lunes, 8 de marzo de 2010

El Gobierno de Macri apela fallos sobre provision de medicamentos

EL VERDADERO JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO
Reportaje al Juez Roberto Andrés Gallardo, el juez más polémico de la Ciudad:
"Apelar fallos sobre la provisión de medicamentos a sectores carenciados, no es de personas de derechas, es de estúpidos."
El juez en lo Contencioso Administrativo, Roberto Andrés Gallardo, no es un magistrado mas de fuero porteño. Tanto Mauricio Macri como Aníbal Ibarra lo detestan. El primero lo recusó en 400 causas, lo que provocó una fuerte reacción de toda la justicia porteña que terminó defendiéndolo. En este contexto, Gallardo mantuvo una muy mala relación con la Procuración que en ese entonces estaba a cargo de Pablo Tonelli. Incluso el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, lo acusó de "hacer política" con sus fallos. El enfrentamiento con Tonelli llevó a que, en diciembre pasado, hablara en uno de sus fallos de "conchuda impronta" de la Procuración .El macrismo en no pocas oportunidades pensó en sacarlo de la cancha.

ALGUNAS DE SUS CAUSAS MÁS POLEMICAS
Shopping DOT - IRSA:
Retrasó la apertura del Shopping por incumplimiento: no había construido un centro de Salud y una escuela infantil. DOT tuvo que desembolsar 1 millón de dólares. Por obras retrasadas, hoy IRSA esta pagando 6 mil dólares diarios a tres hospitales porteños, a manera de multa.
Carpas kirchneristas:
Autorizó, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad proponía el desalojo, las carpas kirchneristas montadas en el 2008 en pleno conflicto del campo. Y también hizo lugar al amparo por los docentes que se apostaron en carpas frente a la Jefatura de Gobierno, en la misma fecha.
Cierre de La Rural:
Gallardo llegó a cerrar La Rural justo en una exposición internacional en 2005. El juez dispuso la clausura porque desde 2001 La Rural funciona con una "habilitación en trámite". En el gobierno porteño lo recusaron y la causa fue a manos de Vicente Cataldo quien reabrió el predio.
Cementerio de autos de la Villa 20 y la Villa El Cartón:
Ordenó al Gobierno de la Ciudad, y luego intimó bajo multa por no cumplir, que desaloje un cementerio de autos ubicado junto a la Villa 20 que contamina con plomo a los chicos del asentamiento.
Contra los desalojos:
Despertó la furia del PRO, fue el 24 de octubre de 2008 cuando, luego de una orden judicial para clausurar un basural en un asentamiento de 200 cartoneros paralelo a las vías del ferrocarril, en Caballito y tras una negociación para que se mudaran a través de un subsidio, frenó el desalojo.
A Ibarra le embargó el salario (500 pesos por día) por considerarlo responsable de las indignas condiciones que padecían quienes vivían en los hoteles contratados por la Ciudad.
Subsidio para cartoneros:
Durante la gestión de Ibarra embargó al Gobierno de la Ciudad por 1.100 millones de pesos de las reservas porteñas para obligar al gobierno a pagar un subsidio a los hijos de los cartoneros.
El Casino Flotante y el juego:
Fue la causa más importante y la que lo hizo "famoso". El 23 de agosto de 2004 el juez impulsó una inspección que terminó con la clausura del casino Estrella de Fortuna tras "constatar falencias de seguridad y navegabilidad" en esa embarcación. "El tema del juego compromete seriamente la autonomía de la Ciudad, y compromete recursos que son genuinamente de la Ciudad y de los cuales dispone parcialmente violando la Constitución nacional y la porteña". Sostiene hoy.



