Urgencia" en 1999 por Menem, convalidada en 2003 por el gobierno de Ibarra y finalmente votada por una mayoría parlamentaria de la Ciudad Autónoma. Esto es lo que ha sido anulado por el juez Gallardo y ha movilizado a la Corporación política por el temor a perder una fuente de financiamiento.
La diputada Beatriz Baltroc recordó "eso fue posible porque funcionó una trama de corrupción que funciona desde el gobierno de Menem. La empresa CIRSA -declaró- está cuestionada internacionalmente, no pagó un solo peso al fisco: ¿Adónde va la plata?"
infourba 230305
Escribe Emiliano Gutiérrez para infourba
El juez Roberto Andrés Gallardo decidió mediante un Fallo judicial la anulación total de la Ley que permitió la aprobación de un Convenio que sirvió para que la empresa fraudulenta CIRSA (investigada en España por el Juez Baltasar Garzón) montara su red de casinos, violando disposiciones expresas de la Constitución de la Ciudad, entre otras normas locales y nacionales.
Qué será de Buenos Aires sin Casinos, se preguntaban impávidos los ociosos jugadores que pululan por Puerto Madero. La respuesta a esta angustiosa preocupación existencial de quienes viven del juego con dinero, la dará próximamente la Legislatura de la Ciudad.
Seis diputados de la Ciudad de Buenos Aires, a los que se sumaron otros dos ex legisladores que votaron en contra del casino flotante el 13 de noviembre de 2003, decidieron apoyar totalmente el Fallo del juez porteño. La variopinta mesa de parlamentarios que hizo la denuncia el martes 22 de marzo incluyó a los diputados Milcíades Peña, Beatriz Baltroc, Daniel Betti, María Eugenia Estensoro, Ariel Schifrin, Fernando Catero y los ex Fernando Caeiro y Luis García Conde.
De entrada, el fallo judicial pone en cuestión los 5.700 millones de pesos estimados para la facturación del año 2006, según fuentes del propio Casino que pidieron no ser identificadas. Quizá sea esto lo que más preocupa pues representa una fuente privilegiada y segura de financiamiento.
"En el 2004 se facturaron 5.000 millones de pesos, unos 300 millones más que en 2003, de ellos 1.000 fueron al fisco, mitad para la Ciudad, mitad para la Nación, o sea unos 70 millones de pesos que se supone deberían ir al gasto social. El asunto es que han hecho con eso los sospechosos de siempre, no sólo con el 20% que facturó el fisco argentino, sino con lo que obtuvieron del 80% que ayudaron a facturarle al grupo CIRSA" apuntó el diputado Daniel Betti, del Interbloque de Izquierda.
Digamos un juego en lúdica expansión. Además del cuestionado uso de la timba y el garito para saciar el ocio humano, lo que revela el fallo del juez es la relación mafiosa entre esa masa de dinero con el poder en el Estado nacional y de la Ciudad Autónoma.
Los seis parlamentarios porteños demostraron la inconstitucionalidad de los Casinos y casas de juego dentro de la Ciudad. Además de violar los artículos 50 y 6 de la Carta Magna de la Ciudad, las leyes locales 538 y 916 y el artículo 248 del Código Penal de la Nación, vulnera las funciones reguladora, contraloras y policiales de la Administración del Gobierno porteño.
El Juez en su escrito se pregunta cosas como estas. Como recordó, citando el escrito del juez, el diputado Peña: ¿Por qué nunca se le cobró impuestos? ¿Por qué nunca se aceptó una inspección judicial y cuando se intentó el propio Gobierno apeló a favor de la empresa? ¿Por qué el actual Jefe de gobierno, Aníbal Ibarra cambió de actitud y pasó de oponerse al Casino antes de 2003 a sostenerlo desde que ganó la Gobernación?
El Convenio que habilita los casinos y especialmente el barco flotante que está en Puerto Madero, es el resultado de un pacto de intereses entre la Corporación política y los empresarios de la mafia internacional, según denunciaron los diputados. Fue decretada con carácter de "Necesidad y Urgencia" en 1999 por Menem, convalidada en 2003 por el gobierno de Ibarra y finalmente votada por una mayoría parlamentaria de la Ciudad Autónoma. Esto es lo que ha sido anulado por el juez Gallardo y ha movilizado a la Corporación política por el temor a perder una fuente de financiamiento.
La diputada Beatriz Baltroc recordó "eso fue posible porque funcionó una trama de corrupción que funciona desde el gobierno de Menem. La empresa CIRSA -declaró- está cuestionada internacionalmente, no pagó un solo peso al fisco: ¿Adónde va la plata?"
infourba 230305
Irsa, otro que no cumplió
martes, diciembre 22, 2009
La Justicia multó a Irsa por retrasos en un centro de salud y una escuela. Por E. S.
(La Política OnLine). En un fallo el juez Roberto Gallardo dispuso una multa diaria de seis mil dólares luego de que la empresa incumpliera con las obras a las que se había comprometido para inaugurar el Dot Shopping. Tampoco el gobierno porteño cumplió. Los fondos irán a tres hospitales. La inauguración ya había sido suspendida dos veces por no acreditar avances en los trabajos.
Malas noticias para Eduardo Elsztain, dueño de IRSA, la empresa que construyó el Dot Shopping. El juez en lo Contencioso Administrativo, Roberto Andrés Gallardo, dispuso una multa de seis mil dólares diarios por incumplir una medida cautelar que ordenó la finalización de un Centro de Salud (Cesac) y de una Escuela Infantil.
Según un fallo del magistrado, al que accedió LPO, la multa se debitará de las sumas depositadas como caución y se destinará en tercios a las Cooperadoras de tres Hospitales públicos: el de Niños Ricardo Gutiérrez, el Pedro Elizalde y el Garrahan.
La multa se aplicará “hasta tanto se complete total y definitivamente la obra”, acorde a lo que se desprende de la sentencia.
La causa (Expediente 31225/0) fue iniciada luego de un amparo del Asesor Tutelar de la ciudad, Gustavo Moreno.
Ya la justicia había suspendido dos veces la inauguración del shopping hasta que se acreditó el avance de las obras en abril de este año. En ese entonces además, la empresa depositó 3.900.000 pesos en concepto de “caución real”, suma que la Justicia estuvo liberando en forma gradual a medida que avanzaban los trabajos.
La Escuela infantil y el centro de salud
Una de las dos obras es la Escuela Infantil N.3 “Caminito”, que tuvo que ser trasladada del distrito 15 (en Saavedra) al 10 (en la calle Arias) por orden del ministerio de Educación porteño se cambió el lugar de emplazamiento.
La causa tenía que ver con que el viejo edificio, que había comprado Jorge Telerman, no presentaba las condiciones adecuadas. La idea original, había apuntado la empresa, era tener en un solo edificio el centro de salud y la escuela.
Según ordenó la Justicia a IRSA, la escuela infantil debería estar lista en marzo de 2010 por ello la fiscalía del caso seguió de cerca los trabajos para que se garantice la apertura del maternal en el plazo establecido.
Por su lado en lo que refiere al Cesac, en el ministerio de Desarrollo Urbano porteño habían prometido en diálogo con LPO que en octubre estaría listo. “Hubo demoras porque IRSA no definía el lugar. Al final lo terminó definiendo el gobierno porteño, y la subsecretaria de Planeamiento los planos”, explicaron fuentes de la cartera que conduce Daniel Chain.
Además en el caso del Cesac hay un problema adicional: el actual no da abasto ya que los vecinos de Villa Mitre, cruzando la General Paz, concurren a atenderse y saturan el centro de salud que funciona.
El detalle de los incumplimientos
En este marco en el fallo se detallan una serie de incumplimientos por parte de IRSA y del gobierno de la ciudad.
En la Escuela Infantil:
- Colocación de una reja de cierre en el fondo del patio lateral que se vincula a las aulas para que no se tenga acceso al patio del fondo de la cocina. “Ello, en virtud de la indefinición de los límites de la escuela, dado que su patio de juegos limita con un territorio de uso público (plaza), como también lo hace el resto de las construcciones”, reza la sentencia.
- Colocar protecciones en los vidrios del frente de la escuela
. Colocar una división en el hall de acceso para que no haya cruce entre la gente que concurre al Centro de Salud y la que concurre al Jardín Maternal
- Colocar al menos un aparato tefefónico básico (sin perjuicio de haberse provisto de un artefacto de teléfono; la intalación pertinente no cuenta con el correspondiente cableado)
- Adecuar la altura de los lavatorios de la escuela
- Instalar cambiadores
- Revestir los pisos de zócalos mediante goma de alto tránsito
En lo que refiere a incumplimientos en el Centro de Salud por parte del gobierno porteño, la Justicia detalló:
- La falta de equipamiento necesario a los efectos de la mudanza al mismo consistente en una heladera, una balanza, una estufa de esterilización y dos electrocardiógrafos
- Proveer vigilancia durante las 24 horas
Finalmente, en el fallo se detallan incumplimientos por parte del gobierno de la ciudad y de IRSA:
- Aprobar los planos conforme a obra de arquitectura
- Aprobar los planos de instalación eléctrica
- Aprobar los planos de instalación de obras sanitarias
- Aprobar los planos de instalación de gas
- Aprobar los planos contra incendioCon fecha 02 de septiembre del cte. año convoqué a una audiencia de explicaciones con motivo del incumplimiento reiterado de una medida cautelar que ordenaba la cobertura
médica permanente (sala de primeros auxilios) en el centro de evacuados de Parque Roca (Ex AU7 – Villa Cartón).
