Macri pasó con la topadora por Tribunales

Macri pasó con la topadora por Tribunales
La gestión PRO querelló al magistrado y pidió su apartamiento en más de trescientas causas. Es un hecho sin precedentes. El juez había allanado el miércoles la Jefatura de la ciudad por la muerte de un bebé en un centro de evacuados.







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Por Werner Pertot

Mauricio Macri no estudió derecho. Pero ayer decidió marcar un nuevo record en recusaciones: su gobierno presentó más de trescientas contra el juez Roberto Andrés Gallardo, por lo que le quitó todas las causas que tenía en su juzgado, en un hecho del que nadie recuerda precedentes. El magistrado denunció ante el Consejo de la Magistratura que se efectuó un virtual vaciamiento de su juzgado, que es una “violación a la independencia del Poder Judicial” y dará una conferencia de prensa el próximo lunes acompañado de un grupo de legisladores. El avance de la gestión PRO contra un juez que le falló en contra en varias causas generó malestar entre los otros magistrados y críticas por parte de los opositores porteños.

El martes pasado, Gallardo convocó al jefe de Gobierno y a varios de sus ministros para que explicaran por qué no habían acatado una orden judicial que los intimaba a prestar asistencia médica “las 24 horas” en un centro de refugiados en el Parque Roca, donde sobreviven los ex habitantes de la Villa Cartón en condiciones muy precarias. En ese lugar, alejado de cualquier transporte y de los hospitales, había muerto un bebé de cuatro meses sin que hubiera ningún médico para ayudarlo.
Tanto Macri como sus funcionarios faltaron a la audiencia por la muerte del bebé, por lo que fueron denunciados penalmente por la titular de los asesores tutelares, Laura Musa, quien pidió que se requisaran los documentos que probaban que no cumplieron con las órdenes de la Justicia. Gallardo ordenó los allanamientos en siete dependencias del gobierno porteño y ese mismo día desde la Procuración porteña le contestaron con una querella por daños y perjuicios y con tres centenas de recusaciones en todas las causas en las que intervenía.
La causa por daños la presentaron por un embargo que dispuso Gallardo para que se construyeran viviendas sociales en los terrenos de Casa Amarilla, que –según indican los vecinos– Macri quiere venderle a Boca. La procuración porteña, que consiguió apartar a Gallardo de esa causa, argumentó que con el embargo se habían perdido intereses por 136.876 pesos y querelló tanto al juez como a los que reclaman una vivienda.
“Nosotros no estamos dispuestos a que siga actuando políticamente desde un cargo de juez. La ciudad tiene derecho a que sus pleitos sean dispuestos por un juez imparcial y Gallardo no lo es. No es un ataque a la independencia del Poder Judicial”, argumentó el procurador porteño, Pablo Tonelli. Luego de presentar la querella, un funcionario de la Procuración, de apellido Radice, se comunicó al despacho de Gallardo y le advirtió a su secretaria: “Les vamos a vaciar el juzgado y los vamos a dejar sin jurisdicción”. Así fue: pidieron el apartamiento de Gallardo de todas las causas por estar querellado por el gobierno. Varias fuentes judiciales explicaron a Página/12 que para apartar a un juez la querella debe ser anterior a la intervención del juez en la causa. “No lo dice la ley, pero ésa es la jurisprudencia”, sostuvieron.
En el ámbito judicial, la noticia generó mucha preocupación y malestar. Desde el Colegio de Magistrados pidieron explicaciones al Poder Ejecutivo.
“No es una metodología razonable. Si existe alguna inconducta, lo que tendrían que hacer es pedirle un juicio político”, estimaba uno de sus integrantes. Cuando es recusado, un magistrado debe entregar los expedientes a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se los sortee a un nuevo juez, mientras se resuelve el trámite recusatorio. Es por eso que ayer salían carretillas tras carretillas de papeles del juzgado de Gallardo, que fueron cargadas a un camión y enviadas a la Cámara. Un escribano enviado por el gobierno porteño certificaba que Gallardo entregara todos y cada uno de sus expedientes.
“El sistema no está constituido para recusaciones masivas ni para que vacíen un juzgado”, le planteó Gallardo a Página/12. “Lo que me preocupa más que esta cuestión procesal, que seguramente se va a resolver a mi favor, son los centenares de casos donde están en juego derechos humanos fundamentales. Todas las personas que necesitan una respuesta inmediata entraron en una dilación irreversible”, comentó. Deberán esperar, entre otros que habían presentado amparos, los habitantes del barrio Piedrabuena, los de los Piletones, los que denuncian la contaminación de plomo de la villa 20, los de las villas 21-24 y los refugiados en Parque Roca, además de vendedores ambulantes y sin techo.
Gallardo envió cartas al Consejo de la Magistratura, a los legisladores, a las autoridades del Ministerio Público y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. “Se está vaciando literalmente mi juzgado, que tendrá en pocas horas juez, pero no expedientes”, describió en las misivas. “La gravedad institucional de la situación es palmaria. Se asiste a una violación abierta del régimen republicano, de la división de Poderes y de la casi totalidad de los tratados internacionales sobre derechos humanos”, advirtió. Su Señoría planea dar una conferencia de prensa el lunes en la Legislatura, respaldado por la mayoría de los legisladores de la oposición, que cerraron filas para cuestionar la medida.