Un plan del GCBA para el paco en la villa 21-24

El Gobierno de la Ciudad entregó un plan para atacar la adicción y consumo de la pasta base de cocaína (paco) en la villa de emergencia 21-24 del barrio de Barracas al juez Gallardo, en cuyo Juzgado se tramitaba la causa que obliga a la Ciudad a ocuparse de la cuestión.
Al juez Roberto Andrés Gallardo, el Procurador General de la Ciudad Pablo Tonelli le había retirado meses atrás más de 300 expedientes radicados en su Juzgado, invocando una supuesta animosidad del magistrado contra el Poder ejecutivo de la Ciudad. La pretensión de Tonelli no prosperó y la presentación que ahora realizada el Gobierno porteño sería el primer acuerdo consensuado entre ambos poderes.
La causa del paco se había iniciado en diciembre de 2007 tras una visita que realizó el magistrado junto con el fiscal Gustavo Moreno a la villa 21-24 a efectos de intervenir en una denuncia por supuestas maniobras en la elección de representantes del sector. Tras la recorrida, ambos resultaron impactados por la comprobación “in situ” de los chicos tirados en los pasillos por los efectos devastadores del paco. La Fiscalía inició el caso y el Juez Gallardo ordenó a la Ciudad presentar un plan para atender la situación de los chicos víctimas de la peligrosa sustancia.
Resulta sorprendente la ausencia de comunicación oficial del Gobierno de Macri ante lo que parece ser un paso importante en la difícil problemática del letal consumo de niños y adolescentes. Este medio recibe información relevante del GCBA a través del RSS oficial que, sin embargo, no ha incluido a esta noticia en esa categoría. Más llamativo aún es que tampoco haya referencia alguna en la web del Gobierno en el sector del Ministerio de Desarrollo Social, cuya titular, María Eugenia Vidal, es una de las firmantes del documento. Dependencias del sector como la Dirección General de Niñez y Adolescencia, tendrán un rol central en el tratamiento de la problemática, que involucra otras áreas y al SAME, para los casos de medidas como la internación compulsiva de los adictos en casos extremos.
Más información
El plan porteño para atacar la adicción al paco
ACCION DE AMPARO: JUEZ DE BUENOS AIRES ORDENO REINTEGRAR DINERO
-El Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Roberto Andres Gallardo, resolvió
dictar una medida cautelar en la que ordeno suspender la aplicación
de todas y cada una de las normas que restringen la libre
disponibilidad de la totalidad de los ahorros en moneda extranjera -
dolares estadounidenses - propiedad de la una mujer jubilada y
pensionada de 69 años de edad.
-La decisión del Juez Roberto Andres Gallardo fue adoptada en el
marco de una acción de amparo promovida por Maria Elena Martinez
contra el Estado Nacional.En la resolución el Dr. Roberto Andres
Gallardo señalo que un decreto del Poder Ejecutivo Nacional jamas
puede regular en materia procesal, interferir en el desempeño
especifico de otro poder del estado - Poder Judicial - y mucho menos
dejar sin efecto clausulas constitucionales y tratados
internacionales con jerarquía constitucional.
Qué día¡
La Justicia le bajó el copete a Macri
Jueves 18 de septiembre de 2008.






La Cámara en lo Contencioso y Administrativo advirtió que afectaban “el servicio de justicia” y aludió a la independencia del Poder Judicial. Además, señaló que el procurador porteño no aportó pruebas en su querella contra el magistrado. La Cámara en lo Contencioso y Administrativo rechazó en duros términos las recusaciones que había interpuesto la gestión de Mauricio Macri al juez Roberto Andrés Gallardo. Sus Señorías hicieron varios señalamientos sobre la independencia del Poder Judicial y le marcaron al procurador Pablo Tonelli que su comportamiento “conlleva en la práctica el apartamiento del juez natural en el trámite de todas las causas donde aquél sea parte”, dado que todos los expedientes del fuero contencioso involucran al gobierno porteño. Desde la Procuración no se dieron por vencidos: apelarán la resolución de los camaristas ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, donde esperan tener la revancha.



Los camaristas Eduardo Russo, Mabel Daniele y Esteban Centanaro fallaron en un solo caso, pero su decisión caerá como una catarata en las otras 762 causas, lo que implica una derrota judicial para Macri en una avanzada que no tenía precedentes. Comenzó luego de que Gallardo citara al jefe de Gobierno y a sus funcionarios a una audiencia para que explicaran por qué habían incumplido las órdenes judiciales de enviar médicos a un centro de refugiados en Parque Roca, donde sobreviven cerca de 400 familias de Villa Cartón y donde murió un bebé de 4 meses por falta de atención médica.

Macri y sus ministros faltaron a la audiencia, por lo que Gallardo allanó siete dependencias del gobierno porteño. Ese mismo día, el procurador le inició al juez una querella por daños y perjuicios a raíz de un embargo de 14 millones que el magistrado había dispuesto en una causa por los terrenos de Casa Amarilla. Una ley establece que en esas tierras se deben construir viviendas sociales, pero el jefe de Gobierno dispuso no hacerlas y todo indica que se encamina a entregárselas al club Boca Juniors. Tonelli planteó que, con el embargo, Gallardo les hizo perder 140 mil pesos en intereses. A partir de esa querella, el procurador recusó a Gallardo masivamente. La medida cosechó el repudio de la oposición, las organizaciones sociales, los curas villeros, los organismos de derechos humanos y las asociaciones de abogados y jueces. El martes, Tonelli tuvo que ir a dar explicaciones a la Legislatura, donde se cultivan nuevas iniciativas para pedirle que abandone el cargo (ver aparte).