La Audiencia, a la que debían concurrir el Sr. Jefe de Gobierno y algunos ministros de áreas vinculadas al asunto, tuvo como hecho antecedente y fundante la muerte SIN ATENCIÓN MEDICA en el lugar del menor Javier Occhiuto, de cuatro meses de edad.
Ningún funcionario político concurrió a la audiencia. Ello bajo el pretexto de que procesalmente no podían ser citados en razón de su investidura. El Ejecutivo envió para EXPLICAR a un abogado de planta que carecía de documentación y de información, por lo que no hubo por parte de la Administración vocación alguna de informar sobre el asunto. Finalizada la Audiencia, el Ministerio Público solicitó al Tribunal a mi cargo el allanamiento de las dependencias gubernamentales involucradas y el secuestro de la documentación relativa a la orden judicial incumplida y a la muerte del menor. En ese contexto, ordené con fecha 03 de septiembre el allanamiento de siete dependencias administrativas y el secuestro de la documentación respectiva. Los procedimientos se efectuaron con éxito.
El mismo día 03 de septiembre, mientras se realizaban los operativos mencionados, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me demandaba por DAÑOS Y PERJUICIOS a través de un expediente judicial caratulado "GCBA C/ GALLARDO, ROBERT ANDRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS * EXPTE 30738/0" en el que supuestamente se reclaman los intereses que el gobierno local no habría percibido con motivo de un embargo que ordenara el suscripto en un expediente vinculado con la construcción de viviendas por parte del IVC.
El día 04 de septiembre, ambas Secretarías de mi juzgado recibieron anticipos telefónicos de que el Gobierno había decidido RECUSARME en la totalidad de los expedientes a mi cargo, tomando como causa la existencia del juicio que me habían iniciado.
Efectivamente, a partir del mediodía de ayer, una andanada de recusaciones terminó por impedir mi actuación judicial en la totalidad de las acciones de amparo activas de mi tribunal (unas doscientas aproximadamente), muchas de ellas de naturaleza alimentaria, de salud, de vivienda, trabajo, y otros derechos de necesaria y acotada resolución.
En el día de la fecha, se estan presentando centenares de recusaciones en el resto de las acciones a mi cargo, VACIANDO LITERALMENTE MI JUZGADO, que tendrá en pocas horas JUEZ, pero no EXPEDIENTES.
La situación descripta es un claro exponente de violación de la División de Poderes, un atentado a la Independencia del Poder Judicial y repugna a las bases del orden constitucional.
El día lunes próximo, a las 13 hs., procederé a denunciar esta situación ante la Legislatura de la Ciudad, y a dar difusión pública de los detalles en una conferencia que se realizará en el Salón Montevideo de esa casa
Desde ya les agradezco la difusión de la presente y todo lo que esté a su alcance hacer para defender la institucionalidad.
Roberto Andrés Gallardo
Juez
CAYT de la Ciudad de Buenos Aires
La Justicia multó a Irsa por retrasos en un centro de salud y una escuela. Por E. S.
(La Política OnLine). En un fallo el juez Roberto Gallardo dispuso una multa diaria de seis mil dólares luego de que la empresa incumpliera con las obras a las que se había comprometido para inaugurar el Dot Shopping. Tampoco el gobierno porteño cumplió. Los fondos irán a tres hospitales. La inauguración ya había sido suspendida dos veces por no acreditar avances en los trabajos.
Malas noticias para Eduardo Elsztain, dueño de IRSA, la empresa que construyó el Dot Shopping. El juez en lo Contencioso Administrativo, Roberto Andrés Gallardo, dispuso una multa de seis mil dólares diarios por incumplir una medida cautelar que ordenó la finalización de un Centro de Salud (Cesac) y de una Escuela Infantil.
Según un fallo del magistrado, al que accedió LPO, la multa se debitará de las sumas depositadas como caución y se destinará en tercios a las Cooperadoras de tres Hospitales públicos: el de Niños Ricardo Gutiérrez, el Pedro Elizalde y el Garrahan.
La multa se aplicará “hasta tanto se complete total y definitivamente la obra”, acorde a lo que se desprende de la sentencia.
La causa (Expediente 31225/0) fue iniciada luego de un amparo del Asesor Tutelar de la ciudad, Gustavo Moreno.
Ya la justicia había suspendido dos veces la inauguración del shopping hasta que se acreditó el avance de las obras en abril de este año. En ese entonces además, la empresa depositó 3.900.000 pesos en concepto de “caución real”, suma que la Justicia estuvo liberando en forma gradual a medida que avanzaban los trabajos.
La Escuela infantil y el centro de salud
Una de las dos obras es la Escuela Infantil N.3 “Caminito”, que tuvo que ser trasladada del distrito 15 (en Saavedra) al 10 (en la calle Arias) por orden del ministerio de Educación porteño se cambió el lugar de emplazamiento.
La causa tenía que ver con que el viejo edificio, que había comprado Jorge Telerman, no presentaba las condiciones adecuadas. La idea original, había apuntado la empresa, era tener en un solo edificio el centro de salud y la escuela.
Según ordenó la Justicia a IRSA, la escuela infantil debería estar lista en marzo de 2010 por ello la fiscalía del caso seguió de cerca los trabajos para que se garantice la apertura del maternal en el plazo establecido.
Por su lado en lo que refiere al Cesac, en el ministerio de Desarrollo Urbano porteño habían prometido en diálogo con LPO que en octubre estaría listo. “Hubo demoras porque IRSA no definía el lugar. Al final lo terminó definiendo el gobierno porteño, y la subsecretaria de Planeamiento los planos”, explicaron fuentes de la cartera que conduce Daniel Chain.
Además en el caso del Cesac hay un problema adicional: el actual no da abasto ya que los vecinos de Villa Mitre, cruzando la General Paz, concurren a atenderse y saturan el centro de salud que funciona.
El detalle de los incumplimientos
En este marco en el fallo se detallan una serie de incumplimientos por parte de IRSA y del gobierno de la ciudad.
En la Escuela Infantil:
- Colocación de una reja de cierre en el fondo del patio lateral que se vincula a las aulas para que no se tenga acceso al patio del fondo de la cocina. “Ello, en virtud de la indefinición de los límites de la escuela, dado que su patio de juegos limita con un territorio de uso público (plaza), como también lo hace el resto de las construcciones”, reza la sentencia.
- Colocar protecciones en los vidrios del frente de la escuela
. Colocar una división en el hall de acceso para que no haya cruce entre la gente que concurre al Centro de Salud y la que concurre al Jardín Maternal
- Colocar al menos un aparato tefefónico básico (sin perjuicio de haberse provisto de un artefacto de teléfono; la intalación pertinente no cuenta con el correspondiente cableado)
- Adecuar la altura de los lavatorios de la escuela
- Instalar cambiadores
- Revestir los pisos de zócalos mediante goma de alto tránsito
En lo que refiere a incumplimientos en el Centro de Salud por parte del gobierno porteño, la Justicia detalló:
- La falta de equipamiento necesario a los efectos de la mudanza al mismo consistente en una heladera, una balanza, una estufa de esterilización y dos electrocardiógrafos
- Proveer vigilancia durante las 24 horas
Finalmente, en el fallo se detallan incumplimientos por parte del gobierno de la ciudad y de IRSA:
- Aprobar los planos conforme a obra de arquitectura
- Aprobar los planos de instalación eléctrica
- Aprobar los planos de instalación de obras sanitarias
- Aprobar los planos de instalación de gas
- Aprobar los planos contra incendioCon fecha 02 de septiembre del cte. año convoqué a una audiencia de explicaciones con motivo del incumplimiento reiterado de una medida cautelar que ordenaba la cobertura
médica permanente (sala de primeros auxilios) en el centro de evacuados de Parque Roca (Ex AU7 – Villa Cartón).
La Audiencia, a la que debían concurrir el Sr. Jefe de Gobierno y algunos ministros de áreas vinculadas al asunto, tuvo como hecho antecedente y fundante la muerte SIN ATENCIÓN MEDICA en el lugar del menor Javier Occhiuto, de cuatro meses de edad.
Ningún funcionario político concurrió a la audiencia. Ello bajo el pretexto de que procesalmente no podían ser citados en razón de su investidura. El Ejecutivo envió para EXPLICAR a un abogado de planta que carecía de documentación y de información, por lo que no hubo por parte de la Administración vocación alguna de informar sobre el asunto. Finalizada la Audiencia, el Ministerio Público solicitó al Tribunal a mi cargo el allanamiento de las dependencias gubernamentales involucradas y el secuestro de la documentación relativa a la orden judicial incumplida y a la muerte del menor. En ese contexto, ordené con fecha 03 de septiembre el allanamiento de siete dependencias administrativas y el secuestro de la documentación respectiva. Los procedimientos se efectuaron con éxito.
