Pa´los piletones

PROYECTO DE RESOLUCIÓN



Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo informará a esta Legislatura, en un plazo de treinta (30) días de recibida la presente, y a través de los organismos que corresponda, sobre los siguientes puntos vinculados a la afectación de derechos humanos básicos de los y las habitantes del barrio Los Piletones, en particular de los grupos familiares asentados en el área del "piletón".


a) Informe si se prevé la remoción de los grupos familiares que habitan dentro del área del "piletón" -ya que se encuentran en situación de riesgo sanitario- y su reubicación en viviendas apropiadas, según la medida cautelar dictada el 27 de agosto del corriente año por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2, a cargo del Juez Roberto Andrés Gallardo, en el marco de las actuaciones caratuladas "ACIJ c/GCBA s/Amparo Exp. 28696/0".


b) Informe el plazo previsto para la remoción y la reubicación, dónde se prevé la reubicación y el plazo para la construcción del muro de contención que evite el futuro asentamiento de personas allí.


c) Remita copia del informe correspondiente al relevamiento de la totalidad de familias que moran dentro del "piletón" realizado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires el día 3 de octubre del corriente año.


d) Adjunte copia del informe labrado por el Programa BAP (Buenos Aires Presente) en marzo del corriente año, luego de una inundación que agudizó la situación de vulnerabilidad de quienes habitan el barrio Los Piletones, e informe en qué dependencia del Ejecutivo está asentado.


e) Indique los plazos y la modalidad en que se va a elaborar el informe ambiental según lo ordenado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2, exp. 28696/0.


f) Informe cuáles son los requisitos para la atención de reclamos habitacionales en el Centro de Gestión y Participación Nº 4, en virtud de que a algunos/as habitantes del barrio Los Piletones les habría sido requerido un recibo de alquiler para iniciar este tipo de trámites.


Art. 2°.- Comuníquese, etc.














FUNDAMENTOS






Señora Presidenta:



El barrio Los Piletones se encuentra frente al Parque Indoamericano, Villa Soldati, desde mediados de la década de 1980. Desde esa fecha hasta el día de hoy, se establecieron allí alrededor de 3 mil personas las cuales lograron, con una incansable lucha a través de la organización vecinal, que el barrio comenzara a ser urbanizado.


Muchas viviendas del barrio son colindantes con el Lago Soldati, donde se vuelcan desechos industriales, líquidos cloacales y otros residuos contaminantes, lo que constituye un factor de riesgo para la salud de los y las habitantes.


A pesar de que en los últimos años existieron algunos proyectos para declarar la emergencia sanitaria y habitacional en la zona, nunca se llevó a término tal medida, y el riesgo continúa para los y las habitantes del barrio. Pero sobre todo para los grupos familiares que construyeron sus precarias viviendas de madera y cartón, con techos de chapas agujereadas y pisos de barro desnivelados, con baños sin cámaras sépticas, sin luz, gas ni agua corriente, con una precaria instalación eléctrica aérea, en el contexto del llamado "piletón". El mismo consiste en un desnivel de un metro y medio por debajo del nivel de la tierra, lo que hace al terreno inundable; con pasto y yuyos altos, basura y agua estancada, que redunda en olores fétidos; y donde habitan roedores e insectos que potencian el foco infeccioso.


A partir de una denuncia de un grupo de vecinos y vecinas del barrio que motivó una inspección ocular del Juez Roberto Andrés Gallardo, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2, en el marco de la actuación judicial que consta en el expediente 28.696/0, y el posterior dictado de una medida cautelar, con fecha del 27 de agosto de 2008, en la que se resolvía:


"1.ORDENAR al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, proceda en forma inmediata a remover del lugar en que se encuentran dentro del piletón (Barrio Los Piletones) a los grupos familiares de las Sras. Vera y Corvalán respectivamente.


"2. ORDENAR al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES que ubique a ambos grupos familiares en viviendas apropiadas, bajo la modalidad jurídica que resulte aplicable al caso. Debiendo dar cuenta al tribunal del temperamento asumido, dentro de los dos días de notificada la presente.


"3. ORDENAR al GOBIERNO DE LA CIUDAD la realización de un relevamiento de la totalidad de las familias que se ubican dentro del "piletón" y su remoción y reubicación dentro de los próximos diez días


"4. ORDENAR asimismo al GCBA que luego de realizada la remoción ordenada supra, proceda a completar el muro de contención a fin de impedir la futura ubicación de personas dentro del piletón."


Luego de cumplido el plazo establecido por la medida cautelar, los y las denunciantes manifestaron el "incumplimiento sistemático" de todos los puntos resolutivos. Según las Sras. Vera y Corvalán, cabezas de los grupos familiares que habitan dentro del "piletón" en una situación de extrema vulnerablidad, la única respuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue el envío de dos asistentes sociales –María Silvia Repetto y María Laura Alonso– que las asesoraron para inscribirse en el Programa "Nuestras Familias", el cual consta de una provisión temporaria de $ 150 (pesos ciento cincuenta), que lejos está de hacer frente a la precariedad habitacional. Por otro lado, las asistentes informaron a Vera y Corvalán que su situación no ameritaba una "situación de calle", y que para acceder a otro tipo de plan de vivienda necesitaban un recibo de alquiler, siendo de evidente conocimiento de las profesionales que las jefas de hogar se asentaban junto a sus familias en condiciones paupérrimas de habitabilidad.