Las 762 recusaciones se repartieron entre las salas I y II de la Cámara en lo Contencioso. La primera todavía no falló, pero es probable que no se aparte del criterio de los otros camaristas (de hecho, Centanaro interviene en las dos salas). La Sala II consideró que la querella por daños y perjuicios debía ser anterior a los juicios que instruye Gallardo, ya que si no cualquiera podría presentar una querella y luego recusar a juez usándola como fundamento.

Sus Señorías advirtieron que “el 99,54 por ciento” de las causas que instruye Gallardo implican al gobierno porteño. “La consecuencia sería privar a dicho juez de una porción más que sustancial de la jurisdicción que le ha sido conferida”, indicaron. Y advirtieron que lo que buscaba Tonelli “podría llevar no sólo al vaciamiento de la competencia constitucionalmente atribuida al juez”, sino a la “clara afectación del servicio de justicia” por la demora en las causas.

“Tampoco podría admitirse que el recusante, por vía elíptica, pretenda seleccionar las causas en las cuales el magistrado deberá entender y aquellas en las que deberá apartarse”, dijeron en referencia a que a Gallardo lo recusaron para las apelaciones –que son las que le molestan a Macri– y no en las ejecuciones fiscales. Además, le plantearon que no aportó prueba alguna.

El texto del fallo dejó un mensaje claro: los camaristas citaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso en el que se refiere a la independencia del Poder Judicial. Las 700 causas que instruía Gallardo, que incluyen problemáticas sociales, seguramente seguirán en suspenso por un mes. Es el tiempo que tardarán en notificar a cada juez que devuelva los expedientes al juzgado del que salieron en masa.

Por Werner PertotBoletín Informativo Nº 11
3 de septiembre de 2003


CONTENIDO:

LA JUSTICIA ORDENA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD EL
SANEAMIENTO DE UN PREDIO DEL BARRIO DE CONSTITUCIÓN


TALLER SOBRE DEFENSA LEGAL DE LOS
ECOSISTEMAS AGROFORESTALES
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LA JUSTICIA ORDENA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD EL SANEAMIENTO DE UN PREDIO DEL BARRIO DE CONSTITUCIÓN
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El 21 de agosto la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a una acción de amparo patrocinada por los abogados del Programa Control Ciudadano del Medio Ambiente, promovida por un grupo de vecinos del barrio porteño de Constitucion para que se conmine al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y a la Policía Federal Argentina a realizar el saneamiento, desinfección y recomposición ambiental de un predio ubicado en la calle Cochabamba 1733/71 de esta Ciudad, que es utilizado como depósito de automóviles abandonados, pese a estar expresamente prohibido por el Código de Planeamiento Urbano (CPU).
El Dr. Roberto Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, mediante una medida autosatisfactiva ordenó al GCBA que en un plazo de 30 días proceda a remover y relocalizar la totalidad de los automotores depositados en el citado predio y que el mismo sea puesto en condiciones aptas para ser destinado a equipamiento cultural, social, deportivo y recreativo, tal cual lo dispone el CPU.
El magistrado, quien inspeccionó personalmente el predio, destacó en su fallo que el mismo "es un grave foco de contaminación en el que se acumulan automotores en las más diversas fases de destrucción y desmantelamiento, apilados en algunos casos, oxidados y quemados en otros, sirviendo este rejunte de sitial de anidamiento de insectos y felinos que por decenas se presentan ante el visitante" (sic).
Finalmente, debemos señalar que a pesar de que el GCBA ha apelado la medida dispuesta por el Juez Gallardo, el Subsecretario de Seguridad del GCBA declaró al diario La Nación que en el día de la fecha se iniciaran los trabajos tendientes a remover los vehículos depositados, mientras que desde la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano se aseguró que el lugar se transformará en un espacio verde.

MÁS INFORMACIÓN:
Fallo completo:
http://www.farn.org.ar/arch/fallo_predio.pdf

Artículo periodístico de La Nación:
http://www.farn.org.ar/arch/nota_predio.gif

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