El mismo día 03 de septiembre, mientras se realizaban los operativos mencionados, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me demandaba por DAÑOS Y PERJUICIOS a través de un expediente judicial caratulado "GCBA C/ GALLARDO, ROBERT ANDRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS * EXPTE 30738/0" en el que supuestamente se reclaman los intereses que el gobierno local no habría percibido con motivo de un embargo que ordenara el suscripto en un expediente vinculado con la construcción de viviendas por parte del IVC.
El día 04 de septiembre, ambas Secretarías de mi juzgado recibieron anticipos telefónicos de que el Gobierno había decidido RECUSARME en la totalidad de los expedientes a mi cargo, tomando como causa la existencia del juicio que me habían iniciado.
Efectivamente, a partir del mediodía de ayer, una andanada de recusaciones terminó por impedir mi actuación judicial en la totalidad de las acciones de amparo activas de mi tribunal (unas doscientas aproximadamente), muchas de ellas de naturaleza alimentaria, de salud, de vivienda, trabajo, y otros derechos de necesaria y acotada resolución.
En el día de la fecha, se estan presentando centenares de recusaciones en el resto de las acciones a mi cargo, VACIANDO LITERALMENTE MI JUZGADO, que tendrá en pocas horas JUEZ, pero no EXPEDIENTES.
La situación descripta es un claro exponente de violación de la División de Poderes, un atentado a la Independencia del Poder Judicial y repugna a las bases del orden constitucional.
El día lunes próximo, a las 13 hs., procederé a denunciar esta situación ante la Legislatura de la Ciudad, y a dar difusión pública de los detalles en una conferencia que se realizará en el Salón Montevideo de esa casa
Desde ya les agradezco la difusión de la presente y todo lo que esté a su alcance hacer para defender la institucionalidad.
Roberto Andrés Gallardo
Juez
CAYT de la Ciudad de Buenos Aires
Habla Gallardo
El juicio político al polémico juez Roberto Andrés Gallardo se cayó en el primer día de audiencias. Es que el tribunal que debía juzgarlo entendió que el proceso era nulo.
En realidad, y aunque todas las partes leyeron sus argumentos, se podría decir que el juicio ni siquiera llegó a comenzar, porque el tribunal decidió que la acusación contra el juez se había presentado cuando ya había vencido el plazo de 60 días para hacerlo.
Gracias a este detalle técnico, Gallardo se vio liberado del proceso que había impulsado la Procuradora general del Gobierno de la Ciudad, Alejandra Tadei, quien lo acusó de haber paralizado sin causa justificada la construcción de 1.700 viviendas sociales en Villa Lugano.
Gallardo se ganó la enemistad del Gobierno del suspendido Aníbal Ibarra por tomar medidas como clausurar La Rural, ordenar el cierre del Casino flotante de Puerto Madero, la entrega de subsidios a cartoneros y embargarle parte del sueldo al jefe del Ejecutivo por no mudar a familias carenciadas que vivían en hoteles alquilados por la Comuna.
Sin embargo, el caso que llegó a las puertas del juicio político fue la decisión del magistrado, titular del juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo, de impedir que el Instituto de Vivienda de la Ciudad construyera 1.700 departamentos en el Parque de las Victorias, medida que tomó al considerar que el Estado no había hecho un estudio de impacto ambiental, entre otros argumentos. Este fallo fue rechazado luego por la Cámara de Apelaciones, y de allí surgió la denuncia de la procuradora Tadei.
Ayer, en la primera de las sesiones, se pudo ver a varias personas que apoyaban a Gallardo: vecinos de Lugano, cartoneros, legisladores y representantes de entidades como Poder Ciudadano, Madres de Plaza de Mayo, el CELS y otras. La sesión comenzó a las 11, y tras dos horas los nueve jurados se retiraron a deliberar. Durante la tarde, trascendió la decisión de declarar nulo el proceso, pero el tribunal siguió deliberando hasta la noche.
Los jurados fueron los jueces Ana Conde, Eduardo Russo y Guillermo Corti; los abogados Juan Scelzi, Nelly Minyersky y José Console; y los legisladores Jorge Enríquez (radical macrista), Miguel Talento (kirchnerista) y Laura Moresi (ibarrista). Según la agencia Télam, la decisión fue por seis votos contra tres. Trascendió que los tres que habrían votado contra la nulidad fueron Conde, Console y Enríquez.
2400 despidos es PRO. Habla el Juez Roberto Gallardo
“Si no les gusta la Constitución, que llamen a una constituyente”
25 de Enero de 2008
Habla el juez Roberto Gallardo, quien concedió un amparo a favor de los cesanteados y reclamó al gobierno porteño la lista completa de los despedidos.
Por Irina Hauser y
Werner Pertot
La restricción a los amparos “generaría una escalada de confrontación entre poderes”.
“2400 despidos es PRO”, reza el sténcil verde que quedó plasmado justo en la entrada al juzgado de Roberto Andrés Gallardo.
En su despacho, la decoración deja algunas definiciones: un cuadro del Che Guevara y debajo otros de Lenin y Salvador Allende. También hay un cuadro de agradecimiento que le dieron los padres de Cromañón.
En diálogo con Página/12, el juez que concedió un amparo a favor de los 2400 cesanteados plantea que “es peligroso que ante una decisión adversa se amenace con un juicio político”. También advierte que la restricción a los amparos que proyecta el PRO “generaría una escalada de confrontación entre poderes”.
– Macri dijo que “hay una corporación de jueces que no entienden el cambio que quieren los vecinos”.
Si alguien siguió la trayectoria de este fuero contencioso, es claro que tenemos una clara vocación anticorporativa. La definición no es feliz: acá no hay corporación y no hay ánimo corporativo. La comprensión, o no, de lo que pretenden los vecinos es un problema de los funcionarios políticos.
– ¿Estos cambios están dentro de la ley?
Esto es lo que resolvió mi colega Liberatori en un primer momento y yo en un segundo momento. Entendemos que hay cierta disfuncionalidad entre lo que se resuelve por parte del Ejecutivo y lo que dice la ley.
– ¿Macri trata de gobernar fuera de la ley?
No sé si trata de gobernar fuera de la ley, lo que sé es que en un caso hay ciertas cuestiones que no están ajustadas a derecho. Lo que más molesta al poder general –no hablo de Macri– es un fuero que supervisa las políticas públicas. Es como un mosquito.
– El jefe de Gobierno interpreta que “los jueces quieren gobernar por él”.
En mi sentencia, hay dos párrafos que van dirigidos a eso. Se dice que la sentencia no cuestiona las competencias: él puede racionalizar personal o despedir, si se lo plantea. Está dentro de las facultades del Ejecutivo y nadie puede desconocer eso.
Tampoco se puede desconocer que hay un marco jurídico para resolver cada cosa: hay requisitos para que el pase a disponibilidad sea legal. Lo mismo con un contrato a plazo determinado. Pero un contrato que se renueva cada año, durante diez años, lo tenemos sentenciado como un fraude a la legislación laboral.
– Hubo cuatro fallos desfavorables a Macri en muy poco tiempo. ¿Son los jueces que no lo dejan cambiar las cosas?
Hay fallos colectivos, pero además hubo fallos individuales que involucraron a otros jueces, no sólo a Liberatori y a mí. Esto implica que no es un juez que se subleva contra el poder político, sino que es una visión homogénea con respecto a este tema.
– ¿Por qué pidió una lista de los cesanteados?
Porque queremos saber quiénes son los afectados –cosa que todavía no se sabe– y qué antigüedad tienen esos contratos. Es un poco difícil, tanto para el Ejecutivo como para el Judicial, poder resolver en tan corto plazo sobre cientos de casos. Necesitamos tiempo para analizar caso por caso.
– ¿Qué pasa si no entregan la lista que solicita en dos días?
Esa lista no puede no aparecer. Podrá aparecer más temprano o más tarde, pero esos datos tienen que estar en el registro público. Si no está la lista, en realidad, va a seguir en una nebulosa cómo operó el Ejecutivo y la Justicia va a tener que seguir profundizando la investigación para tomar otras decisiones. ¿Cuáles son? No sé. Las voy a saber en el momento en que se produzca el incumplimiento.
– ¿Por qué puso en el fallo que “antes de buscar palos en el camino, se debe revisar la rueda del carro”?
Cuando fue el fallo anterior hubo una conferencia de prensa en la que el jefe de Gobierno anunció que le querían poner palos en la rueda. La metáfora del palo en la rueda es de un objeto que impide que el carro avance. Pero si la rueda es cuadrada, puede ser que el carro no avance nunca. Por eso es que antes de analizar si hay un palo, hay que ver el estado del carro. El carro es el Gobierno: si se maneja conforme a la ley, las ruedas giran y no hay palos en la Justicia. La obstrucción del Poder Judicial se verifica cuando la rueda no está funcionando.
– ¿Cómo ve esta seguidilla de fallos y conferencias de prensa?
Somos una sociedad a la que le cuesta convencerse de que cada uno tiene un rol. Y hay que respetar al otro. Eso implica repensar las decisiones, reprogramarlas y trabajar con un poco más de tiempo y con menos exitismo.
– También en una conferencia Macri le pidió a Liberatori que fallara a su favor. Y amenazó con un juicio político cuando falló en contra.
Las exteriorizaciones que se puedan dar para cuestionar decisiones del otro hacen al juego democrático. Eso no está mal. Creo que lo grave es, más que nada, la amenaza. Es peligroso que ante una decisión adversa se amenace con un juicio político.
