Casino Flotante

Gran timba en el Gobierno porteño
Escribe Emiliano Gutiérrez para infourba

El juez Roberto Andrés Gallardo decidió mediante un Fallo judicial la anulación total de la Ley que permitió la aprobación de un Convenio que sirvió para que la empresa fraudulenta CIRSA (investigada en España por el Juez Baltasar Garzón) montara su red de casinos, violando disposiciones expresas de la Constitución de la Ciudad, entre otras normas locales y nacionales.
Qué será de Buenos Aires sin Casinos, se preguntaban impávidos los ociosos jugadores que pululan por Puerto Madero. La respuesta a esta angustiosa preocupación existencial de quienes viven del juego con dinero, la dará próximamente la Legislatura de la Ciudad.
Seis diputados de la Ciudad de Buenos Aires, a los que se sumaron otros dos ex legisladores que votaron en contra del casino flotante el 13 de noviembre de 2003, decidieron apoyar totalmente el Fallo del juez porteño. La variopinta mesa de parlamentarios que hizo la denuncia el martes 22 de marzo incluyó a los diputados Milcíades Peña, Beatriz Baltroc, Daniel Betti, María Eugenia Estensoro, Ariel Schifrin, Fernando Catero y los ex Fernando Caeiro y Luis García Conde.
De entrada, el fallo judicial pone en cuestión los 5.700 millones de pesos estimados para la facturación del año 2006, según fuentes del propio Casino que pidieron no ser identificadas. Quizá sea esto lo que más preocupa pues representa una fuente privilegiada y segura de financiamiento.
"En el 2004 se facturaron 5.000 millones de pesos, unos 300 millones más que en 2003, de ellos 1.000 fueron al fisco, mitad para la Ciudad, mitad para la Nación, o sea unos 70 millones de pesos que se supone deberían ir al gasto social. El asunto es que han hecho con eso los sospechosos de siempre, no sólo con el 20% que facturó el fisco argentino, sino con lo que obtuvieron del 80% que ayudaron a facturarle al grupo CIRSA" apuntó el diputado Daniel Betti, del Interbloque de Izquierda.
Digamos un juego en lúdica expansión. Además del cuestionado uso de la timba y el garito para saciar el ocio humano, lo que revela el fallo del juez es la relación mafiosa entre esa masa de dinero con el poder en el Estado nacional y de la Ciudad Autónoma.
Los seis parlamentarios porteños demostraron la inconstitucionalidad de los Casinos y casas de juego dentro de la Ciudad. Además de violar los artículos 50 y 6 de la Carta Magna de la Ciudad, las leyes locales 538 y 916 y el artículo 248 del Código Penal de la Nación, vulnera las funciones reguladora, contraloras y policiales de la Administración del Gobierno porteño.
El Juez en su escrito se pregunta cosas como estas. Como recordó, citando el escrito del juez, el diputado Peña: ¿Por qué nunca se le cobró impuestos? ¿Por qué nunca se aceptó una inspección judicial y cuando se intentó el propio Gobierno apeló a favor de la empresa? ¿Por qué el actual Jefe de gobierno, Aníbal Ibarra cambió de actitud y pasó de oponerse al Casino antes de 2003 a sostenerlo desde que ganó la Gobernación?
El Convenio que habilita los casinos y especialmente el barco flotante que está en Puerto Madero, es el resultado de un pacto de intereses entre la Corporación política y los empresarios de la mafia internacional, según denunciaron los diputados. Fue decretada con carácter de "Necesidad y Urgencia" en 1999 por Menem, convalidada en 2003 por el gobierno de Ibarra y finalmente votada por una mayoría parlamentaria de la Ciudad Autónoma. Esto es lo que ha sido anulado por el juez Gallardo y ha movilizado a la Corporación política por el temor a perder una fuente de financiamiento.
La diputada Beatriz Baltroc recordó "eso fue posible porque funcionó una trama de corrupción que funciona desde el gobierno de Menem. La empresa CIRSA -declaró- está cuestionada internacionalmente, no pagó un solo peso al fisco: ¿Adónde va la plata?"
infourba 230305