Finalmente, el 3 de octubre se presentó la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la cual realizó el relevamiento solicitado por orden judicial, pero luego no se avanzó ni con las medidas para la remoción y reubicación de las "chozas" ubicadas en el "piletón", ni con la construcción del muro de contención para evitar futuros asentamientos en el lugar.


A más de un mes de dictada la orden judicial y sin haber obtenido respuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es necesario conocer si se han tomado medidas tendientes a la atención de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, autonomía (plan de vida digno), salud, medio ambiente y hábitat sano, equilibrado y apto para la vida humana y derecho a la vivienda digna; y, en caso negativo, si está prevista la implementación de mecanismos para su cobertura.


Es por ello que solicitamos la aprobación del presente proyecto.





Viernes, 05 de Febrero de 2010

13:00

EL PAIS › ROBERTO APELBAUM RENUNCIO A LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD
De salida con rumbo a la Justicia
El funcionario macrista alegó “motivos personales”. Ayer mismo debía comparecer ante el juez Roberto Gallardo. Es investigado por sus dos años de gestión al frente del organismo. Su desempeño podría derivar en la apertura de una causa penal.


Roberto Apelbaum renunció a la presidencia del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), pero deberá rendir cuentas ante la Justicia por sus dos años de gestión. Ayer notificó en el Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño su dimisión al cargo en el que lo había designado Mauricio Macri cuando asumió la Jefatura de Gobierno a fines de 2007. Lo hizo en el expediente 26.034/0 donde Roberto Andrés Gallardo tramita un amparo (“Medina-Benítez contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”) por un reclamo de vivienda. La conducta del ahora ex funcionario podría derivar en una investigación penal, ya que el juez remitió una causa a ese fuero. A cargo del organismo quedó momentáneamente Eduardo Petrini (ver aparte), quien llegó a la función pública desde Boca Juniors gracias al ingeniero y ex presidente del club.
A las 11.30, Apelbaum había sido citado por Gallardo a una audiencia en la que no compareció. En su lugar, se presentó el gerente de Asuntos Jurídicos del IVC, Ricardo Yapur, acompañado por el procurador de la ciudad, Ramiro Monner Sanz. El primero notificó en el expediente del amparo que el ex funcionario había renunciado por “motivos personales” el 3 de febrero. Al arquitecto Apelbaum, un profesional que llegó a la gestión pública desde el grupo IRSA, lo apremiaban las numerosas diligencias judiciales que derivaban de la raquítica política de vivienda del organismo a su cargo. Una y otra vez, el IVC se transformó en un tema de investigación recurrente para Gallardo por las decenas de amparos individuales y colectivos que recibía.
Una fuente con acceso a los expedientes, que no es el juez, le confió a Página/12 que de ellos “se desprende una inacción absoluta del IVC”. Sea por la razón que fuere, una baja sensible de su presupuesto, la transferencia de competencias a la Corporación del Sur o la sospecha de negociados, el paso de Apelbaum por el organismo disparó cuestionamientos que se reprodujeron a escala simétrica en la Justicia. La razón de ser del IVC se transformó en una caricatura desde que el funcionario fue designado por Macri.
Sin embargo, antes de que el PRO accediera al gobierno ya había problemas. El ejemplo más elocuente de la política actual y aquellas que la precedieron, son las derivaciones del incendio ocurrido en Villa Cartón el 8 de febrero de 2007. Allí vivían 470 familias que vieron agudizados sus problemas habitacionales, inclusive pese a que ya soportaban precarias condiciones de vivienda. Las obras del IVC para brindarles asistencia se fueron demorando, los amparos se volvieron un asunto corriente y Apelbaum renunció en ese contexto.
En marzo de 2007, la Defensoría del Pueblo porteña denunciaba que “pese a los compromisos públicamente asumidos por funcionarios de distinta jerarquía del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –que prometieron la entrega de las viviendas definitivas en un plazo de cuatro (4) meses– las obras de construcción ni siquiera se han iniciado”. Gobernaba en ese momento Jorge Telerman. Hoy ocurre otro tanto o aun peor.
Con la administración de Macri se profundizó el déficit habitacional, se subejecutó presupuesto y la mayoría de las obras previstas se retrasaron, realizaron mal o quedaron suspendidas. El IVC se creó en 2003 mediante la ley 1251 y fue concebido como una institución superadora de la Comisión Municipal de la Vivienda. Su misión es la de planificar y ejecutar las políticas habitacionales del gobierno para dar respuesta definitiva a los problemas de vivienda de los sectores de menores recursos. Un piso de 500 mil porteños tiene problemas de vivienda.
“Apelbaum renunció pero deberá responder por las acciones que instrumentó durante su gestión, que duró más de dos años. La inacción del IVC se desprende de varios expedientes y no de uno”, completó la fuente judicial que aportó un dato clave. El 70 por ciento de lo que se obtiene por la industria del juego en la ciudad debería ser destinado al instituto. Con todo, de aquel núcleo que componían las 450 familias de Villa Cartón, el IVC sólo resolvió los problemas de vivienda en cuatro casos, según datos que se desprenden de las causas que tiene Gallardo. Y mediaron situaciones apremiantes de salud de integrantes de esos grupos familiares para que, en lugar de un magro subsidio del Ministerio de Desarrollo Social que no alcanzaba para procurarse el techo, les entregaran una vivienda más o menos digna. El arquitecto que acaba de irse dejó esa deuda habitacional pendiente.
Fuente: Página 12