– ¿La relación institucional con el Ejecutivo empeoró con Macri?
Fue muy corto el tiempo para decir si es mejor o peor. Sí puedo decir que hay dos reacciones que me llamaron la atención: la primera, esta amenaza de juicio político ante una decisión adversa. Esto me parece negativo para el juego entre los poderes del Estado. Y la segunda, este llamado a la reflexión marital, de convocar al ex esposo de Liberatori para que sepa lo que ella está haciendo.
– ¿Se refiere a cuando Macri dijo que le decía “Liberatori de Haramburu”, para que “el marido también se haga cargo de lo que hace esta mujer”?
Sí. Fue poco feliz.
– ¿Cree que los despidos fueron indiscriminados?
De los expedientes de ATE y Sutecba surgen situaciones que aparentarían falta de sustento y que, por lo tanto, implica arbitrariedad: casos de gente que tiene años de trabajo y que no son de los llamados sueldos de ñoquis o de acomodados políticos, sino sueldos absolutamente normales de un empleado común. Hay casos sobre los que intervine directamente porque se trata de delegados gremiales.
– El macrismo evalúa restringir la ley de amparo.
Si esta intención avanza, va a generar reacciones bastante duras de sectores de la ciudadanía que pueden entender muy claramente qué significa eso.
–¿Qué consecuencias podría tener?
Si se imponen a los jueces tantas condiciones, se hace inviable prácticamente la acción sobre el Ejecutivo. Esto sí podría ser una decisión política grave, peligrosa y seriamente resistida.
No creo que sea tan fácil, aun con mayorías legislativas, pretender avanzar en ese terreno. Significaría desconocer el artículo 14 de la Constitución, por lo que podría llevar a la inconstitucionalidad de esa ley. Esto lo que haría es generar una escalada de confrontación entre poderes.
Si el poder político no está de acuerdo con lo que marca la constitución, que llame a una constituyente. La que rige tiene una generosidad única en materia de género, salud, educación. Si ese modelo no es el del Ejecutivo de turno, tiene esa opción.
Fuente: P 12
En realidad, y aunque todas las partes leyeron sus argumentos, se podría decir que el juicio ni siquiera llegó a comenzar, porque el tribunal decidió que la acusación contra el juez se había presentado cuando ya había vencido el plazo de 60 días para hacerlo.
Gracias a este detalle técnico, Gallardo se vio liberado del proceso que había impulsado la Procuradora general del Gobierno de la Ciudad, Alejandra Tadei, quien lo acusó de haber paralizado sin causa justificada la construcción de 1.700 viviendas sociales en Villa Lugano.
Gallardo se ganó la enemistad del Gobierno del suspendido Aníbal Ibarra por tomar medidas como clausurar La Rural, ordenar el cierre del Casino flotante de Puerto Madero, la entrega de subsidios a cartoneros y embargarle parte del sueldo al jefe del Ejecutivo por no mudar a familias carenciadas que vivían en hoteles alquilados por la Comuna.
Sin embargo, el caso que llegó a las puertas del juicio político fue la decisión del magistrado, titular del juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo, de impedir que el Instituto de Vivienda de la Ciudad construyera 1.700 departamentos en el Parque de las Victorias, medida que tomó al considerar que el Estado no había hecho un estudio de impacto ambiental, entre otros argumentos. Este fallo fue rechazado luego por la Cámara de Apelaciones, y de allí surgió la denuncia de la procuradora Tadei.
Ayer, en la primera de las sesiones, se pudo ver a varias personas que apoyaban a Gallardo: vecinos de Lugano, cartoneros, legisladores y representantes de entidades como Poder Ciudadano, Madres de Plaza de Mayo, el CELS y otras. La sesión comenzó a las 11, y tras dos horas los nueve jurados se retiraron a deliberar. Durante la tarde, trascendió la decisión de declarar nulo el proceso, pero el tribunal siguió deliberando hasta la noche.
Los jurados fueron los jueces Ana Conde, Eduardo Russo y Guillermo Corti; los abogados Juan Scelzi, Nelly Minyersky y José Console; y los legisladores Jorge Enríquez (radical macrista), Miguel Talento (kirchnerista) y Laura Moresi (ibarrista). Según la agencia Télam, la decisión fue por seis votos contra tres. Trascendió que los tres que habrían votado contra la nulidad fueron Conde, Console y Enríquez.
2400 despidos es PRO. Habla el Juez Roberto Gallardo
“Si no les gusta la Constitución, que llamen a una constituyente”
25 de Enero de 2008
Habla el juez Roberto Gallardo, quien concedió un amparo a favor de los cesanteados y reclamó al gobierno porteño la lista completa de los despedidos.
Por Irina Hauser y
Werner Pertot
La restricción a los amparos “generaría una escalada de confrontación entre poderes”.
“2400 despidos es PRO”, reza el sténcil verde que quedó plasmado justo en la entrada al juzgado de Roberto Andrés Gallardo.
En su despacho, la decoración deja algunas definiciones: un cuadro del Che Guevara y debajo otros de Lenin y Salvador Allende. También hay un cuadro de agradecimiento que le dieron los padres de Cromañón.
En diálogo con Página/12, el juez que concedió un amparo a favor de los 2400 cesanteados plantea que “es peligroso que ante una decisión adversa se amenace con un juicio político”. También advierte que la restricción a los amparos que proyecta el PRO “generaría una escalada de confrontación entre poderes”.
– Macri dijo que “hay una corporación de jueces que no entienden el cambio que quieren los vecinos”.
Si alguien siguió la trayectoria de este fuero contencioso, es claro que tenemos una clara vocación anticorporativa. La definición no es feliz: acá no hay corporación y no hay ánimo corporativo. La comprensión, o no, de lo que pretenden los vecinos es un problema de los funcionarios políticos.
– ¿Estos cambios están dentro de la ley?
Esto es lo que resolvió mi colega Liberatori en un primer momento y yo en un segundo momento. Entendemos que hay cierta disfuncionalidad entre lo que se resuelve por parte del Ejecutivo y lo que dice la ley.
– ¿Macri trata de gobernar fuera de la ley?
No sé si trata de gobernar fuera de la ley, lo que sé es que en un caso hay ciertas cuestiones que no están ajustadas a derecho. Lo que más molesta al poder general –no hablo de Macri– es un fuero que supervisa las políticas públicas. Es como un mosquito.
– El jefe de Gobierno interpreta que “los jueces quieren gobernar por él”.
En mi sentencia, hay dos párrafos que van dirigidos a eso. Se dice que la sentencia no cuestiona las competencias: él puede racionalizar personal o despedir, si se lo plantea. Está dentro de las facultades del Ejecutivo y nadie puede desconocer eso.
Tampoco se puede desconocer que hay un marco jurídico para resolver cada cosa: hay requisitos para que el pase a disponibilidad sea legal. Lo mismo con un contrato a plazo determinado. Pero un contrato que se renueva cada año, durante diez años, lo tenemos sentenciado como un fraude a la legislación laboral.
– Hubo cuatro fallos desfavorables a Macri en muy poco tiempo. ¿Son los jueces que no lo dejan cambiar las cosas?
Hay fallos colectivos, pero además hubo fallos individuales que involucraron a otros jueces, no sólo a Liberatori y a mí. Esto implica que no es un juez que se subleva contra el poder político, sino que es una visión homogénea con respecto a este tema.
– ¿Por qué pidió una lista de los cesanteados?
Porque queremos saber quiénes son los afectados –cosa que todavía no se sabe– y qué antigüedad tienen esos contratos. Es un poco difícil, tanto para el Ejecutivo como para el Judicial, poder resolver en tan corto plazo sobre cientos de casos. Necesitamos tiempo para analizar caso por caso.
– ¿Qué pasa si no entregan la lista que solicita en dos días?
Esa lista no puede no aparecer. Podrá aparecer más temprano o más tarde, pero esos datos tienen que estar en el registro público. Si no está la lista, en realidad, va a seguir en una nebulosa cómo operó el Ejecutivo y la Justicia va a tener que seguir profundizando la investigación para tomar otras decisiones. ¿Cuáles son? No sé. Las voy a saber en el momento en que se produzca el incumplimiento.
– ¿Por qué puso en el fallo que “antes de buscar palos en el camino, se debe revisar la rueda del carro”?
Cuando fue el fallo anterior hubo una conferencia de prensa en la que el jefe de Gobierno anunció que le querían poner palos en la rueda. La metáfora del palo en la rueda es de un objeto que impide que el carro avance. Pero si la rueda es cuadrada, puede ser que el carro no avance nunca. Por eso es que antes de analizar si hay un palo, hay que ver el estado del carro. El carro es el Gobierno: si se maneja conforme a la ley, las ruedas giran y no hay palos en la Justicia. La obstrucción del Poder Judicial se verifica cuando la rueda no está funcionando.
– ¿Cómo ve esta seguidilla de fallos y conferencias de prensa?
Somos una sociedad a la que le cuesta convencerse de que cada uno tiene un rol. Y hay que respetar al otro. Eso implica repensar las decisiones, reprogramarlas y trabajar con un poco más de tiempo y con menos exitismo.
– También en una conferencia Macri le pidió a Liberatori que fallara a su favor. Y amenazó con un juicio político cuando falló en contra.
Las exteriorizaciones que se puedan dar para cuestionar decisiones del otro hacen al juego democrático. Eso no está mal. Creo que lo grave es, más que nada, la amenaza. Es peligroso que ante una decisión adversa se amenace con un juicio político.
– ¿La relación institucional con el Ejecutivo empeoró con Macri?
Fue muy corto el tiempo para decir si es mejor o peor. Sí puedo decir que hay dos reacciones que me llamaron la atención: la primera, esta amenaza de juicio político ante una decisión adversa. Esto me parece negativo para el juego entre los poderes del Estado. Y la segunda, este llamado a la reflexión marital, de convocar al ex esposo de Liberatori para que sepa lo que ella está haciendo.
– ¿Se refiere a cuando Macri dijo que le decía “Liberatori de Haramburu”, para que “el marido también se haga cargo de lo que hace esta mujer”?
Sí. Fue poco feliz.
– ¿Cree que los despidos fueron indiscriminados?
De los expedientes de ATE y Sutecba surgen situaciones que aparentarían falta de sustento y que, por lo tanto, implica arbitrariedad: casos de gente que tiene años de trabajo y que no son de los llamados sueldos de ñoquis o de acomodados políticos, sino sueldos absolutamente normales de un empleado común. Hay casos sobre los que intervine directamente porque se trata de delegados gremiales.
– El macrismo evalúa restringir la ley de amparo.
Si esta intención avanza, va a generar reacciones bastante duras de sectores de la ciudadanía que pueden entender muy claramente qué significa eso.
–¿Qué consecuencias podría tener?
Si se imponen a los jueces tantas condiciones, se hace inviable prácticamente la acción sobre el Ejecutivo. Esto sí podría ser una decisión política grave, peligrosa y seriamente resistida.
No creo que sea tan fácil, aun con mayorías legislativas, pretender avanzar en ese terreno. Significaría desconocer el artículo 14 de la Constitución, por lo que podría llevar a la inconstitucionalidad de esa ley. Esto lo que haría es generar una escalada de confrontación entre poderes.
Si el poder político no está de acuerdo con lo que marca la constitución, que llame a una constituyente. La que rige tiene una generosidad única en materia de género, salud, educación. Si ese modelo no es el del Ejecutivo de turno, tiene esa opción.
Fuente: P 12
martes, 9 de marzo de 2010
Gallardo 1 - Ruralistas 0
POLITICA | POR MATIAS RUIZ, PARA EL OJO DIGITAL
Las carpas y la estrategia kirchnerista para demorar el tratamiento de las retenciones. Roberto Andrés Gallardo y la Justicia sometida al poder político. ¿Renunciará Julio Cobos?
Se escribieron nuevos capítulos en la pugna entre el agro y el Gobierno Nacional frente a la problemática de las retenciones. Las carpas oficialistas y la táctica de siempre para copar el espacio PUBLICO.
Declaró recientemente el intelectual Jorge Asís -y con razón- que Néstor Carlos Kirchner ordena copar el espacio público pues es allí y en las calles donde se define la caída de los presidentes argentinos. El nuevo capítulo de confrontación, manufacturado desde el oficialismo, en perjuicio del sector agropecuario ha encontrado su razón de ser en la instalación de campamentos para nada improvisados desde donde se pretende defender las lamentables iniciativas de la Casa Rosada. Campamentos dotados de televisores LCD, calefacción y otras tecnologías que ayudan a pasar el rato.
En ese interín, ha cobrado notoriedad -una vez más- la figura del cuestionable juez Roberto Andrés Gallardo quien, a contramano de lo que se espera de un magistrado serio, ha dado pista libre para la ocupación del espacio público, toda vez que ello coadyuva a las políticas del kirchnerismo de provocar y confrontar. El juez Gallardo ya había tomado protagonismo en ocasión de las cesantías que, justificadamente, el macrismo había promovido en la órbita pública de la Ciudad de Buenos Aires. Gallardo, como bien se sabe, tiene estrechos vínculos con los sectores más recalcitrantes de los derechos humanos y que, como es costumbre, no tienen ni han tenido eco jamás entre los votantes. Pero allí están, siempre listos para entorpecer cualquier iniciativa que provenga de núcleos que no comulguen con su impopular ideología. También se conoció en su momento que Gallardo se hallaba en buenas relaciones con la jueza Helena de Liberatori, otro dolor de cabeza de magnitud para Mauricio Macri y los porteños que lo han votado masivamente en las últimas elecciones para alcalde en la Capital Federal.
Acude Gallardo ahora en auxilio de la Casa Rosada para garantizarle la toma de la Plaza de los Dos Congresos, no vaya a ser que los ruralistas lleguen primero y se hagan con los sitios de preferencia y hagan oír con fuerza sus gritos de bronca contra un palacio legislativo corrompido hasta el hartazgo, muy especialmente desde la llegada de Néstor Kirchner al poder. Nadie puede ser tan hipócrita como para negar que la "caja" de la Rosada ha venido siendo utilizada sistemáticamente para comprar los votos necesarios en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso de la Nación. Por estas horas, todo mundo sabe perfectamente que la discusión por las retenciones jamás tendrá lugar y que el famoso artículo 125 no será tratado por legislador oficialista alguno. El tironeo por la cantidad de diputados necesarios para que el kirchnerismo garantice la estafa de las retenciones es pura cháchara para la manada y para mantener ocupados a los medios, cómplices, como siempre. Con respecto a la discusión por las retenciones, recientemente se escuchó a un periodista conductor de TN en horario de mediodía criticar a los chacareros por pedir celeridad en el tratamiento del tema en el Congreso. "Los tiempos que se exigen no son siempre los que uno pretendería", disparó, provocador. Con lo cual queda lo suficientemente claro que el periodismo, en horas de crisis, solo sabe echar más nafta al fuego. A veces concienzudamente, a veces por pura ignorancia o simple iniquidad.
Mientras tanto, muchos porteños se preguntan por el verdadero objetivo del tristemente célebre juez Gallardo quien, dicho sea de paso, ha sabido decorar su despacho con fotos de Lenin, Salvador Allende y Ernesto "Che" Guevara, haciendo clara gala de su herrumbrada militancia comunista. Y reflexionaba correctamente Mauricio Macri, diciendo oportunamente que a Helena Liberatori nadie la había votado, y sin embargo ella insistía en manejar las finanzas de la Ciudad como propias. Pues bien, idénsticas sospechas recaen ahora sobre el impresentable Roberto Andrés Gallardo. Al fin y al cabo, los mencionados son dos ejemplos que refieren inequívocamente al estado actual de la administración de justicia en la Argentina, monopolizada por jueces sin nombre que buscan notoriedad mediática a partir de fallos irremediablemente extemporáneos. El error más grosero de Gallardo, para hablar del ejemplo de las carpas, es que, al operar para favorecer al kirchnerismo no se ha percatado de que su decisión empuja un poco más al país hacia la vera de la confrontación callejera, habida cuenta de que la carpa de los ruralistas se encuentra a pocos metros de los campamentos de los militantes kirchneristas. Ha reportado el sitio web Seprin.com hace pocas horas que el costo del mantenimiento de las carpas hasta el momento asciende, para el Gobierno Nacional obviamente, a un total aproximado de $300,000, cifra que alcanzará el millón de pesos ni bien se cumpla una semana de su instalación.
En la novela de las carpas se percibe el desinterés absoluto de Kirchner y sus acólitos por el respeto a la ley, y de paso se deja entrever, también, el desprecio que la Casa Rosada tiene para con los ciudadanos de Buenos Aires. Las burlas del irreverente Ministro de Justicia y Seguridad Aníbal Fernández contra el Jefe de Gobierno Mauricio Macri y su mano derecha, Horacio Rodríguez Larreta, terminan de reflejar la contundencia de las pruebas.
Pero Kirchner tiene miedo. No en vano se ha esforzado en ordenar a sus manifestantes la toma de la Plaza de Mayo y otros sitios, en ocurrencia de los recientes cacerolazos : aquí se termina de confirmar la sospecha reportada por este medio, al respecto de que el Gobierno Nacional ya no ejerce control sobre las fuerzas de seguridad, mucho menos las Fuerzas Armadas. Solo resta enviar a piqueteros y gremialistas de segunda para intimidar y cerrarle el paso a manifestantes espontáneos quienes, representando actualmente a más del 80% de la ciudadanía, ya quieren ver al matrimonio presidencial fuera del poder sin mediar un minuto más. Alguien dio la orden de repeler a golpes de puño, piedras y palos a grupos que, en una primera concentración, habían elegido la Quinta Presidencial de Olivos para hacer conocer su descontento. Aún más, El Ojo Digital pudo comprobar que dos tanques del Ejército Argentino del tipo TAM custodiaban la Residencia desde su interior. Las presiones y amenazas a las que se debió recurrir desde el poder para contar con aquel armamento pesado para defender a los Kirchner son parte de otra historia, igualmente escalofriante.
Otro dato recientemente publicado por algunos medios de Internet bien informados : el Vicepresidente Julio Cobos se encuentra a la vuelta de la esquina de presentar su renuncia. Néstor Carlos Kirchner no quiere siquiera contemplar esta posibilidad y sus consecuencias, pero lo cierto es que Cobos ya no tiene razón de ser dentro del gobierno. Resultado : el ex presidente se encuentra encerrado en un laberinto sin salida. No tiene argumentos para retener al vice de Cristina, pero tampoco puede tolerar mucho tiempo más su alejamiento de la visión que impera en los núcleos del poder. Las declaraciones de Cobos se clavan como dagas en el vientre del matrimonio presidencial, cada vez que toma la palabra ante medios televisivos y la prensa escrita.
Finalmente, un comentario sobre lo que vendrá : las retenciones a las exportaciones agropecuarias no sufrirán modificaciones en el palacio legislativo, y los chacareros volverán, inexorablemente, a las rutas. La única duda que persiste es cuándo comenzarán los enfrentamientos entre los referentes de las carpas kirchneristas y los ruralistas que se hallan a unos pocos metros de ellos en la Plaza de los Dos Congresos. Hablando ahora de los futuros cacerolazos, es indudable que recrudecerán en sus formas y que se verán magnificados a la hora de considerar el número de concurrentes. Pero a los manifestantes no les quedará otro camino que dejar las medias tintas en sus casas : esta vez tendrán que enfilar hacia Plaza de Mayo y quebrar la última línea de defensa del kirchnerismo. De otro modo, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández -hoy, una mera figura decorativa que ni siquiera toma decisiones- encontrarán la manera de encaramarse al poder de aquí a 2011.
Para finalizar, un detalle no menor, que bien merece la pena destacar : la estrategia mediática del Gobierno Nacional ha caído ya en desgracia. Una de las últimas operaciones con las que se ha intentado contaminar e intoxicar desde el poder ha sido el supuesto secuestro de Pablo Micheli, secretario de ATE, a manos de desconocidos. Mientras la Presidenta Fernández de Kirchner hizo alusión directa a la posibilidad de que los ruralistas estuvieren detrás del hecho -presunción ridícula si las hay-, ningún medio serio reportó el incidente. En otras épocas, Diario Clarín hubiera acudido raudamente a reportar la noticia.
Mientras tanto, y mientras Ud. lee estas líneas, en el peronismo disidente ya se ha dado comienzo al debate que incluye los nombres y apellidos de aquellos fieles súbditos del kirchnerismo que se candidatean a desfilar por los tribunales. Próximamente, se conocerá la lista completa de los integrantes de la caza de brujas que viene y que -ya se ha advertido- no gozarán de ningún tipo de amnistía. ¿Será esta una de las razones por las cuales el Vicepresidente Julio Cobos se propone abandonar el barco a tiempo? En cualquier caso, solo se puede adelantar que el piquetero Luis D Elía será una de las estrellas. Su única vía de escape bien podría ser aquella por la que han optado algunos guerrilleros de las FARC, que recibieron asilo político en Nicaragua, de la mano del mandatario que -sin lugar a dudas- más carcajadas suscita en la América Latina, el ex sandinista Daniel Ortega.
Las carpas y la estrategia kirchnerista para demorar el tratamiento de las retenciones. Roberto Andrés Gallardo y la Justicia sometida al poder político. ¿Renunciará Julio Cobos?
Se escribieron nuevos capítulos en la pugna entre el agro y el Gobierno Nacional frente a la problemática de las retenciones. Las carpas oficialistas y la táctica de siempre para copar el espacio PUBLICO.
Declaró recientemente el intelectual Jorge Asís -y con razón- que Néstor Carlos Kirchner ordena copar el espacio público pues es allí y en las calles donde se define la caída de los presidentes argentinos. El nuevo capítulo de confrontación, manufacturado desde el oficialismo, en perjuicio del sector agropecuario ha encontrado su razón de ser en la instalación de campamentos para nada improvisados desde donde se pretende defender las lamentables iniciativas de la Casa Rosada. Campamentos dotados de televisores LCD, calefacción y otras tecnologías que ayudan a pasar el rato.
En ese interín, ha cobrado notoriedad -una vez más- la figura del cuestionable juez Roberto Andrés Gallardo quien, a contramano de lo que se espera de un magistrado serio, ha dado pista libre para la ocupación del espacio público, toda vez que ello coadyuva a las políticas del kirchnerismo de provocar y confrontar. El juez Gallardo ya había tomado protagonismo en ocasión de las cesantías que, justificadamente, el macrismo había promovido en la órbita pública de la Ciudad de Buenos Aires. Gallardo, como bien se sabe, tiene estrechos vínculos con los sectores más recalcitrantes de los derechos humanos y que, como es costumbre, no tienen ni han tenido eco jamás entre los votantes. Pero allí están, siempre listos para entorpecer cualquier iniciativa que provenga de núcleos que no comulguen con su impopular ideología. También se conoció en su momento que Gallardo se hallaba en buenas relaciones con la jueza Helena de Liberatori, otro dolor de cabeza de magnitud para Mauricio Macri y los porteños que lo han votado masivamente en las últimas elecciones para alcalde en la Capital Federal.
Acude Gallardo ahora en auxilio de la Casa Rosada para garantizarle la toma de la Plaza de los Dos Congresos, no vaya a ser que los ruralistas lleguen primero y se hagan con los sitios de preferencia y hagan oír con fuerza sus gritos de bronca contra un palacio legislativo corrompido hasta el hartazgo, muy especialmente desde la llegada de Néstor Kirchner al poder. Nadie puede ser tan hipócrita como para negar que la "caja" de la Rosada ha venido siendo utilizada sistemáticamente para comprar los votos necesarios en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso de la Nación. Por estas horas, todo mundo sabe perfectamente que la discusión por las retenciones jamás tendrá lugar y que el famoso artículo 125 no será tratado por legislador oficialista alguno. El tironeo por la cantidad de diputados necesarios para que el kirchnerismo garantice la estafa de las retenciones es pura cháchara para la manada y para mantener ocupados a los medios, cómplices, como siempre. Con respecto a la discusión por las retenciones, recientemente se escuchó a un periodista conductor de TN en horario de mediodía criticar a los chacareros por pedir celeridad en el tratamiento del tema en el Congreso. "Los tiempos que se exigen no son siempre los que uno pretendería", disparó, provocador. Con lo cual queda lo suficientemente claro que el periodismo, en horas de crisis, solo sabe echar más nafta al fuego. A veces concienzudamente, a veces por pura ignorancia o simple iniquidad.
Mientras tanto, muchos porteños se preguntan por el verdadero objetivo del tristemente célebre juez Gallardo quien, dicho sea de paso, ha sabido decorar su despacho con fotos de Lenin, Salvador Allende y Ernesto "Che" Guevara, haciendo clara gala de su herrumbrada militancia comunista. Y reflexionaba correctamente Mauricio Macri, diciendo oportunamente que a Helena Liberatori nadie la había votado, y sin embargo ella insistía en manejar las finanzas de la Ciudad como propias. Pues bien, idénsticas sospechas recaen ahora sobre el impresentable Roberto Andrés Gallardo. Al fin y al cabo, los mencionados son dos ejemplos que refieren inequívocamente al estado actual de la administración de justicia en la Argentina, monopolizada por jueces sin nombre que buscan notoriedad mediática a partir de fallos irremediablemente extemporáneos. El error más grosero de Gallardo, para hablar del ejemplo de las carpas, es que, al operar para favorecer al kirchnerismo no se ha percatado de que su decisión empuja un poco más al país hacia la vera de la confrontación callejera, habida cuenta de que la carpa de los ruralistas se encuentra a pocos metros de los campamentos de los militantes kirchneristas. Ha reportado el sitio web Seprin.com hace pocas horas que el costo del mantenimiento de las carpas hasta el momento asciende, para el Gobierno Nacional obviamente, a un total aproximado de $300,000, cifra que alcanzará el millón de pesos ni bien se cumpla una semana de su instalación.
En la novela de las carpas se percibe el desinterés absoluto de Kirchner y sus acólitos por el respeto a la ley, y de paso se deja entrever, también, el desprecio que la Casa Rosada tiene para con los ciudadanos de Buenos Aires. Las burlas del irreverente Ministro de Justicia y Seguridad Aníbal Fernández contra el Jefe de Gobierno Mauricio Macri y su mano derecha, Horacio Rodríguez Larreta, terminan de reflejar la contundencia de las pruebas.
Pero Kirchner tiene miedo. No en vano se ha esforzado en ordenar a sus manifestantes la toma de la Plaza de Mayo y otros sitios, en ocurrencia de los recientes cacerolazos : aquí se termina de confirmar la sospecha reportada por este medio, al respecto de que el Gobierno Nacional ya no ejerce control sobre las fuerzas de seguridad, mucho menos las Fuerzas Armadas. Solo resta enviar a piqueteros y gremialistas de segunda para intimidar y cerrarle el paso a manifestantes espontáneos quienes, representando actualmente a más del 80% de la ciudadanía, ya quieren ver al matrimonio presidencial fuera del poder sin mediar un minuto más. Alguien dio la orden de repeler a golpes de puño, piedras y palos a grupos que, en una primera concentración, habían elegido la Quinta Presidencial de Olivos para hacer conocer su descontento. Aún más, El Ojo Digital pudo comprobar que dos tanques del Ejército Argentino del tipo TAM custodiaban la Residencia desde su interior. Las presiones y amenazas a las que se debió recurrir desde el poder para contar con aquel armamento pesado para defender a los Kirchner son parte de otra historia, igualmente escalofriante.
Otro dato recientemente publicado por algunos medios de Internet bien informados : el Vicepresidente Julio Cobos se encuentra a la vuelta de la esquina de presentar su renuncia. Néstor Carlos Kirchner no quiere siquiera contemplar esta posibilidad y sus consecuencias, pero lo cierto es que Cobos ya no tiene razón de ser dentro del gobierno. Resultado : el ex presidente se encuentra encerrado en un laberinto sin salida. No tiene argumentos para retener al vice de Cristina, pero tampoco puede tolerar mucho tiempo más su alejamiento de la visión que impera en los núcleos del poder. Las declaraciones de Cobos se clavan como dagas en el vientre del matrimonio presidencial, cada vez que toma la palabra ante medios televisivos y la prensa escrita.
Finalmente, un comentario sobre lo que vendrá : las retenciones a las exportaciones agropecuarias no sufrirán modificaciones en el palacio legislativo, y los chacareros volverán, inexorablemente, a las rutas. La única duda que persiste es cuándo comenzarán los enfrentamientos entre los referentes de las carpas kirchneristas y los ruralistas que se hallan a unos pocos metros de ellos en la Plaza de los Dos Congresos. Hablando ahora de los futuros cacerolazos, es indudable que recrudecerán en sus formas y que se verán magnificados a la hora de considerar el número de concurrentes. Pero a los manifestantes no les quedará otro camino que dejar las medias tintas en sus casas : esta vez tendrán que enfilar hacia Plaza de Mayo y quebrar la última línea de defensa del kirchnerismo. De otro modo, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández -hoy, una mera figura decorativa que ni siquiera toma decisiones- encontrarán la manera de encaramarse al poder de aquí a 2011.
Para finalizar, un detalle no menor, que bien merece la pena destacar : la estrategia mediática del Gobierno Nacional ha caído ya en desgracia. Una de las últimas operaciones con las que se ha intentado contaminar e intoxicar desde el poder ha sido el supuesto secuestro de Pablo Micheli, secretario de ATE, a manos de desconocidos. Mientras la Presidenta Fernández de Kirchner hizo alusión directa a la posibilidad de que los ruralistas estuvieren detrás del hecho -presunción ridícula si las hay-, ningún medio serio reportó el incidente. En otras épocas, Diario Clarín hubiera acudido raudamente a reportar la noticia.
Mientras tanto, y mientras Ud. lee estas líneas, en el peronismo disidente ya se ha dado comienzo al debate que incluye los nombres y apellidos de aquellos fieles súbditos del kirchnerismo que se candidatean a desfilar por los tribunales. Próximamente, se conocerá la lista completa de los integrantes de la caza de brujas que viene y que -ya se ha advertido- no gozarán de ningún tipo de amnistía. ¿Será esta una de las razones por las cuales el Vicepresidente Julio Cobos se propone abandonar el barco a tiempo? En cualquier caso, solo se puede adelantar que el piquetero Luis D Elía será una de las estrellas. Su única vía de escape bien podría ser aquella por la que han optado algunos guerrilleros de las FARC, que recibieron asilo político en Nicaragua, de la mano del mandatario que -sin lugar a dudas- más carcajadas suscita en la América Latina, el ex sandinista Daniel Ortega.
El país / Edición Impresa
el juez GALLARDO, la pesadilla de Macri
“Todas las sentencias destilan ideología”
Frenó 2.400 despidos en la Ciudad. Tiene pasado radical y se define como marxista. Reniega de la “neutralidad de lavarropas” de sus pares. Habla de la relación con el poder político.
Martina Noailles
05.03.2008
Lenin, el Che Guevara, Salvador Allende, Alfredo Palacios, Hebe de Bonafini y algunas cruces conviven en el despacho con su cabeza rapada a cero. “Soy marxista”, se presenta Roberto Andrés Gallardo. Como juez de la Ciudad de Buenos Aires, decidió, durante la gestión de Aníbal Ibarra, embargar 1.000 millones de pesos de las reservas porteñas para obligar al gobierno a pagar un subsidio a los hijos de los cartoneros. Hace poco más de un mes, le ordenó a Mauricio Macri reincorporar a 2.400 trabajadores cesanteados. “Mi objetivo es contribuir a generar un modelo de sociedad más justo –aclara mientras ceba un mate y se acomoda su anillo artesanal, tiempo atrás mango de un tenedor–. “Cuando al Gobierno no le guste lo que dice la Constitución, la puede cambiar. Si no lo hace, tiene que acatarla”.
–¿De chico, qué soñaba ser?
–Había dos vocaciones muy claras en mi adolescencia, una era la militar y otra, el derecho. Pero la militar era incompatible con mi perfil ideológico, por eso quedó abortada.
–¿Qué le atraía de lo militar?
–Lo estratégico, la planificación, las armas. Después del golpe, terminé de descartar lo de la carrera militar. No sin cierto grado de frustración. Si hubiera habido un ejército popular, yo habría estado ahí.
–¿Qué lo motivaba de llegar a ser juez?
–Lo mismo que me sigue motivando ahora. Contribuir a generar un modelo de sociedad justo.
–¿De aquella época le queda el recuerdo olvidable o inolvidable de su paso por la UCR?
–Me queda el respeto de mi viejo. Yo había quedado impactado con un discurso de (Ricardo) Balbín y otro de Germán López. Tenían una oratoria que te envolvía. Le dije a mi viejo “voy a ir a averiguar” y él me respondió: “¿Estás seguro de lo que vas a hacer?” Por suerte me duró muy poco.
–Y hoy tiene colgados cuadros de Palacios y del Che.
–Me los regalaron. El de Palacios pasó desapercibido; el otro, me trajo muchos problemas.
–Pero lo dejó colgado.
–Siempre, desde el primer día.
–¿Los problemas fueron dentro o fuera del ámbito judicial?
–De los dos. Yo creo que existe el gran tabú y, a la vez, estrategia discursiva del sistema, de que los jueces no son expresión política y no tienen ideología, son como lavarropas. Eso es una gran mentira. Todas las sentencias destilan ideología, por donde se las mire. Cuando se selecciona la norma que se va a aplicar, se está traduciendo un sistema de pensamiento. Ellos dicen que son neutros, que son lavarropas. Yo digo que responden a un sistema ideológico, político y religioso. Yo digo cuál es el mío, no soy un lavarropas.
–¿Alguna vez le pidieron que lo descuelgue?
–No, nunca se animaron. En el momento en que me lo iban a pedir surgió una de las paradojas del menemismo, la estampilla del Che Guevara. Pero no lo hubiera descolgado tampoco.
–Los jueces no pueden estar afiliados a un partido, pero muchos llegan al cargo por acuerdos políticos.
–Lo que está prohibido es la pertenencia a un partido. Los acuerdos son parte del cinismo del sistema que funcionó por acuerdos entre partidos que se distribuían cupos de jueces.
–En la Corte algunos jueces dejaron de ser “lavarropas” y dieron a conocer distintas opiniones.
–La actual Corte tiene jueces que no tienen empacho en hacer pública su ideología, su pensamiento filosófico, sus reflexiones políticas.
–En su escritorio hay una balanza desbalanceada ¿Para usted la Justicia no es justa?
–El sistema económico y político de Argentina y Latinoamérica es intrínsecamente injusto, ya que hay millones que mueren en silencio. Se habla de muertes por inseguridad, por accidentes de tránsito, pero de las silenciosas no habla nadie. Los que se mueren de hambre, se mueren por un paro cardiorrespiratorio atraumático, es decir por muerte natural. Eso es un homicidio y, visto en masa, un genocidio.
–Pero la Constitución habla de derecho a la vivienda, a la salud.
–La estructura del sistema es la que permite que el Estado pueda reconocer cada día más y dar cada día menos. La Justicia es parte de un sistema que funciona con engranajes a la perfección.
–Usted es parte de ese engranaje. ¿Qué rol cumple?
–Obligar al cumplimiento de las normas. Lo peor que le puede pasar al sistema es que se aplique su propia letra. Hoy no necesitamos a Lenin para hacer una revolución, sino a la propia Constitución. En los Ejecutivos y en sectores del Poder Judicial buscan cómo restringir. Quienes tienen estos problemas no pueden llegar a la Justicia.
–¿No llegan porque no tiene las herramientas?
–Porque no tienen un peso para llegar a los Tribunales.
–¿Le gustaría gobernar desde alguno de los otros dos poderes?
[Special character] Muchos decían que yo resolvía lo que resolvía porque era mediático y porque lo mediático estaba dirigido a convertirme en candidato. Ya se dieron cuenta que no me interesa.
–¿La Justicia es sólo para los ricos?
–La Justicia no es para los que la necesitan en lo más básico.
–¿Falló alguna vez a favor del Estado Nacional?
–Infinidad de veces. Los que trascienden son los fallos contra el Gobierno, a favor de los derechos sociales.
–¿Es pelado o se afeita a cero?
–Al año de ser juez se me cayó el pelo, tuve dos o tres buracos, y por eso me pelé. Pero en realidad me gustaría tener rastas.
“El gobierno de Ibarra me denunció penalmente”
–Le han puesto calificativos tales como progresista, polémico, loco o enemigo del Gobierno. ¿Usted cómo se definiría?
–No me gusta definirme. Yo creo que el sistema es irracional. Si dicen que es racional y lo mío es locura, bienvenida mi locura. Mis conductas y mis expresiones son claras. Si gustan o no gustan no sé, pero yo sigo una línea desde hace siete años. Soy coherente. Llegaron a decir “eso es un ataque contra el gobierno”, pero eso lo pudo decir Ibarra porque fuimos los primeros jueces en su gestión. Ya Telerman o Macri no pueden decirlo.
–Macri ya lo dijo.
–Es que en todo caso, ¿qué sería? ¿contra todos los gobiernos? No, es una línea muy clara: hay que leer las sentencias. Cuando al Gobierno no le guste lo que dice la Constitución la puede cambiar. Mientras tanto tiene que acatarla.
–¿Por qué cree que generan tanta polémica sus fallos?
–Porque ponen blanco sobre negro. Dan visibilidad. El subsidio a los hijos de los cartoneros hizo muy visible que en la gestión de Aníbal Ibarra había 1.100 millones de pesos en una caja para generar superávit y cientos de pibes revolviendo la basura en la calle. La Constitución dice que el Estado tiene que proteger a los chicos y la ley prohíbe el trabajo infantil. Sin embargo, el Estado les daba una credencial para que trabajaran en la calle. Por eso el gobierno de Ibarra me denunció penalmente.
–¿Se está acostumbrando a que lo denuncien?
–Nunca me preocupó demasiado y ahora menos. Tratan de limarte, de desgastarte. Buscan que la próxima vez uno diga “ni me meto con los cartoneros”. Pero yo nunca lo voy a decir, el día que piense eso me tengo que ir.
el juez GALLARDO, la pesadilla de Macri
“Todas las sentencias destilan ideología”
Frenó 2.400 despidos en la Ciudad. Tiene pasado radical y se define como marxista. Reniega de la “neutralidad de lavarropas” de sus pares. Habla de la relación con el poder político.
Martina Noailles
05.03.2008
Lenin, el Che Guevara, Salvador Allende, Alfredo Palacios, Hebe de Bonafini y algunas cruces conviven en el despacho con su cabeza rapada a cero. “Soy marxista”, se presenta Roberto Andrés Gallardo. Como juez de la Ciudad de Buenos Aires, decidió, durante la gestión de Aníbal Ibarra, embargar 1.000 millones de pesos de las reservas porteñas para obligar al gobierno a pagar un subsidio a los hijos de los cartoneros. Hace poco más de un mes, le ordenó a Mauricio Macri reincorporar a 2.400 trabajadores cesanteados. “Mi objetivo es contribuir a generar un modelo de sociedad más justo –aclara mientras ceba un mate y se acomoda su anillo artesanal, tiempo atrás mango de un tenedor–. “Cuando al Gobierno no le guste lo que dice la Constitución, la puede cambiar. Si no lo hace, tiene que acatarla”.
–¿De chico, qué soñaba ser?
–Había dos vocaciones muy claras en mi adolescencia, una era la militar y otra, el derecho. Pero la militar era incompatible con mi perfil ideológico, por eso quedó abortada.
–¿Qué le atraía de lo militar?
–Lo estratégico, la planificación, las armas. Después del golpe, terminé de descartar lo de la carrera militar. No sin cierto grado de frustración. Si hubiera habido un ejército popular, yo habría estado ahí.
–¿Qué lo motivaba de llegar a ser juez?
–Lo mismo que me sigue motivando ahora. Contribuir a generar un modelo de sociedad justo.
–¿De aquella época le queda el recuerdo olvidable o inolvidable de su paso por la UCR?
–Me queda el respeto de mi viejo. Yo había quedado impactado con un discurso de (Ricardo) Balbín y otro de Germán López. Tenían una oratoria que te envolvía. Le dije a mi viejo “voy a ir a averiguar” y él me respondió: “¿Estás seguro de lo que vas a hacer?” Por suerte me duró muy poco.
–Y hoy tiene colgados cuadros de Palacios y del Che.
–Me los regalaron. El de Palacios pasó desapercibido; el otro, me trajo muchos problemas.
–Pero lo dejó colgado.
–Siempre, desde el primer día.
–¿Los problemas fueron dentro o fuera del ámbito judicial?
–De los dos. Yo creo que existe el gran tabú y, a la vez, estrategia discursiva del sistema, de que los jueces no son expresión política y no tienen ideología, son como lavarropas. Eso es una gran mentira. Todas las sentencias destilan ideología, por donde se las mire. Cuando se selecciona la norma que se va a aplicar, se está traduciendo un sistema de pensamiento. Ellos dicen que son neutros, que son lavarropas. Yo digo que responden a un sistema ideológico, político y religioso. Yo digo cuál es el mío, no soy un lavarropas.
–¿Alguna vez le pidieron que lo descuelgue?
–No, nunca se animaron. En el momento en que me lo iban a pedir surgió una de las paradojas del menemismo, la estampilla del Che Guevara. Pero no lo hubiera descolgado tampoco.
–Los jueces no pueden estar afiliados a un partido, pero muchos llegan al cargo por acuerdos políticos.
–Lo que está prohibido es la pertenencia a un partido. Los acuerdos son parte del cinismo del sistema que funcionó por acuerdos entre partidos que se distribuían cupos de jueces.
–En la Corte algunos jueces dejaron de ser “lavarropas” y dieron a conocer distintas opiniones.
–La actual Corte tiene jueces que no tienen empacho en hacer pública su ideología, su pensamiento filosófico, sus reflexiones políticas.
–En su escritorio hay una balanza desbalanceada ¿Para usted la Justicia no es justa?
–El sistema económico y político de Argentina y Latinoamérica es intrínsecamente injusto, ya que hay millones que mueren en silencio. Se habla de muertes por inseguridad, por accidentes de tránsito, pero de las silenciosas no habla nadie. Los que se mueren de hambre, se mueren por un paro cardiorrespiratorio atraumático, es decir por muerte natural. Eso es un homicidio y, visto en masa, un genocidio.
–Pero la Constitución habla de derecho a la vivienda, a la salud.
–La estructura del sistema es la que permite que el Estado pueda reconocer cada día más y dar cada día menos. La Justicia es parte de un sistema que funciona con engranajes a la perfección.
–Usted es parte de ese engranaje. ¿Qué rol cumple?
–Obligar al cumplimiento de las normas. Lo peor que le puede pasar al sistema es que se aplique su propia letra. Hoy no necesitamos a Lenin para hacer una revolución, sino a la propia Constitución. En los Ejecutivos y en sectores del Poder Judicial buscan cómo restringir. Quienes tienen estos problemas no pueden llegar a la Justicia.
–¿No llegan porque no tiene las herramientas?
–Porque no tienen un peso para llegar a los Tribunales.
–¿Le gustaría gobernar desde alguno de los otros dos poderes?
[Special character] Muchos decían que yo resolvía lo que resolvía porque era mediático y porque lo mediático estaba dirigido a convertirme en candidato. Ya se dieron cuenta que no me interesa.
–¿La Justicia es sólo para los ricos?
–La Justicia no es para los que la necesitan en lo más básico.
–¿Falló alguna vez a favor del Estado Nacional?
–Infinidad de veces. Los que trascienden son los fallos contra el Gobierno, a favor de los derechos sociales.
–¿Es pelado o se afeita a cero?
–Al año de ser juez se me cayó el pelo, tuve dos o tres buracos, y por eso me pelé. Pero en realidad me gustaría tener rastas.
“El gobierno de Ibarra me denunció penalmente”
–Le han puesto calificativos tales como progresista, polémico, loco o enemigo del Gobierno. ¿Usted cómo se definiría?
–No me gusta definirme. Yo creo que el sistema es irracional. Si dicen que es racional y lo mío es locura, bienvenida mi locura. Mis conductas y mis expresiones son claras. Si gustan o no gustan no sé, pero yo sigo una línea desde hace siete años. Soy coherente. Llegaron a decir “eso es un ataque contra el gobierno”, pero eso lo pudo decir Ibarra porque fuimos los primeros jueces en su gestión. Ya Telerman o Macri no pueden decirlo.
–Macri ya lo dijo.
–Es que en todo caso, ¿qué sería? ¿contra todos los gobiernos? No, es una línea muy clara: hay que leer las sentencias. Cuando al Gobierno no le guste lo que dice la Constitución la puede cambiar. Mientras tanto tiene que acatarla.
–¿Por qué cree que generan tanta polémica sus fallos?
–Porque ponen blanco sobre negro. Dan visibilidad. El subsidio a los hijos de los cartoneros hizo muy visible que en la gestión de Aníbal Ibarra había 1.100 millones de pesos en una caja para generar superávit y cientos de pibes revolviendo la basura en la calle. La Constitución dice que el Estado tiene que proteger a los chicos y la ley prohíbe el trabajo infantil. Sin embargo, el Estado les daba una credencial para que trabajaran en la calle. Por eso el gobierno de Ibarra me denunció penalmente.
–¿Se está acostumbrando a que lo denuncien?
–Nunca me preocupó demasiado y ahora menos. Tratan de limarte, de desgastarte. Buscan que la próxima vez uno diga “ni me meto con los cartoneros”. Pero yo nunca lo voy a decir, el día que piense eso me tengo que ir.
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